Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Según datos oficiales, durante la primera semana del año en curso se registraron 367 asesinatos en el territorio nacional, cantidad de muertes que no tiene precedente, lo que demuestra que México, como nación, como pueblo transita por una crisis política y social muy seria, que si bien no se inició en este sexenio, sí se ha agravado y profundizado, ante la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de disminuir, realmente, los niveles de violencia que en la mayoría de las entidades federativas, se registran, casi con total impunidad, por parte de distintos grupos generadores de estos crímenes. Los datos los proporcionan las propias dependencias federales, encargadas de la materia y no son invenciones de los enemigos del actual régimen político, por lo que deberíamos reflexionar en forma responsable sobre lo que está pasando en nuestro país, que no tiene control alguno por parte de las autoridades competentes.

La violencia en México es estructural, es decir, está profundamente arraigada en la estructura económica, social y política de nuestro país y si no se admite o reconoce este fenómeno nacional, tomando en cuenta las causas y las dimensiones que tiene, nunca podrá disminuirse y seguirá creciendo, incluso a nivel internacional. Muchos analistas consideran que por estos hechos México es el segundo o el tercer país más violento del mundo, superando incluso a Ucrania, que está inmersa en una guerra de invasión y de ocupación, por parte de Rusia, desde ya casi dos años. El gobierno no enfrenta este complejo problema nacional con la profundidad que se requiere porque el Presidente considera que se trata de simples y reiterados ataques de parte de la oposición y cualquier descenso que se registra, aunque sea muy pequeño, en los índices oficiales, de inmediato se da conocer y se manipula políticamente, pero en la realidad, en los hechos cotidianos, la violencia homicida en sus distintas variantes tiene una tendencia ascendente, en términos generales, e incluso ya ha aumentado por encima de los niveles que se registraron en los dos sexenios anteriores.

Según datos proporcionados por el Comando Estratégico Norte, de los Estados Unidos, el 35 % del territorio nacional, está controlado por los grupos delincuenciales que se dedican, sobre todo, a las actividades del narcotráfico, pero que ahora se han ramificado hacia otras ramas de la economía nacional y que mantienen sometidas y manipuladas a las autoridades estatales municipales. En 15 entidades federadas, la violencia tiene niveles altísimos, en 4 de ellas sobre todo ubicadas en la región del noroeste, estos grupos intervinieron en las pasadas elecciones y se impusieron a las autoridades de Morena, dos grandes grupos, los carteles de Sinaloa, y de Jalisco, se dividen el país en aéreas de influencia, en donde dirimen sus ambiciones de poder y de control en forma sangrienta todos los días, e incluso tienen operaciones internacionales hacia América del sur y Europa.

La captura del Ovidio Guzmán, del cartel de Sinaloa, efectuada la semana pasada, afecta a ese grupo, pero este daño es relativo, ya que desde hace años la dirección de este grupo está distribuida en varios jefes, en cuyo diagrama Los Chapitos son tan solo uno de esos integrantes. La experiencia demuestra que al detener y encarcelar a un jefe no se eliminan, suspenden o debilitan por sí mismas las actividades generales de los grupos, sino que existe un enorme poder de recomposición en su interior, y de una manera casi inmediata se restañan los perjuicios que hayan sufrido internamente por lo que debe ser considerado este hecho como un fenómeno político y propagandístico, ya que, el grupo Sinaloa sigue siendo fuerte en por lo menos 9 entidades federativas y que es uno de los principales proveedores de cocaína y de fentanilo hacia los Estados Unidos. De acuerdo con la dinámica que tienen estos grupos, las acciones enderezadas contra Guzmán en realidad benefician, por contrapartida, a otro cartel, a su principal competidor y adversario, el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los carteles de las drogas soy ahora muy grandes desde el punto de vista económico, ya que realizan toda clase de actividades ilícitas muy diferentes a las que efectuaron y caracterizaron su aparición. Ahora secuestran, extorsionan, realizan trata de personas, efectúan importantes operaciones financieras no solo en México sino también en el exterior, lo que les ha generado una gran diversificación, lo cual es ha sido muy útil para los fines y el funcionamiento no solo del poder político sino del poder financiero capitalista, que los utiliza como suministradores de capitales para efectuar múltiples operaciones algunas de las cuales se pueden considerar legales de conformidad con las normas de la democracia burguesa. Por ejemplo, ellos desempeñan una función muy importante en la capitalización de las instituciones bancarias y tienen una importante influencia de carácter social entre la población en general y en particular entre los jóvenes.

La detención de Guzmán beneficia políticamente al gobierno de López Obrador y a Morena, pero en realidad no altera el funcionamiento de un fenómeno que cada día es más preocupante, la intervención de los dineros de los narcotraficantes en el financiamiento de las actividades político electorales, tomando en cuenta que los órganos jurisdiccionales no tienen la capacidad técnica para detectar este tipo de inversiones quedando todo en meros rumores, sin que se afecten los resultados generales de los comicios. Es muy conocida su activa participación en las entidades del noroeste del país, de una manera particular en las elecciones del estado de Tamaulipas, en donde faltó documentar con una mayor claridad esa injerencia, que vulnera la legitimidad de las autoridades electas, que por este vicio de origen se pueden poner al servicio de los intereses de los cárteles, ya sea en forma abierta o encubierta.