Por: Alfredo Valles

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representante de grandes monopolios y enemigo de los trabajadores, afirmó en su discurso por el III Informe de Gobierno durante el mes de septiembre, que se ha parado en seco la tendencia privatizadora, que se ha dejado de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Que se han detenido las privatizaciones en petróleo y electricidad.

La afirmación de que han concluido las privatizaciones de empresas o bienes nacionales pretende hacer creer a los trabajadores que este gobierno no trabaja todo el tiempo, como los anteriores, en beneficio de unos cuantos millonarios; que se ha dejado de favorecer a los grandes propietarios. Nada más alejado de la verdad. Si vamos más allá de las palabras podemos ver que el problema no son sólo las privatizaciones, sino toda forma de administrar el capitalismo.

Veamos el caso de la minería en México. Solo dos grandes monopolios, Grupo México y Grupo Bal (Fresnillo PLC y Peñoles), en compañía de uno tercero y en menor proporción, Grupo Carso (Minera Frisco), dominan este sector en el país. El actual gobierno les ha garantizado la vigencia de sus concesiones hasta 2029. Los monopolios que eran dueños de la tierra en México, con el PRI y el PAN, lo siguen siendo con la 4T, incluso progresivamente en mayor medida.

Las concesiones mineras le han permitido a los monopolios convertirse en monopolistas de la tierra. Si bien en cuanto a números destaca el predominio de empresas chinas, canadienses y estadounidenses, al final de cuentas las concesiones se concentran en los tres monopolios citados arriba. Hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) diversas fuentes indican que, vía concesión, 21 millones de hectáreas eran de monopolios.

Esa tendencia al parecer se ha agudizado en los últimos tres años, si bien a través de formas cobijadas con una mayor discreción gubernamental. Entre 2019 y 2020 el gobierno de AMLO realizó al menos 92 concesiones mineras, pero con ello entregó a los monopolios arriba de 16 millones de hectáreas en todo el país. Con AMLO, la burguesía mexicana se apodera de la tierra, pero al mecanismo de las concesiones mineras se suman otros medios para lograr esto: la expropiación con fines de utilidad pública, programas como Sembrando vida, el narcotráfico, etc.

En la disputa por mercados, tierra y recursos naturales o materias primas, el gobierno de AMLO ha sido particularmente competente en múltiples sentidos. Ha garantizado para monopolios de capital predominantemente mexicano una ventaja en estos tres rubros. Grupo México, Grupo BAL y Grupo Carso son los grandes beneficiarios, a lo que se suma su alianza estratégica con Pemex, CFE y sus vínculos con los grandes proyectos públicos de infraestructura.

Algunos trabajadores del ámbito de la investigación –y quizás por ello, de conjunto, también son agredidos por la patronal, en este caso el Estado– han señalado que el gobierno de Andrés Manuel es una gran alianza política entre determinados monopolios, entre millonarios; y que en este periodo continúa, como entre 1988 y 2018, una economía extractiva de exportación. No obstante, no toman en cuenta fenómenos actuales que ratifican que el gran problema nacional no es la corrupción sino la explotación. Y esto tiene que ver con el vínculo entre minería, industria estratégica (sector energético) y fase imperialista del capitalismo en México.

El gobierno de AMLO, gestor del capitalismo, no se distingue por combatir a los monopolios, sino por perjudicar a unos en beneficio de otros monopolios y con ello favorecer la concentración y la centralización de capital. En ese proceso si bien empresas de funcionarios de la 4T han sido beneficiadas ampliamente con contratos para la producción de carbón, esto no deja de ser una anécdota de la corrupción actual, pero no constituye lo más importante.

Los oportunistas, que sacrifican a la clase obrera y al pueblo en aras de rentas o cargos de gobierno, elogian la reforma eléctrica de AMLO. Quieren enamorar a los trabajadores con las supuestas ventajas de una nacionalización ocurrida en los marcos del capitalismo, y sin que tal reforma siquiera se acerque a ello. La reforma de AMLO manifiesta que lo que antes benefició al conjunto de la burguesía hoy en el marco de la crisis requiere hacerse a un lado para responder con otras soluciones al objetivo de engrandecer a los monopolios nacionales a escala mundial.

Es decir, el sector energético debe reformarse una vez más para que sea palanca de los grandes monopolios de capital predominantemente nacional y, sobre todo, para un mayor desarrollo del capitalismo en México, que supere a competidores actuales y lo acerque aún más a las grandes economías del mundo. Así que, como siempre en la historia del país, el sector energético debe ajustarse para servir dócilmente a monopolios cada vez más poderosos.

La minería, especialmente la de carbón, provee de una fuente duradera y barata de energía, que al mismo tiempo da más ganancia a costa de los trabajadores, tanto en la esfera de la producción como de la distribución mercantil. El capitalismo no ha logrado sustituir al carbón, pues como en tiempos de la Gran Revolución Industrial sólo con su explotación es posible producir la suficiente electricidad para modernizar el país, para impulsar cuotas más altas de ganancia, para los grandes proyectos de infraestructura. Para una industria a la altura de los ambiciosos capitalistas representados por AMLO, para poder contar con el suficiente acero y cemento que reclama el rostro imperialista del capitalismo en México, se requiere la reforma eléctrica de AMLO, una acelerada producción de carbón, un esquema y asociación de monopolios que garanticen suficiente producción de electricidad. Es decir, para ganar mayores cuotas de mercado, rutas de transporte, materias primas y ganancia a nivel mundial.

En el terreno de la minería pasa en pequeña escala lo que el gobierno de Obrador se esfuerza en lograr para la relación en general entre la clase de los capitalistas y la clase obrera: colaboración de clases, sumisión y confianza de la segunda para con la primera. El capitalismo en su fase imperialista en México tiene en AMLO a su principal mercachifle. La gestión de la socialdemocracia es necesaria para los capitalistas con el fin de sacrificar a la clase obrera y a la naturaleza, cada vez en mayor proporción, al tiempo que se postergan insumisiones obreras y populares contra ese sacrificio a través de ilusiones en reformas o supuestas transformaciones.

Hace meses el gobierno de AMLO públicamente se comprometió a rescatar los restos de 65 mineros de Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, así como a indemnizar a sus deudos, a colocar esculturas para la memoria, a llevar obras que mejoren la vida de los trabajadores en la ciudad. Por lo que puede saberse, esas grandes promesas no se comparan con los pequeños hechos que le han seguido –excepto en el tema de la producción de carbón, pues Pasta de Conchos ha sido cedida por Grupo México al gobierno federal. Así, en todo el país la socialdemocracia impone el Poder de los Monopolios, hace creer que este gobierno debe ilusionar, que es distinto; que para los trabajadores ha terminado la hora de luchar y es hora de esperar a que un gobierno burgués resuelva los problemas que la burguesía agrava sin cesar.

El gobierno de los monopolios hoy en día cobra vida en la gestión de la socialdemocracia y en la conducción unipersonal de AMLO. En México el capitalismo en su fase imperialista tiene como colchón a su favor que la clase obrera está desunida, dominada por viejos o nuevos charros sindicales, apaciguada por las esperanzas sin fundamento que alienta Andrés Manuel. El capitalismo imperialista avanza inclemente en el país, los monopolios concentran capital y tierra, los trabajadores ven agravar su verdadera situación. Sólo una Nueva Revolución es alternativa, en pos de la cual luche y se organice conscientemente la clase obrera en México.