La crisis venezolana se profundiza tras los terremotos registrados el 24 de junio, que han dejado miles de víctimas y una emergencia humanitaria de gran magnitud. Mientras continúan las labores de rescate y asistencia, organismos internacionales y entidades respaldadas por Estados Unidos han incrementado su participación en el país.

Paralelamente, se desarrollan procesos de reorganización política e institucional que involucran a sectores de la oposición y a figuras vinculadas al aparato estatal venezolano, en un contexto marcado por debates sobre el futuro político de la nación sudamericana.

Las autoridades de Venezuela informan que el doble terremoto del 24 de junio ha dejado 5,119 muertos confirmados, y 16,740 heridos, mientras continúan las labores de rescate. Existen estimaciones de que la “ayuda humanitaria” brindada por los Estados Unidos ha significado la más importante hasta el momento. Para el 8 de julio, el país del norte había aportado más de 386 millones de dólares en ayuda de diverso signo: médica, en trabajo, de alimentación, de búsqueda y rescate, etcétera. Esto mediante organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, Unicef, Programa Mundial de Alimentos, Amazon y Airlink. En paralelo, fuerzas del Comando Sur, instaladas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, asumieron la operatividad de las instalaciones y el control del espacio aéreo venezolano, tornándose las organizadoras de las acciones en la zona y de la gestión local de la ayuda internacional.

En paralelo, El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha comisionado oficialmente a la antigua opositora de la Revolución Bolivariana, Dinorah Figuera, para coordinar junto con la presidenta interina de Venezuela: Delcy Rodríguez, lo que los imperialistas y sus emisarios denominan la “transición democrática”. Esto es, la conformación de un nuevo proceso electoral donde se presentarán de manera preferente las fuerzas de la oposición, asociada ésta a los intereses extranjeros y que cuenta con el beneplácito de Donald Trump. Figuera llegó a territorio venezolano el pasado mes de junio y en últimas fechas ha anunciado los trabajos de transición, mismos que tienen “como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

Al tiempo, algunos responsables de las instituciones del Estado venezolano, así como líderes políticos y partidistas, quienes hasta hace poco tiempo eran declarados delincuentes por el Gobierno de los Estados Unidos, vienen siendo absorbidos por el régimen provisional. Tales son los casos, por ejemplo, del nuevo ministro de defensa general Gustavo González López, el jefe y operador especial coronel Alexander Granko y el militar y fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello.