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Paramilitarismo y continuidad del Poder de los monopolios**

Por Julio Cota,
miembro del BP del PCM
y Director de El Machete

El paramilitarismo es un instrumento de represión que utiliza el Estado burgués con fines de desmovilización de la lucha revolucionaria. Aunque en primera instancia el paramilitarismo tiene como base ideológica el anticomunismo, su carácter represivo y objetivos se extienden a desmovilizar toda lucha obrera, estudiantil, indígena o popular. Abordar el paramilitarismo  es complicado debido a su carácter clandestino e irregular como método contrainsurgente de Estado. El paramilitarismo se caracteriza por el uso de la violencia extrema para aniquilar a los cuadros comunistas, obreros, campesinos, estudiantes y líderes sociales que pongan en riesgo el orden burgués de explotación por el cual se rige el sistema capitalista en su fase imperialista. Desde su origen hasta la actualidad el paramilitarismo ha mutado de diversas maneras para tratar de ocultar su estrecha relación con las fuerzas represivas, como son la policía y el ejército, pilares fundamentales de dominación de los monopolios sobre los trabajadores. El Estado burgués, sus instituciones políticas, jurídicas y sociales, niegan la existencia del paramilitarismo y su relación como otro brazo armado de la burguesía. El mismo concepto de paramilitarismo es negado en la legalidad burguesa y lo  tildan con otros nombres como  “grupos de civiles armados”, “crimen organizado”, “narcoguerrilla”, entre otros adjetivos,  con la intención de ocultar su vínculo con el Estado burgués. En este artículo se exponen elementos de análisis para señalar que el paramilitarismo no fue un fenómeno aislado de la llamada Guerra Sucia, a mitad del Siglo XX en México, sino que es un método que prevalece, se promueve y se acrecienta de la mano del narcotráfico, aún y a pesar de la nueva gestión socialdemócrata de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué es el paramilitarismo?

Cuando hablamos de paramilitarismo nos referimos a todas aquellas organizaciones o grupos armados que tiene una estructura similar a la de un ejército. Los grupos paramilitares están conformados por policías, militares y mercenarios que integran comandos y escuadrones en su mayoría de tropa irregular que no se rigen por ninguna ley o convención de la democracia burguesa de la guerra, lo que les permite métodos y el uso de la violencia extrema para lograr sus fines. Algunos de los métodos más conocidos y documentados como secuestros,  torturas, violaciones, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, consideradas como crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, los grupos paramilitares no se reducen a pequeños escuadrones y llegan a crecer tanto como verdaderos ejércitos, con insignias, mandos y doctrina militar, los casos más conocidos son las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar creado para combatir a la insurgencia colombiana. Por eso el término paramilitar no sólo es una cuestión de forma, es decir, su principal característica no es su estructura irregular,  sino su objetivo político. El propósito de los grupos paramilitares es el aniquilamiento de los cuadros políticos revolucionarios, sobre todo cuando las fuerzas represivas como la policía y el ejército no cuentan con el respaldo de la población. En determinados periodos de la lucha de clases, el paramilitarismo puede reprimir de manera selectiva, es decir, sólo a los cuadros políticos comunistas, sindicales, estudiantiles y populares; pero también, y se hace cada vez más común, la represión masiva en contra los sectores populares que se movilizan para reivindicar sus demandas de mejora, tanto económicas como políticas. En ciertos periodos de algidez y ofensiva del movimiento político y militar de los revolucionarios, el paramilitarismo se activa para golpear a las organizaciones revolucionarias, separarlas de las masas obreras, campesinas y populares, con el fin de evitar su influencia política en ellas. Para dicho objetivo, los organismos paramilitares deben tener una mínima doctrina política ideológica y esta es el anticomunismo.

