Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La conducta política observada por los diputados de Morena en relación con la aprobación de las reformas a varias leyes de carácter electoral, es denigrante, ya que, no solo vulneraron los procedimientos reglamentarios de la Cámara de Diputados, sino también los principios más elementales de las relaciones que deben existir entre los Poderes de la Federación e incluso se anuló el valor de la dignidad humana, ya que, como queda confirmado, esos amanuenses jamás leyeron siquiera los documentos que el Secretario de Gobernación les presentó, en forma atropellada. No se trata de un acto de lealtad política al Presidente, no es un ejercicio de disciplina partidaria, ni de adhesión a una cierta causa, ya que, para que estos fenómenos se puedan manifestar se requiere un mínimo de racionalidad política y en este caso vergonzoso solo hubo una conducta enajenada y una posición entreguista como si tratara de una secta fanática que obedece simple y llanamente a su jefe espiritual.

Se presentaron, por parte del Ejecutivo, más de 400 reformas a siete leyes electorales de carácter secundario, que estaban contenidas en 450 páginas y en escasas “tres horas” se aprobaron con la dispensa de todos los trámites, es decir, los supuestos legisladores ni siquiera leyeron estos documentos. En virtud de que jamás se reunieron las comisiones dictaminadoras, los asesores parlamentarios no participaron, no se estudiaron estas proposiciones, teniendo la obligación de hacerlo, ya que, se trataba, primero de examinar las leyes que se iban a modificar y segundo, encontrar la concordancia o no que tenían con la Constituían. No hicieron ni lo uno ni lo otro y, por lo tanto, en estas condiciones humillantes, los errores y las contradicciones, algunas de ellas, solo fueron detectadas cuando las propuestas ya habían sido formalmente aceptadas por la mayoría mecánica de la Cámara de Diputados.

Al pasar estos asuntos a la colegisladora, le exigieron al senador Ricardo Monreal que los textos se aprobaran también en forma acelerada y mecánica, en un solo día, en unas cuantas horas, pero el citado legislador se negó a hacerlo y estudió las propuestas legales aflorando una serie de irregularidades y de contradicciones flagrantes que son inaceptables no solo por la forma cómo se aprobaron sino también por su contenido. La mayoría de los lacayos de la Cámara de Diputados estaba exigiendo que los senadores aplicaran también el conocido FastTrack, tratando de obedecer, en forma sumisa, al Presidente de la República, no obstante que se trataba de asuntos jurídico políticos de gran importancia que estaban relacionados con las formas democráticas institucionales que consagra la Carta Magna.

De esta forma, se encontró que mientras la Constitución establece que, si un partido político no alcanza el 3 % de la votación nacional, pierde su registro, una ley secundaria señalaba varias excepciones, tan solo para favorecer al Partido del Trabajo y el Partido Verde, cuyo desempeño parlamentario por cierto, es nulo, ya que, solo se dedican a levantar la mano para completar la mayoría simple que tiene Morena.

Hablando en términos estrictos, estas reformas, por su complejidad y trascendencia, debieron haber sido estudiadas y examinadas con suficiente antelación y conocerse y abordarse en un periodo extraordinario, pero esto no se hizo, ya que, el Presidente tiene una obsesión patológica en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y pretende apoderase políticamente del Instituto Nacional Electoral, sin tomar en cuenta la procedencia legal y la conveniencia políticas de tales modificaciones, en una perspectiva de largo plazo, interesándole solo el triunfo de Morena en las elecciones del año 2024. Por eso, con base a esta actitud enfermiza, en la que prevalece como principal motivación la revancha política y también la perpetuación en el poder, el Presidente ni siquiera permitió que se pudieran leer los citados documentos, los cuales estamos conociendo ahora, tan solo en parte.

Por ejemplo, un porcentaje de las reformas aprobadas por los empleados del Ejecutivo pretende hacer una reestructuración de las dependencias del INE, pero no existe un estudio administrativo y político al respecto, que fundamente y o explique esta simplificación, no se exponen las causas, los motivos y menos aún sus repercusiones en la vida política nacional, planteándose la posibilidad de que el órgano electoral siga teniendo muchas atribuciones, pero no los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo, con lo que en rigor se busca su debilitamiento político y este peligro es mayor cuando se anuncia también la desaparición del servicio civil de carrera, que era el conjunto de funcionarios que ya estaban especializados en asuntos electorales y que ahora serian despedidos.

Es necesario precisar que los diputados, si bien son postulados por un partido político, en este caso por Morena, no son representantes de ese partido, ni del Presidente de la República sino que, son representantes políticos de la nación, del pueblo, de conformidad con las normas de la democracia burguesa que padecemos. Por lo tanto, no están obligados a votar de conformidad con las órdenes e instrucciones que les dicta este alto funcionario. De esta forma, la intervención del Presidente en los procesos legislativos se debe limitar a presentar las iniciativas de ley que considere convenientes, pero las normas y los procedimientos internos de las Cámaras del Congreso solo competen exclusivamente a sus elementos integrantes, así como determinar el contenido final de las modificaciones legales, los tiempos y las modalidades de funcionamiento de las Comisiones Dictaminadoras y del Pleno. Es decir, el secretario de Gobernación solo debe ser un interlocutor político entre los poderes de la Unión, que siempre debe observar un respeto riguroso a la autonomía y la independencia del Poder Legislativo.

Al examinar este asunto específico, encontramos, en la práctica, que el Coordinador de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, está en una comunicación con el Presidente de la República, a quien informa sobre los procedimientos que siguen las leyes, los tiempos y las dificultades que se presentan, pero no está jurídicamente obligado a hacerlo, ya que, estas funciones competen única y exclusivamente a los diputados y a los senadores.