Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Las cifras, tanto de contagiados, hospitalizados, fallecidos, están aumentando todos los días, de tal manera que no es posible, en un artículo periodístico, tener datos firmes y permanentes sino solo tendencias muy generales acerca de esta oleada de Omicron, que está afectando a la mayoría de los países del mundo, claro están con distintos grados y costos económicos, sociales y humanos.

Sin embargo, en este panorama de estadísticas cambiantes, es posible llegar a las siguientes conclusiones: 1- todas las cifras, tanto las que emite la Secretaria de Salud, pero sobre las otras dependencias del sector público, reconocen que se trata de una persistente tendencia hacia el alza y que la velocidad de la propagación de virus es muy rápida, casi masiva, habiendo disminuido la letalidad, si la comparamos con las otras variantes,  2- el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado una campaña de vacunación a la población que es positiva en términos generales, aunque lenta e incompleta en su aplicación, sobre todo si tomamos en cuenta que se han aplicado dos dosis y un refuerzo, pero también se ha negado a incluir a los niños, y a los jóvenes menores de quince años, no obstante que la OMS y la experiencia internacional han señalado que sí se deben atender porque, además, un buen porcentaje de los infectados y de los hospitalizados en México son precisamente niños y jóvenes, 3- no se dispone de un número suficiente de pruebas para medir con una alta precisión, el número de contagios, posiblemente porque las autoridades sanitarias no tiene esas pruebas, por no haberlas adquirido a tiempo, 4- el Presidente ha emitido, una vez más, palabras mágicas, religiosas, hasta francamente ridículas, con la finalidad de minimizar la gravedad de esta nueva ola de  contagios y sin contribuir a hacer conciencia entre la población de que se deben tomar medidas serias, de carácter científico y no basadas en las supersticiones populares y de defensa colectiva de la protección de la salud, 5- no existe ningún programa económico y social para atender a un número creciente de ciudadanos que por haberse infectado, han abandonado sus puestos de trabajo, 6- el uso de los semáforos sanitarios ha perdido seriedad y se ha manejado con criterios políticos electorales.

Los cálculos que se habían hecho en torno a la recuperación de la economía nacional para tratar de regresar a la etapa anterior a la pandemia, ahora ya son insostenibles, ya que deberán ser revisados, porque de seguir el curso tan acelerado del comportamiento del virus, habrá, seguramente, un mayor número de contagiados, hospitalizados, fallecidos, costos que deberán pagar los trabajadores y empleados sobre todo para adquirir las pruebas que se distribuyen el mercado, dominado por los particulares, así como los nuevos medicamentos aprobados por la Cofepris, de los cuales hasta hoy  no disponen las entidades de salud del sector público, fenómeno que de continuarse haría nugatorio el derecho constitucional a la salud para los mexicanos, mientras se aumentaría la tasa de ganancia de los grandes laboratorios internacionales y las cadenas nacionales de farmacias privadas.

Aunque de una manera oficial, el gobierno no pretende anunciar medidas de confinamiento que obligaran a cerrar muchas o algunas actividades productivas, lo cierto es que, en la práctica, esta paralización parcial se ha iniciado en muchas empresas, compañías, e instituciones, que han recortado sus actividades, precisamente, por la ausencia obligatoria de los trabajadores y empleados que han sido afectados por la rápida propagación del virus. De esta manera, el poder público evitaría su responsabilidad de poner en marcha programas de apoyos a las pequeñas y medianas industrias, a los micronegocios, pues éstas suspenderían o limitarían sus funciones por iniciativa propia y no obligadas por órdenes o medidas que tomaran las autoridades.

Esta actitud deliberadamente ausente del gobierno implica que los altos funcionarios están calculando sobre todo que en esta etapa de la pandemia, la mayor responsabilidad económica, social y humana la deberán asumir, sobre todo y en forma primordial, los trabajadores de la ciudad y del campo y no las instituciones del sector gubernamental pues hasta hoy no existe ninguna modificación del gasto público hacia una mayor y más efectiva protección de sus intereses vitales de la mayoría de la población. Esta es la política del llamado darwinismo social, o sea, del sálvese quien pueda. Este sería la respuesta lógica si se aceptara que no estamos ante una situación social grave y preocupante, sino que experimentamos tan solo un “catarrito”, “una gripita” los mexicanos.