El paramilitarismo es anticomunismo

Entendemos como anticomunismo a toda insistencia prejuiciosa y retórica que se opone a los principios y fundamentos de la teoría marxista leninista. Toda reacción promovida por los sectores privilegiados, beneficiados de la explotación del hombre por el hombre y los recursos colectivos, defensores de la propiedad privada de los medios de producción; tanto patrones, clérigo, burocracia parasitaria y militar del Estado burgués han sido los principales promotores y financiadores de los grupos paramilitares. La burguesía como clase dominante independientemente de su legalidad jurídica, tiene que crear cuerpos militares privados para su seguridad y orden social de la desigualdad.

El anticomunismo surgió como una respuesta a la Revolución de Octubre, cuando los obreros y campesinos sin tierra tomaron el poder en Rusia en 1917, dirigidos por los cuadros políticos del Partido Bolchevique, encabezados por V.I. Lenin. Luego de la creación del primer Estado socialista, y ante la amenaza de que los obreros el mundo se revelaran contra el orden burgués, la burguesía mundial en conjunto tomó diversas medidas para derrocar el Estado obrero. Entre esas medidas políticas, económicas, ideológicas y militares también se consideró la creación de organismos paramilitares, grupos armados anticomunistas para desestabilizar el poder obrero y la economía socialista.

Ante este contexto mundial, la Revolución Socialista de Octubre demostró la certeza del análisis marxista leninista en torno a la última fase del capitalismo, el imperialismo y la época de las revoluciones proletarias. Los partidos comunistas fueron creados no sólo en Europa sino en todo el mundo, siguiendo el ejemplo de los bolcheviques, otros partidos obreros se acercaron a posiciones de vanguardia por el derrocamiento de la burguesía en cada país y el Poder obrero. Se hizo necesaria una estrategia mundial que orientara la lucha contra un sistema mundial como el imperialismo y la guerra. El surgimiento de la Tercera Internacional en 1919 retomó los postulados de aquel llamado a  todos los proletarios del mundo a la insurrección. Sin embargo las fuerzas más reaccionarias vinculadas a los trusts y monopolios de las potencias económicas capitalistas respondieron con el Pacto AntiKominter firmado por Japón, Italia y Alemania, quienes tomaron medidas para contrarrestar la amenaza de la Internacional Comunista o Komintern, liderada por la Unión Soviética. Las grandes corporaciones monopólicas cerraron filas para promover, financiar y coadyuvar con partidos fascistas y auspiciaron una Segunda Guerra Mundial contra un enemigo común, la Unión Soviética, así como por el reparto de los territorios de Europa, Asia y África. Los mayores sacrificios en pro de la liberación de los pueblos del yugo fascista lo llevó el pueblo soviético con 20 millones de muertos en la retaguardia y en la vanguardia la heroicidad del Ejército Rojo. Pero la derrota del fascismo alemán, italiano y japonés no fue suficiente para que las potencias capitalistas se sintieran amenazadas por las olas revolucionarias en todo el mundo. Los Partidos Comunistas, como en China, Indochina o Vietnam en Asia, influyeron para lograr la liberación e independencia colonial de los países imperialistas. La estrategia de la Komintern, la teoría marxista leninista de la guerra revolucionaria, tuvo efecto positivos para la liberación de los pueblos. Sin embargo, las derrotas de los franceses en Indochina y Vietnam hicieron que las potencias cambiaran sus métodos de guerra ante los métodos no convencionales de las fuerzas revolucionarias.

Quién se imaginaría que en Francia, el país donde surgieron las primeras teorías del socialismo, la libertad, la fraternidad y la igualdad del mundo occidental, también surgirían los métodos más terroríficos e irracionales como el paramilitarismo contra los pueblos y organizaciones anticoloniales de África. El caso particular que tiene la lucha de independencia de Argelia es el referente histórico en el que los métodos de paramilitarismo fueron implementados. El general Paul Aussaresses fue los militares pioneros en utilizar métodos contrainsurgentes y paramilitares contra los integrantes del Frente de Liberación Nacional de Argelia y sus bases de apoyo en la población. El desprestigio mundial que causaría dar a conocer al mundo que el ejército francés cometía torturas, violaciones, secuestros y asesinatos extrajudiciales, como en su tiempo lo hicieron los nazis, colocaría a los franceses como un pueblo promotor de la barbarie. Fue entones que se decidió la implementación de grupos paramilitares para cometer los crímenes de lesa humanidad como laboratorio contra las organizaciones revolucionarias. La película italo argelina, La Batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, muestra con gran maestría estos hechos históricos. Pero a pesar de la fuerte represión al pueblo argelino éste logró su independencia, no obstante los métodos de inteligencia, contrainteligencia, espionaje y paramilitarismo fueron perfeccionados luego de la colaboración francesa con los Estados Unidos.

