Por: Emiliano Zepeda

 

A finales del pasado mes de mayo, el juez Adrián Novelo, de Yucatán, concedió la primera suspensión definitiva a las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya que va de Tulum a Playa del Carmen, ya que no contaba con los estudios ambientales correspondientes. Esta suspensión fue lograda debido a diversos amparos presentados, denunciando precisamente la omisión del gobierno federal al no realizar dichos estudios, poniendo en riesgo la fauna y flora en la zona.

Sin embargo, recientemente el gobierno federal ha blindado el Tren Maya entero catalogándolo como de “seguridad nacional”, apelando al acuerdo publicado el 21 de noviembre del año 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se consideran los proyectos del gobierno federal como de “Seguridad nacional, prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”. En pocas palabras, con este acuerdo publicado desde el año pasado, el gobierno federal tiene la capacidad de pasar por alto los procedimientos adecuados (estudios, trámites, etc.) y la capacidad de blindar un megaproyecto para que ningún amparo, marcha ni protesta proceda y detenga las obras de construcción y/o funcionamiento del Tren.

Según el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) Javier May, la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y el mismo presidente, esto no constituye una violación al Estado de derecho, ya que todo se está haciendo por medio del apego al marco legal.

¿Qué pasará ahora? ¿Debemos rendirnos y asumir la derrota para dejar que se construya este megaproyecto que solo va a beneficiar a un puñado de capitalistas nacionales e internacionales? ¿Acaso toda la lucha debe llevarse por el marco de la legalidad y la formalidad?

Algunas ONGs, al ocurrir esto, recurrieron a instancias internacionales como la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) como un intento para levantar una acusación al gobierno federal, sin embargo, la CCA no tiene facultades para aplicar sanciones, solo puede considerar que algún reclamo tiene fundamento y publicar un expediente de hechos, por lo que, en caso de hallarse culpable el gobierno federal, no pasará nada ni hay la más mínima posibilidad de detener las obras del Tramo 5 Sur.

El gobierno, el Estado, sin importar el partido político en el poder, siempre beneficiará y servirá a la clase dominante, a la burguesía, a los monopolios, sus leyes son sus reglas, reglas que evidentemente los ponen en ventaja, el mejor ejemplo de ello lo tenemos con este blindaje al Tren Maya, todo dentro del marco legal burgués.

No rechazamos aprovechar los resquicios del marco legal y formal, por medio de amparos, denuncias, etc., pero como ya vimos, cuando la burguesía quiera, puede cerrar para siempre esa puerta. Por eso, la lucha debe dinamizarse y organizarse en un movimiento que aglutine a todos los sectores explotados que se oponen al Tren Maya, trabajadores, jóvenes, pueblos indígenas, sectores populares y llevar a cabo la combinación de todas las formas de lucha según el momento concreto de la lucha.

Una denuncia seguida de un amparo fue un buen inicio, pero ahora es necesario dar un paso cualitativo hacia formas de lucha más organizadas y más planificadas, no limitarnos únicamente a los amparos y denuncias, ya que combinar todas las formas de lucha nos abre el abanico de posibilidades de acabar de una vez por todas con este megaproyecto que indudablemente, tal y como lo ha demostrado la historia misma, beneficiará exclusivamente a una minoría explotadora. Si la burguesía no tiene vergüenza en explotarnos, pues tampoco a nosotros nos debe dar vergüenza aplastar sus intereses y su megaproyecto.