Por: Héctor Ramírez Cuéllar

El Presidente de la República, Andrés  Manuel López Obrador, todos los días, durante las llamadas conferencias mañaneras, interviene  en el proceso electoral, emitiendo juicios y opiniones que son favorables  a los candidatos de Morena y contrarios a los candidatos de los partidos de oposición.  El número de transgresiones a la Constitución  se ha  elevado ya en forma considerable, ya que las llamadas de atención   que le ha dictado el INE son muy numerosas y han resultado totalmente ineficaces y por ello estamos ante un caso de evidente impunidad política.

EL jefe del estado afirma que está ejerciendo el derecho a la libre expresión  de las ideas, pero se olvida que la Carta Magna prohíbe categóricamente que los funcionarios públicos, en el desempeño de sus funciones, intervenga en los procesos electorales, con la finalidad de favorecer o atacar a un partido político o  un candidato, respetando la plena vigencia de los principios de neutralidad y de imparcialidad, que son los dos pilares jurídicos en los que se basan los procesos electorales.

El Presidente de la República tiene, desde luego, el derecho a manifestar sus opiniones y sus puntos de vista sobre los grandes problemas de nuestro país, acerca de la  situación política  nacional existente, pero no puede, ni debe, intervenir en los comicios, en la  designación de los  candidatos a puestos de elección popular, no puede hacer propaganda a favor o contra  de ninguno de ellos ya que esos asuntos solo competen a los partidos políticos y a sus  dirigentes y López Obrador, desde luego, no tiene esa calidad sino es el titular del Poder Ejecutivo y por lo tanto sus consideraciones políticas tiene un importante peso específico y   por ello contribuyen a desequilibrar la competencia electoral, a favor del partido del gobierno.

Las llamadas conferencias mañaneras se realizan todos los días desde el Palacio Nacional utilizando el personal  adscrito a  distintas oficinas y dependencias que están relacionados con la comunicación oficial, se distribuyen sus materiales en la mayoría de los órganos de prensa, radio,   televisión y se lanzan ataques o críticas a los opositores políticos sin que estos tengan asegurado el derecho de réplica, y esos no están  en condiciones legales ni materiales de igualdad para contestar estas imputaciones. Estas reuniones no tienen una finalidad de carácter informativo sino  un evidente propósito de naturaleza política que consiste en  ayudar objetivamente hablando, a las campañas de Morena, que se convierta de esta manera, en la práctica,  en un  instrumento al servicio del gobierno, es decir, funciona como el binomio partido estado, como sucedió durante  muchos años con el esquema de dominación que tenía en el PRI y que se reproducía en las entidades federativas  y en los municipios.

Esta violación contumaz de la Constitución, ciertamente no es nueva sino tiene    varios años en que se está manifestando, sin que los órganos electorales hayan tenido la capacidad jurídica y  política  para  impedirlo y por lo tanto existe una notable asimetría entre  el volumen y la intensidad de la  propaganda que beneficia a   Morena y  la generan y   que  reciben los otros partidos políticos. No existen condiciones de equidad en la competencia política nacional ya que Morena dispone  de enormes recursos materiales para realizar sus actividades proselitistas y este notorio desequilibrio se alimenta  cotidianamente desde el Palacio Nacional.  La conducta parcial que asume el Presidente la repiten los gobernadores de los estados y por lo tanto estamos ante  una elección de estado, es decir, es el gobierno federal, que está en manos de Morena,  el factor determinante  de la organización de los comicios  y por ello, en gran medida, están ya condicionados sus resultados.