La intervención militar de los EE.UU. en América Latina es antigua como la creación misma de dicho Estado nación. Luego de que las dos guerras mundiales y el reparto del mundo colocaran a los EE.UU. en la cúspide la pirámide imperialista mundial, la única amenaza para el orden burgués era la influencia comunista de la Unión Soviética. Incluso desde el triunfo de la Revolución de Octubre ya había una campaña masiva de propaganda anticomunista en el continente americano. Pero como afirmamos los comunistas, las revoluciones no son copias o calcas entre países, son resultado de las contradicciones internas entre el capital y el trabajo en las sociedades capitalistas desarrolladas. La Revolución Cubana volvió a demostrar el análisis marxista leninista, no existe el fatalismo geográfico, vivimos la época de las revoluciones proletarias.

Sin embargo, EE.UU. estudió estás experiencias y lanzó una guerra preventiva, lo que significó una intervención abierta o velada en toda Latinoamérica, incluido México, para  depurar la influencia comunista. La historia está documentada, Operación Cóndor, dictaduras militares en el cono sur, intervención militar y asesoramiento policiaco y militar en México y Centroamérica. La contra en Nicaragua, grupos paramilitares en El Salvador y Guatemala, dan como resultado hoy en día  las incontrolables pandillas lumpen como Mara Salvatrucha y Sur 13 que se encargan de la extorsión, hostigamiento, redes de trata y control de los trabajadores migrantes centroamericanos que van hacia México y los EE.UU. El paramilitarismo es el instrumento que justifica la militarización y las nuevas doctrinas de seguridad nacional en cada uno de los países americanos.

El paramilitarismo y la Guerra Sucia en México

El pueblo trabajador mexicano tiene una larga y dolorosa llaga por la actuación paramilitar. Ya desde las primeras luchas por el socialismo en nuestro país la creación de “guardias blancas” de los grandes caciques  son las primeras expresiones de paramilitarismo en nuestro país. Las llamadas “guardias blancas” fueron aquellos grupos de empleados armados por los terratenientes para su seguridad y la de sus bienes privados, sin embargo  su finalidad  también fue la de mantener el control ante cualquier tipo de rebelión de los jornaleros y campesinos pobres. Ante este contexto de hostigamiento, terror y la ley de quien tenía las armas, fueron algunos de los factores que hicieron surgir a las primeras organizaciones guerrilleras en nuestro país como una respuesta a la violencia y represión de dichas guardias. Las exigencias incumplidas de la Revolución Mexicana de nueva cuenta hicieron que grupos campesinos continuaran con la lucha armada por la tierra ante la cerrazón de los espacios políticos. Este fue el caso de Rubén Jaramillo Ménez y ex combatientes zapatistas en el estado de Morelos. El asesinato de Jaramillo y su familia marcaron el inicio de una nueva época de guerra contrainsurgente en México. La burguesía nacionalista, representada en el partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se apropió y difundió la ideología de la Revolución Mexicana y la unidad nacional como elementos ideológicos para el desarrollo del mercado interno y una estabilidad económica favorable para pasar de un país mayoritariamente rural y campesino a uno industrial. Los efectos de desarrollo económico e ideológico arrebataron a los comunistas la dirección política de distintas centrales obreras, campesinas y estudiantiles de masas que terminaron corporativizadas por el PRI, como fueron la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Confederación Nacional Campesina (CNC), por mencionar los referentes históricos que hasta hoy en día existen.

