Sección Sectores Populares, PCM

Apelar a que López Obrador y el gobierno que representa conforme al deber que le implica su papel en la presidencia, parece más allá de una ingenuidad, un error táctico que puede llevar a la muerte. Muestra de ello son los hechos tan dolorosos e indignantes del pasado 21 de Octubre, en los que, durante la gira del presidente por Guerrero, los miembros del CIPOG-EZ (Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata), le habían exigido a Obrador seguridad y justicia para su pueblo, así como desarticular a grupos narco paramilitares, obteniendo como respuesta un “no cayeran en provocaciones” frase que parece preparar el terreno para lo que seguiría: un posterior multiasesinato, para el que, cualquier tipo de acción en legítima defensa a la vida; un derecho humano que va más allá de cualquier frontera posicionándose universal; pudiera servir de herramienta para culpar a las víctimas de su reacción a las acciones de los victimarios. Con la demagogia habitual, el mandatario construyó un discurso en el que parece invitar a los pobladores a dejar la resistencia que durante los últimos años ha evitado su exterminio; es así que, los mismos campesinos que cara a cara escucharon el discurso, unos días después sepultan a sus compañeros, en medio del desconcierto que genera la incapacidad de un gobierno que llena las calles de Atzacoaloya municipio de Chilapa de ejército, sin detención de algún responsable de estos crímenes y como si Quechultenango bastión de grupos del narcotráfico no estuviera desde hace bastante tiempo resguardado por ese mismo ejército; dejando ver que la militarización fortalece a grupos delincuenciales, en lugar de proteger al pueblo. Además, para sellar con broche oro, ni una sola mención de todo lo ocurrido, ha salido de boca de AMLO.
En esa misma línea, no es la primera vez que la respuesta de la presidencia a una demanda política es un silencio sepulcral. El mismo trato recibieron las normalistas de Tételes y Panotla que siendo hostigadas y reprimidas a unas cuadras de palacio nacional, no merecieron ninguna mención. Las demandas gritadas por el Mexe, las agresiones en contra de la FECSUM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México), etc., dieron paso a otro asesinato, el de la estudiante Beatriz de la Normal Lic. Benito Juárez de Panotla; y en la que más allá de la voluntad federal, fue la movilización la que permitió que las normalistas, lograrab que se cumplieran algunas de sus demandas, no así justicia para la mujer caída en lucha por su derecho a la educación.
En otro caso, el de las recientes marchas estudiantiles interuniversitarias, cuya demanda central además de la democratización estudiantil es detener la militarización, que se da posterior a la marcha que convoca a nivel nacional el Concejo Nacional Indígena bajo el mismo clamor: no a la militarización, el mutismo ante la demanda popular vuelve a ser opción del gobierno federal. Lo mismo que en las jornadas de lucha por justicia en la Nación triqui, dónde muertos y desplazados han quedado a la deriva y a la acción represiva del gobierno de la CDMX, para muestra la acción del 25 de abril del presente año, en la que son desalojados brutalmente del plantón que mantenían frente al Palacio de Bellas Artes.
Sin apertura de mesas de negociación, sin escucha a quienes claman justicia, sin solución a la violencia, a los desaparecidos, a los desplazados, con cantidades miserables de indemnización a las víctimas o con puras mesas simuladoras avance alguno, pero que bien se utilizan para aparentar soluciones, la costumbre actual de “informar” diariamente de Palacio de gobierno es una herramienta que busca ocultar los conflictos reales de nuestro pueblo. Como si no hablar de la crítica situación de seguridad hiciera que los asesinatos sistemáticos a defensores de las comunidades se detuvieran, como si la vida de los compañeros no valiese lo suficiente para ser dados a conocer, para indignarse, para posicionarse, para tomar acción.

La omisión de la información desde las mañaneras es parte de una política de silencio que se acerca peligrosamente a la censura. No han faltado los ataques a los medios independientes como el reciente intento de cierre de las oficinas de Radio Zapote en la ENAH, y los ataques a radios comunitarias, a sus difusores, y por supuesto las decenas de periodistas asesinados en búsqueda de la verdad.
El silencio en las mañaneras es el mensaje que más debe resonar en las comunidades, ninguna confianza puede ser puesta en el gobierno de la 4T, indolente ante nuestros muertos, ciego a la violencia y mudo ante los abusos. Las huecas cacofonías de las mañaneras buscan disolver el descontento, pero las comunidades han luchado antes sin el respaldo de las autoridades, y tienen claro que no dejarán impune la memoria de los compañeros.
De la mano de la política de oídos de palo viene la de dar de palos al pueblo. En medio de una actitud cómplice, se refuerzan los aparatos armados del estado militar y paramilitar que busca acallar nuestras luchas por completo y acallar también nuestra memoria, claro ejemplo de esto son las declaraciones respecto al caso Ayotzinapa.
La vida y seguridad de las comunidades valen tan poco para el Gobierno de la 4T como para los gobiernos anteriores. Las fuerzas militares se han duplicado a lo largo y ancho de las sierras de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero no para combatir al narco y paramilitarismo, más bien en una cruzada de hostigamiento contra las comunidades y las policías comunitarias que al final del día refuerza los abusos.