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Por: H\u00e9ctor Ram\u00edrez Cu\u00e9llar<\/p>\n
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Los \u00faltimos acontecimientos pol\u00edticos, que se han suscitado en torno a la masacre de Ayotzinapa, confirman una tendencia que ha venido presentado en los \u00faltimos a\u00f1os: el creciente poder econ\u00f3mico, social y pol\u00edtico que tienen las fuerzas armadas y de una manera particular, el ej\u00e9rcito, cuyos representantes ahora ocupan cargos importantes en los estados de Tamaulipas y Aguascalientes, en donde recientemente han tomado posesi\u00f3n los nuevos gobernadores. Se les ha llamado a los elementos castrenses para que ocupen los cargos de la seguridad p\u00fablica, en el proceso que est\u00e1 en marcha y que consiste en ampliar la presencia de las fuerzas armadas hasta el a\u00f1o 2028.<\/p>\n
Se han publicado m\u00faltiples art\u00edculos, informes y documentos diversos, relativos a Ayotzinapa, que se\u00f1alan que fueron los altos mandos del ej\u00e9rcito los que insistieron ante el Presidente de la Rep\u00fablica que se cancelaran las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que hab\u00eda por lo menos contra 16 militares ubicados en la regi\u00f3n de Iguala y que de hecho se negara validez al informe que hab\u00eda elaborado el equipo encabezado por Alejandro Encinas que contiene una amplia referencia a las acciones que emprendieron de esa regi\u00f3n, con el deliberado prop\u00f3sito de excluir de toda responsabilidad, a priori, a los jefes superiores, proteger la llamada cadena de mando presentando la decisiones tomadas al margen de los mandos nacionales, con la finalidad evidente de blindar a las fuerzas armadas de cualquier ataque pol\u00edtico que pudiera surgir en su contra.<\/p>\n
De esta manera, el Presidente cedi\u00f3 a las exigencias de los altos dirigentes y solo se cumplimentaron 5 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, otorgando una gran credibilidad pol\u00edtica y jur\u00eddica a las imputaciones que hab\u00eda formulado el GIL, del grupo criminal de Guerreros Unidos que despu\u00e9s de haber sido los acusados iniciales, ahora se trasformaron en acusadores de los militares, otorg\u00e1ndoles, adem\u00e1s, el rango de testigos protegidos. Desde luego, muchos de los integrantes de ese grupo delictivo que contaba con el abierto apoyo del Presidente Municipal, Jos\u00e9 Luis Abarca, que por cierto fue postulado por el PRD, y que fueron detenidos en la primera etapa de este proceso, ya obtuvieron su libertad y otros fueron asesinados. Estos delincuentes fueron utilizados por los distintos actores pol\u00edticos, como si fueran material de desecho, ya que las imputaciones del GIL son el sustento legal de las acusaciones contra el ex Procurador Murillo Karam, quien, pronto obtendr\u00e1 su libertad.<\/p>\n
Este gran viraje que dio el proceso legal cont\u00f3 con la autorizaci\u00f3n del Fiscal General de la Rep\u00fablica, quien, de una manera deliberada, hizo un lado las actuaciones del Fiscal Especial, ya que no insist\u00eda en el punto de vista original, concedi\u00e9ndole una mayor importancia a los criterios y objetivos pol\u00edticos imperantes en la actualidad. Una vez m\u00e1s, se comprob\u00f3 que la Fiscal\u00eda General solo tiene una autonom\u00eda formal o relativa, ya que depende de las instrucciones y de los intereses del Presidente de la Rep\u00fablica y de esta manera le est\u00e1 negando valor probatorio al texto que present\u00f3 el grupo encabezado por Encinas. Este debi\u00f3 sentir una gran frustraci\u00f3n, ya que al entregar el documento final s\u00ed aparecieron todas las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, el Presidente las acept\u00f3, pero despu\u00e9s orden\u00f3 que fueran canceladas, por lo que permanece la duda y la incertidumbre acerca de lo que realmente sucedi\u00f3 durante la noche negra de Iguala.<\/p>\n
El nuevo enfoque jur\u00eddico plantea que las acciones que realizaron los elementos del Batall\u00f3n de Iguala se decidieron y se ejecutaron solo en este \u00e1mbito y que jam\u00e1s fueron consultados los altos mandos, para solicitar su anuencia correspondiente, entre ellos, desde luego, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y el propio Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto quienes, seg\u00fan esta versi\u00f3n, motivada por razones pol\u00edticas de coyuntura, no conocieron oficialmente estos acontecimientos, ni autorizaron las conductas de los militares de la ciudad guerrerense por lo que en realidad no estar\u00edamos hablando de un crimen de estado, ya que, no intervinieron los jefes superiores sino solo los oficiales locales. En este contexto, las conclusiones a que lleg\u00f3 el informe de Encinas perdieron la relevancia que ten\u00edan cuando se presentaron ante la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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