Quienes se atrevieron a cuestionar la ideología de la Revolución Mexicana y las bases económicas y políticas del desarrollo capitalista fueron pocos, pero consecuentes. Uno de esos ejemplos fue el histórico  y emblemático Grupo Popular Guerrillero, dirigido por el maestro Arturo Gámiz y el doctor Pablo Gómez quienes, junto con otros destacados cuadros políticos campesinos y populares, iniciaron un movimiento guerrillero en los años 60 del siglo XX en la Sierra de Chihuahua basados en un programa político por el socialismo. Pero desde entonces los grupos armados al servicio de los terratenientes eran ya coordinados por el Ejército Mexicano para mantener el orden en los lugares más recónditos y marginados de México. La violencia, la represión y el abuso hacía los campesinos fue justificado con la autodefensa de los terratenientes para proteger la propiedad privada sobre la tierra, antes despojada a los campesinos que no podían producirla.  La derrota militar a los primeros grupos revolucionarios no limitó la necesidad del accionar sólo en el campo, las condiciones políticas y económicas de la proletarización de México puso en el terreno urbano la lucha armada como máxima confrontación de la luchas de clases. La contrainsurgencia en nuestro país ha estado marcada por la influencia de la política de seguridad de los EE.UU., a través de la capacitación constante de los servicios de espionaje e inteligencia de los agentes estadounidenses al ejército mexicano, policía y organismos armados encubiertos como parte  una estrategia contrainsurgente y anticomunista. Los servicios de inteligencia y policía política mexicana, conocidos como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fueron creación obligada por los organismos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), parte de una estrategia de guerra preventiva ante la influencia del comunismo en varios países de todo el mundo marcado por grandes cambios revolucionarios e insurrecciones populares. El Estado de bienestar por un lado, pero por el otro los programas de mejora asistencialista, fueron combinados con la represión más brutal hacia las organizaciones revolucionarias, sociales, campesinas y estudiantiles.

Lejos de contener los brotes de rebelión y el constante surgimiento de decenas de grupos armados en las sierras de Guerrero, siendo ejemplos de lo anterior el Partido de los Pobres comandado por Lucio Cabañas o Genaro Vázquez con Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), a ello  se sumaron una decena más de organizaciones armadas en las ciudades industriales más importantes de México y que confluyeron en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Lo cual puso una alerta al imperialismo norteamericano y detonó su intervención mediante los organismos de espionaje y, de manera velada, a través de diversos métodos contrainsurgentes, algunos documentados, pero que en su mayoría no han sido revelados. Desde finales de los años 60 y durante la década de los 70 México vivió uno de los momentos más hirientes contra la clase obrera, los sectores populares y la juventud estudiantil. Los grupos paramilitares fueron la constante para reprimir cualquier movimiento social y popular con carácter político, así surgió el Batallón Olimpia, brazo ejecutor de la sección segunda del Ejército Mexicano, y que causó la matanza del 2 de Octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco; el grupo Los Halcones, actores materiales de la matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Todos estos grupos tienen algo similar, fueron capacitados por el Ejército y la DFS, quienes reclutaban, pagaban y generaban una misión a porros, pandilleros, ex policías judiciales, bandas de barrios marginales, chavos desempleados, utilizándolos como grupos de choque y paramilitares al servicio de alguna administración de gobierno. De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, consultados en el National Security Archive, durante el periodo de la Guerra Sucia se tienen registrados una lista de 789 desaparecidos. Los actos de detenciones ilegales y extrajudiciales tenían un doble impacto, por un lado aterrorizar a la población para hacerle desistir de su apoyo a la insurgencia y por el otro justificar la eficiencia de los órganos de la policía política para mantenerse en la nómina del gobiernos y sexenios, obtener mayores espacios en las esferas de decisiones políticas, sobre todo de seguridad, además de generar vínculos con otras organizaciones internacionales para una coordinación de seguridad continental que deformó, en los años 80, hacia los inicios del narcotráfico .

