Por: Fernanda Larrainzar

Diversas órdenes ejecutivas dictadas por la administración Trump a inicios de 2025, han desencadenado en las últimas semanas una ola intensa de redadas contra inmigrantes irregulares en todo EEUU. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ha aterrorizado a la comunidad inmigrante bajo el argumento de la “expulsión de los extranjeros que residen ilegalmente en el país y que supuestamente representarían una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública”.

También se hizo presente una ola represiva que criminaliza a los que luchan, llegando incluso a decretarse un toque de queda en Los Ángeles, California para “detener el saqueo y el vandalismo”. Incluso las redadas masivas han proliferado no solo en centros de trabajo, sino también en tribunales migratorios, restaurantes, hoteles y escuelas. Según un comunicado de prensa del mismo ICE, en lo que va del año se han detenido a más de 236,000 inmigrantes irregulares y se han deportado a 207,000. Entre los detenidos por supuesto que se encuentran líderes trabajadores y comunitarios.

Estas detenciones indiscriminadas violan las garantías del derecho al debido proceso reconocidas en diversos tratados e instrumentos de Derecho Internacional, al negarles el derecho a ser oídas, defenderse e impugnar su expulsión o deportación, que al implementarse de manera colectiva se vuelve totalmente arbitraria, por lo que debe exigirse su prohibición. Además, EEUU forma parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, que reconoce el derecho a solicitar asilo, por lo que debe respetar ese derecho a todo aquel que demande protección internacional.

Son totalmente condenables las agresiones del gobierno de Trump, como el reciente envío de 4 mil tropas de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles para respaldar las redadas y reprimir las protestas de la digna comunidad inmigrante, despliegue cuyo costo se calcula en más de 134 millones de dólares. Estas agresiones son un paso más en la inaceptable política antiinmigrante que afecta principalmente a trabajadores de la maquila, la construcción y el campo.

Por otro lado, son necesarias las muestras de solidaridad de trabajadores norteamericanos contra esta política antiinmigrante y antiobrera, así como el respaldo la ola de indignación y rebeldía popular que ha brotado en Los Ángeles, y que se ha extendido a ciudades de todo el país, tales como Washington, Seattle, Portland, San Diego, Sacramento, San Francisco, Las Vegas, Denver, Kansas City, Minneapolis, Chicago, Dallas, Austin, San Antonio, Atlanta, Philadelphia, New York City, por nombrar algunas.

Nuestra atención no debe estar sobre la presidenta de México, en si ésta se suma a la condena de las protestas en Los Ángeles o si se le relaciona de manera directa con la agitación a favor de las protestas. La presidenta de México tendría que expresar una enérgica condena a la bestialidad con la que son tratados los migrantes del otro lado de la frontera. Por el contrario, desde los acuerdos Pompeo-Ebrard los gobiernos mexicanos replican la misma política en nuestro país, convirtiendo a las fuerzas militares y policiales en extensión de la agresiva política antinmigrante estadounidense.

Sheinbaum sostiene de manera discursiva la defensa de los migrantes mexicanos en EEUU, sin embargo, por la vía de los hechos implementa una política en contra de los migrantes en territorio mexicano, en total complicidad con los cárteles criminales responsables de la trata de personas en movilidad.

La política migratoria de la administración de Claudia Sheinbaum no es más que la continuidad de la política antiinmigrante de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fanfarronea con la adhesión del gobierno de México en 2018 al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El cual está basado en el respeto y cumplan los derechos humanos de todos los migrantes sin importar su condición migratoria, refrenda los principios de no devolución y no discriminación, busca erradicar todas las formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia que muchas veces viven los migrantes y sus familias.

Sin embargo, la adhesión a este Pacto es demagogia pura, no es secreto para nadie que las autoridades migratorias mexicanas detienen a los migrantes y cometen extorsión en su contra, les solicitan dinero a cambio de no destruir sus documentos migratorios y de no deportarlos, incluso estando en las oficinas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a bordo de unidades del Instituto Nacional de Migración. Human Rights Watch lo ha relatado en sus informes, donde se denuncia que decenas de miles de familias migrantes están expuestas a los abusos de funcionarios y cárteles.

El discurso sobre garantizar el tránsito de migrantes por la frontera de forma segura y ordenada que sigue sosteniendo Sheinbaum, sigue contrastando con la realidad, es evidente la política represiva y de contención que aplican los agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en la frontera sur, donde migrantes centroamericanos y sudamericanos optan por ingresar al país por las rutas menos accesibles y más peligrosas, exponiéndose a ser víctimas de la delincuencia, a accidentes, a crímenes y al riesgo de ser extorsionados e incluso asesinados por las corporaciones federales mexicanas.

Acciones antiinmigrantes son el pan de cada día, lo eran con AMLO y lo siguen siendo con Sheinbaum, enfrentamientos entre la Guardia Nacional y caravanas de migrantes, disparos de la Guardia Nacional dejando heridos y muertos, desalojos de campamentos en Ciudad de México, nulo apoyo a albergues, trámites migratorios ineficientes y un largo etcétera. Los flujos migratorios hacia EEUU no pararán muy a pesar de las medidas restrictivas de Trump como la eliminación del CBP One o el parole humanitario.

Como parte integral de la solución al asunto de los migrantes en EEUU, mexicanos y de otras nacionalidades, es menester la unidad de los trabajadores estadounidenses y la clase obrera multinacional conformada por trabajadores provenientes de una gran diversidad de países. La solución no es exacerbar los nacionalismos, la solución vendrá con el enarbolamiento de la bandera del internacionalismo proletario, la solidaridad, hermandad y fraternidad entre los trabajadores de todos los países, y en este caso concreto de la clase obrera de EEUU.

Unidad que es necesaria para enfrentar las políticas antiinmigrantes promovidas tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata, tal y como lo demostraron las deportaciones masivas bajo los gobiernos de Bush, Obama y Biden, y que ahora se recrudecen con Trump.

Y como parte integral de la solución a la cuestión migrante en la región, incluyendo a los mexicanos, latinos e hispanos en EEUU y otros países, es inaplazable que los comunistas de la región, los sindicatos y movimientos clasistas desarrollen una orientación y actividad coordinada contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las políticas antiinmigrantes y por la organización unitaria del proletariado de cada país con los trabajadores migrantes.