Por: Iván Lima

 

Desde hace varias semanas hemos sido bombardeados con estridentes mensajes catastrofistas en torno al porvenir del sector energético en nuestro país. Por un lado, escuchamos que estamos en medio de una debacle ambiental y que la única salvación se encuentra en dejar actuar a las grandes corporaciones cuya “desinteresada” misión es rescatar al planeta de su adicción a los combustibles fósiles. Por otro lado, nos repiten hasta el cansancio que la electricidad era nuestra y que nos la van a devolver después de arrancarla de las garras del neoliberalismo. Ante lo disímbolo de estas versiones, no parece tarea fácil el discernir los intereses involucrados para formar un criterio y conciencia de clase, sobre todo ante los intentos de los grandes grupos corporativos que nos advierten de la importancia (para sus intereses económicos) de esta coyuntura, y de los intentos de la socialdemocracia de presentarnos la Reforma como una nueva epopeya Lopezmateana.

En medio de todo este ruido mediático es fácil apelar al mito de la eficiencia o la ineficiencia del Estado y el Mercado según corresponda y a ser víctimas de una narrativa maniquea que, cual Lecho de Procusto busca moldear la realidad mediante un análisis pseudocientífico para construir hechos que se acomoden a los intereses del poder político-económico en turno.

Pero ¿Qué plantea la iniciativa de Reforma Eléctrica y a quién beneficia en realidad? Para responder a esta pregunta, hay que remontarse a los años 90, década en la que se da el primer intento de modificar en la práctica el artículo 27 constitucional mediante la creación de las figuras de Productores Independientes de Energía y de las Sociedades de Autoabasto. Esto es importante recordarlo, ya que gran parte de la propaganda de la 4T se basa en tergiversar y mezclar los marcos regulatorios del Mercado Eléctrico de Mayoreo creado en 2013, y de La Ley de Servicios Públicos promovida durante la administración Salinista. A partir de estas primeras enmiendas constitucionales, se abre la puerta a la iniciativa privada y se desata una encarnizada lucha de monopolios por el control del sector eléctrico. CFE, que hasta este momento había tenido el control de este sector estratégico, se ve forzada a subsidiar mediante tarifas de porteo estampilla a los generadores privados que, aprovechando la figura de autoabastecimiento -creada en principio para ofrecer la opción a los consumidores industriales y comerciales de abastecer sus instalaciones mediante plantas de generación remotas o locales- se dedican a crear un mercado paralelo de energía eléctrica registrando clientes como socios autoabastecidos. Este sería el origen de los contratos legados que actualmente han sido la principal bandera de la 4T para su estrategia de reapropiación del mercado eléctrico.

A partir de la Reforma de 2013 se continua con la liberalización del sector eléctrico, calcando prácticamente la fórmula aplicada en España durante los años 80s y de la escuela de los Chicago Boys en Chile de los años 90s. Es importante mencionar que, con esta reforma, la CFE se convierte en una empresa productiva del estado, esto es, deja de ser un órgano del Estado, para convertirse en una empresa del estado con administración y patrimonio propios. La división de la flamante Empresa Productiva del Estado se da en todos los niveles: Generación, Transmisión y Distribución. Para tales fines, se crean 6 empresas subsidiarias de generación, una de Transmisión (Para transporte de energía en largas distancias y altos voltajes), una de Distribución (Para entrega de energía dentro de poblaciones e instalaciones comerciales e industriales) y una de Suministro (Encargada de comprar energía para usuarios finales).

A partir de la entrada de la socialdemocracia al poder en 2018, se pone en marcha la estrategia de una recuperación de la cuota de mercado de CFE, con Manuel Bartlett, figura estelar de la administración salinista, a la cabeza de este proyecto. Con este fin, se da el primer paso al cancelar las subastas de largo plazo de energía limpia, con el pretexto de que se estaba convirtiendo a la CFE en una mera comercializadora de energía. Después, durante la Pandemia, se intenta pasar un acto administrativo para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que es rechazado en los juzgados bajo el argumento de ser inconstitucional.

Este camino descrito a grandes rasgos nos lleva al escenario actual de una iniciativa de Reforma Constitucional que plantea esencialmente un cambio de despacho (Es decir, la elección de las plantas que inyectan primero a la red eléctrica) económico a un despacho de carácter político, priorizando la entrada de plantas de CFE a la red independientemente de su costo o de sus impactos ambientales. Esto para mantener la cuota de mercado existente a principios de la administración de la 4T: Un 54% para la CFE y un 46% para el sector privado. Para promover la iniciativa se ha repetido una y otra vez que la socialdemocracia busca recuperar la rectoría del estado, eso sí, sin eliminar el Mercado Eléctrico Mayorista planteado en la Reforma de 2013. Para esto, propone también la eliminación de los órganos autónomos (Cuya autonomía queda sin duda sujeta a la administración en turno) como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Sin duda cuando se habla de rectoría del Estado es inevitable preguntarse a quién representa este Estado. ¿Representa en realidad esta Reforma un intento por devolver la electricidad a las comunidades? Sin importar que esta electricidad provenga de un parque de generación cuyos suministros principales casualmente coinciden con la oferta carbonífera de uno de sus principales socios en el Norte, Armando Guadiana, excandidato a la gubernatura de Coahuila por Morena. O de que el principal insumo para la rehabilitación de ciclos combinados y del parque existente de combustóleo sea precisamente el producto secundario de la refinación de petróleos pesados que llevará a cabo PEMEX en Dos Bocas y en las refinerías reacondicionadas para procesar este crudo. ¿Es rectoría de Estado el nacionalizar el Litio sin detonar las cadenas productivas locales para explotarlo? ¿Constituye una rectoría del Estado el mantener intacto el Mercado Eléctrico Mayorista para dejar a discreción de CFE y de sus dirigentes el definir y negociar con los monopolios privados la nueva proporción del mercado que aplicaría bajo la Reforma?

La industria eléctrica es efectivamente estratégica y de seguridad nacional, más esta seguridad no radica en cambiar la gestión de un capitalismo verde que inexplicablemente en México parece haberse apropiado de la bandera de la energía renovable y de la lucha contra el cambio climático, por una gestión socialdemócrata que sigue respondiendo a los mismos intereses del mercado y a la misma lógica extractivista y de crecimiento perpetuo.

La rectoría del Estado debe ser dirigida por la clase obrera, debe socializarse la estrategia mediante el centralismo democrático, esta no debe imponerse por las mismas cúpulas de siempre, para responder a los intereses de nuevos monopolios. La estrategia de la industria eléctrica ha de estar necesariamente vinculada al desarrollo de la industria pesada y a la producción de medios de producción mediante el despliegue de una estrategia de planificación central y de una democratización, no sólo del sector energético, sino de las cadenas productivas en general.