El narcotráfico es paramilitarismo

El paramilitarismo es una política de seguridad nacional contrainsurgente para derrotar militarmente al movimiento y las organizaciones revolucionarias, además de que por otros medios políticos se haya minado el carácter revolucionario del Partido Comunista Mexicano y favorecido su posterior liquidación. Es necesario saber que una vez que se auspician, financian, promueven y arman grupos irregulares al margen de la legalidad de las fuerzas armadas del Estado, dichas fuerzas paramilitares se vuelven un fenómeno que muta y da pie a otros fenómenos de explotación, despojo, acumulación capitalista y negocio. El paramilitarismo mutó para dar origen a los grupos más sanguinarios del narcotráfico. Está ampliamente documentado que los primeros cárteles del narcotráfico, gracias a su capacidad financiera, reclutaron a grupos de élite dedicados a la contrainsurgencia o al paramilitarismo. Este último, en parte por su composición y origen de clase en el lumpen proletariado de las calles, tiene un carácter de mercenario a sueldo.

La cultura del paramilitarismo se extendió de manera acelerada entre la juventud mexicana, que al no tener oportunidades de desarrollo social se vincula con trabajos asociados al paramilitarismo –hoy conocido como sicariato– como una alternativa de empleo: labores de vigilancia, labores de inteligencia, homicidios por encargo, extorsión y diversos crímenes  permeados cada vez más de irracionalidad y violencia. En la década de 1990 surgió al menos un grupo formado por ex militares que desempañaban funciones de defensa y custodia para los miembros del narcotráfico. Los capos querían un grupo que les brindara protección y eliminara a sus enemigos, principalmente los miembros de cárteles rivales, mediante un cuerpo de élite especializado conformado por ex militares.

El paramilitarismo es una política contrainsurgente que se desglosa en varios fenómenos, entre ellos la venta y la distribución de armas en el mercado negro. La compra de armamento es constante en cada sexenio y frente a las disposiciones y tratados que mantiene el Estado burgués mexicano con las demás potencias imperialistas como Israel, Rusia, China, Alemania y Estados Unidos, entre otras. La desestimación o supuesta destrucción del “armamento obsoleto” de las Fuerzas Armadas se convierte en un gran negocio para la venta de armas en el mercado negro. Los grupos paramilitares son un instrumento que circula, auspicia y distribuye el negocio de armas. Los resultados los conocemos: mayor violencia entre las capas sociales trabajadoras que habitan las zonas de barrios urbanos, rurales y marginales; y que afecta principalmente a la juventud.

El paramilitarismo se reactivó luego del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, y ante el resurgimiento de grupos revolucionarios históricos derivados de organizaciones político-militares sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia como es el caso del Ejército Popular  Revolucionario (EPR), que cabe decir han surgido y orillados a intervenir por la constante violencia de grupos paramilitares dedicados desde los años 70 y 80 a reprimir, amedrentar y cometer crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales, las torturas, etc.; formas cotidianas de violencia sistemática contra los derechos humanos. Dichos grupos paramilitares, por su carácter irregular, han transitado de ser personas armadas con tareas operativas y específicas en contra de los trabajadores, militantes y organizaciones sociales a formar parte, de manera velada, de estructuras burocráticas de los gobiernos estatales o municipales en regiones con un control omnímodo del cacicazgo histórico por parte de grupos de poder burgueses. Cabe decir que el mayor gasto militar en la historia reciente de México ha ocurrido con Enrique Peña Nieto, hasta cerrar 2014, con una cifra récord de 8 mil 660 millones de dólares. La cantidad representa el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto mexicano. Porción de la economía que se aplicó en el mismo rubro hace 20 años, al cierre de la administración del también priista Carlos Salinas de Gortari y tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Pero ante la momentánea derrota militar de las organizaciones revolucionarias el paramilitarismo perdió en cierta medida su razón de existir como antagónico a la insurgencia. Sin embargo, un grupo armado no se pude desmovilizar por decreto y el paramilitarismo se ha convertido, por ejemplo, en el brazo armado de los monopolios de la minería para despojar a las comunidades de sus territorios mediante el terror y el desplazamiento forzado. Es una constante que las zonas de minas a cielo abierto en el estado de Guerrero, además de generar graves impactos irreversibles al medio ambiente, fueron en su momento zonas de desplazados por la violencia, la extorsión, las violaciones, las desapariciones, entre otros crímenes que generan el terror organizado del paramilitarismo. Las bandas del narcotráfico actúan contra la población indígena y rural donde se sabe que hay grandes fuentes de extracción minera. En un listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México durante la última década se puede apreciar lo siguiente: 108 asesinatos, entre éstos seis mujeres; y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer. La lista ofrece una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos de acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com. Esta base surgió al cruzar un documento de Global Witness con otro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y con la tesis de la investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.

