Por Roberto Grajales

El pasado 22 de agosto, dos trabajadores perdieron la vida y uno más sufrió una intoxicación grave en la planta de Bachoco en la carretera Uman Mérida, luego de haber ingresado a una fosa séptica para destapar ductos. Uno de los obreros, al intentar realizar la tarea, fue inmediatamente afectado por los gases tóxicos del lugar, perdiendo el conocimiento. Un segundo trabajador entró a rescatarlo, pero también quedó inconsciente por la exposición a los mismos gases. Un tercer hombre que intentó ayudar, logró salir de la fosa antes de perder el sentido, pero sufrió una intoxicación grave.

La tragedia se vio agravada por el hermetismo de la empresa, que, según testigos, obstaculizó la entrada de los rescatistas y no notificó de inmediato a los familiares de las víctimas. Los allegados de los trabajadores afirmaron que se enteraron del incidente por los medios de comunicación, y que al acercarse a la empresa, no recibieron detalles sobre lo ocurrido.

Este caso ha puesto en evidencia la falta de protocolos de seguridad y la irresponsabilidad de la empresa, ya que los trabajadores no estaban capacitados ni equipados para llevar a cabo tareas de alto riesgo en espacios confinados con niveles de toxicidad peligrosas. Además, el hecho refleja una preocupante realidad: para las grandes empresas, las ganancias parecen tener mayor valor que la vidas de las y los trabajadores.

Bachoco, que reportó ingresos netos de $3,738.5 millones en el segundo trimestre de 2024, un 62.6% más que en el mismo periodo de 2023, no ha brindado información clara sobre si se indemnizará a las familias de los fallecidos y al trabajador intoxicado. El incidente ha sido comparado con otros casos de impunidad relacionados con la empresa, como su intento de apropiarse de tierras ejidales en Umán para construir una nueva instalación.

Este trágico accidente pone de aliviar la urgente necesidad de que la clase trabajadora cuente con una organización que defiende sus derechos y exija justicia cuando la negligencia empresarial pone en peligro sus vidas. Las familias de los trabajadores fallecidos, y la sociedad en general, exigen justicia y un castigo para los responsables.