Las bandas paramilitares despojan y le abren paso en los territorios originarios de los pueblos a Minaurum Gold Inc., a la Zhong Ning Mining Investment Co. de China, Vendome Resources Corp., Hochschild Mining, entre otros. A los monopolios les reditúa más pagar o llegar a convenios con el paramilitarismo con careta de crimen organizado y narcotráfico que llevar a cabo una lucha legal, dar a conocer su estudio de impacto ambiental o realizar campañas de convencimiento sobre los supuestos beneficios que traerá la empresa minera en cuestión. Es más eficiente para los monopolios de la minería dejar que el crimen organizado saqueé los territorios y desplace a la población inconforme. No es nada casual que donde las formas organizativas comunitarias se han desarrollado éstas han detenido el avance de las mineras nacionales y extranjeras respecto al despojo de tierras y la extracción irracional de los recursos mineros, madereros y acuíferos. El caso del constante hostigamiento y asesinato de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria  Policía Comunitaria, en Guerrero, está ligado a los intereses de los monopolios de la minería, la madera y el agua para acabar con estas formas colectivas que impiden la extracción y la acumulación de capital para los monopolios.

Uno de los más recientes casos de accionar del paramilitarismo también puede verse, y poco a poco se revela su carácter contrainsurgente, en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El armado de pruebas y los intentos del Estado mexicano por cerrar el caso con una versión “histórica” de los hechos del 26 de septiembre de 2014 son los rasgos de una perversa operación paramilitar que fue, en todo momento, del conocimiento en la Zona Militar del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Este último con una histórica tradición como centro de operaciones de contrainsurgencia en México desde 1970.

Las llamadas autodefensas

Pero la cara de la contrainsurgencia es velada, confusa y conspirativa por su origen. Otro de los efectos del paramilitarismo fue mezclarse, confundirse y apropiarse de movimientos de autodefensa por parte de clases terratenientes y empresariales de la agricultura muy concretos, como ejemplo está el fenómeno de las autodefensas en el estado de Michoacán. Y el que rápidamente logró mucha simpatía en una población dedicada al comercio y entre la pequeña burguesía al poner un alto a la extensión del crimen organizado y de grupos del narcotráfico. En un primer momento tales autodefensas, de carácter empresarial y relativas al comercio, estaban confrontadas con el Estado mexicano por la complicidad y el amparo que éste brinda a los grupos del narcotráfico.

No obstante, el fenómeno de las autodefensas poco a poco fue limitado por los propios interese de las clases entre las que se originaron. Los comerciantes y empresarios, que entraron en contradicción política entre sí, finalmente subordinaron las autodefensas al control del Ejército y la Marina, las fuerzas represivas del Estado burgués mexicano. El resultado es que ahora los grupos de autodefensa son parte inherente de las labores policiacas y de seguridad pública, hasta pasar de forma inmediata a establecerse como grupos armados reconocidos formalmente por el Estado burgués mexicano, pero aún no legalmente. Esto permite en los hechos un control de las autodefensas por parte del Estado mexicano, así como el deslinde de actividades que ocurran en el terreno operativo, en función de que resulten inconvenientes o bien que legitimen a las Fuerzas Armadas del Estado. El discurso beligerante del líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, hoy parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en contra de las posiciones políticas del EZLN referentes al rechazo de megaproyectos como el Tren Maya son una clara muestra de que el paramilitarismo es un instrumento más de la continuidad de la política de los monopolios mediante la guerra.

Cabe recordar que los asesinatos de  cinco militantes del Partido Comunista de México (PCM) en el estado de Guerrero durante 2013, y de una centena de luchadores sociales, están relacionados con un móvil político llevado cabo bajo los rasgos del modus operandi del paramilitarismo. Una centena de luchadores sociales magisteriales han sido “levantados”, torturados y asesinados como represalia a su actividad política en contra del despojo de los monopolios en sus comunidades. Aunado a esto, la justicia frente a estos crímenes no sólo no ha llegado sino que, desde un primer momento, estos actos han estado plagados de una campaña de desprestigio, silenciamiento y acciones incriminatorias contra otras organizaciones sociales. Es decir, fabricar chivos expiatorios y confesiones bajo tortura que constituyen algunas de las acciones e irregularidades en las investigaciones y que favorecen el carpetazo a cientos de casos similares. Se pretende justificar la nula impartición de justicia, por parte de Fiscalías y Procuradurías, mediante el discurso de impunidad de “fue obra del crimen organizado”. Estos rasgos son la constante en los casos de asesinato de luchadores sociales y políticos en todo el territorio mexicano. En este discurso de Estado se observa un claro ejemplo de que el paramilitarismo es una política que no ha dejado de existir y que, por el contrario, se expande cada vez más en nuestro país.

El paramilitarismo contra el movimiento obrero y popular

La política constante en la última década, desde 2008 con el inicio de la crisis de sobreproducción del sistema capitalista mundial que repercutió en México, no ha sido limitada a la aplicación de medidas anti-obreras y anti-populares –reformas políticas y judiciales–, sino que ha implicado la proliferación de grupos armados irregulares, vinculados al crimen organizado u directamente a partidos políticos con registro electoral a través de sus organizaciones sociales afines.

Los asesinatos de líderes sociales y populares han sido justificados como consecuencias de las disputas internas por recursos económicos en las organizaciones sociales por parte del Estado mexicano. Con el fin de deslindarse de los hechos y no generar una investigación seria y científica de tantos casos que concluyen en la impunidad. En el movimiento social y popular es común que el caudillismo sea el defecto más claro, así como la puerta de entrada tanto para la liquidación de líderes como para la cooptación de los mismos a favor de los intereses del Estado burgués. El control de las direcciones políticas de las organizaciones sociales ha reflejado una disputa cada vez más violenta con indicios de paramilitarismo. Uno de los ejemplos más conocidos es la organización gestora Antorcha Campesina, que desde su creación y vinculación con el PRI demostró que sus dirigentes son parte de una estructura paramilitar que organiza a su base social, en su mayoría capas sociales de desempleados o trabajadores informales, convertida en grupo de choque para presionar, mediante la violencia o la confrontación física, por proyectos productivos, predios, etc.; y golpear a otras organizaciones sociales que no están corporativizadas con el PRI. Al Estado mexicano le convine este tipo de grupos porque promueve el clientelismo político, el acarreo y el apoyo por conveniencia a los partidos políticos que administran el Estado. Por otro lado cumplen la labor de control de la población mediante sus métodos de presión social.

Actualmente, con el arribo de AMLO a la administración del Estado burgués mexicano, las cosas no han cambiado en lo más mínimo. Por el contrario, como se ha señalado antes, la dominación de los monopolios y la burguesía se reforzó al colocar una supuesta alternativa al modelo neoliberal impuesto en México en las últimas décadas. Sin embargo, en el primer trimestre del gobierno formal de AMLO los asesinatos de luchadores sociales contrarios a los megaproyectos han ido a la alza. Uno de los casos que generó más polémica, y rompió con el silencio anti crítica hacia AMLO, fue el asesinato de Samir Flores, líder comunitario de la comunidad de Amilcingo y que encabezó la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, particularmente contra la Termoeléctrica de Huexca en el oriente de Morelos. El asesinato se realizó mediante un claro modus operandi del paramilitarismo y luego de que Samir expresara los argumentos a propósito del perjuicio de la Termoeléctrica respecto a los pueblos originarios: el robo del agua y la contaminación ambiental provocada por el uso de energías fósiles y arcaicas. El hecho trascendió porque fue precisamente AMLO, a través de la mediática popularidad con que hasta el momento cuenta, quien lanzó una campaña de linchamiento y desprestigio contra quienes se oponen a los megaproyectos que su administración promueve y gestiona a favor de los monopolios, señalándolos de “izquierdistas radicales y conservadores”. De nueva cuenta, el método del paramilitarismo que asesina, desprestigia y pone trabas a las investigaciones para que queden impunes los crímenes de Estado. Este caso, como en otra decena de acontecimientos del tipo que se han cometido al inicio de la gestión socialdemócrata de AMLO, debe ponernos en alerta a todos los luchadores sociales y a las organizaciones revolucionarias. Para el nuevo gobierno quienes se oponen a él desde posiciones obreras o populares son lo mismo. Llámense comunistas, zapatistas, anarquistas, izquierdistas o “fifís”.

Hoy en día el paramilitarismo no se limita a las zonas rurales, históricamente de lucha como se mencionó antes. Ahora los efectos y amenazas del paramilitarismo llegan a las ciudades industriales para amedrentar a los trabajadores y sus formas de lucha, como las huelgas o la organización de sindicatos independientes, democráticos y con interés de clase. Por un lado el gobierno de AMLO, de manera demagógica, declara que ya no habrá más charrismo sindical y dice promover la democracia sindical, pero en los hechos los trabajadores que se organizan para defender sus derechos laborales son amedrentados con “levantones” o amenazas de muerte como en los recientes casos del movimiento 20/32 en Matamoros. Poco a poco la patronal de las empresas, al verse rebasados por la organización obrera, buscan desmovilizarla ya sea con grupos de esquiroles pero también mediante las amenazas de grupos armados de la delincuencia organizada. Los asesinatos de dirigentes sindicales en varias partes de la República Mexicana es un reflejo de una política de contención para evitar que los trabajadores se organicen para enfrentar las medidas que ha traído consigo la aplicación de la Reforma Laboral de 2012 y que hoy se mantiene vigente. La pérdida del control y el resquebrajamiento de la corporativizada CTM ahora ponen en juego un nuevo botín para los dirigentes afines al actual gobierno federal encabezado por AMLO.

La implementación de la Ley de Seguridad Interior y el accionar de la Guardia Nacional reflejan una política militarista y paramilitar originada en la gestión de AMLO, pero que pretende ser útil a futuros gobiernos anti-obreros y anti-populares, cada vez más reaccionarios, en los sexenios por venir.

Enfrentar al militarismo y al paramilitarismo requiere no sólo reforzar las medidas de seguridad, la vigilancia ante el espionaje y una constante actualización de los métodos conspirativos; sino crear en la práctica política una coordinación que en los hechos resulte en apoyo mutuo entre las organizaciones que luchan por un verdadero cambio en nuestro país desde un enfoque anticapitalista y antimonopolista. Como decía Lenin, “marchar separados, pero golpear juntos al enemigo” debe ser uno de los principios que los comunistas impulsemos en todos los frentes de intervención política, sea en el movimiento obrero, popular, magisterial y estudiantil. Colocar los intereses más generales del conjunto de la clase obrera por encima de las diferencias tácticas y estratégicas del movimiento social y popular nos permitirá ser arquitectos de un frente y neutralizar la política criminal y represiva del paramilitarismo, promovida desde el poder económico y político del gobierno de AMLO que se encuentra al servicio de los monopolios.

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** El presente texto fue publicado en El Machete, edición impresa correspondiente al número doble 13 y 14, con fecha de septiembre de 2019.