El caso de Tania Román y la ofensiva contra la gratuidad de la educación en Chihuahua
Núcleo del FJC: Doroteo Arango, Ciudad Juárez, Chihuahua
El reciente caso de Tania Jimena Román Villalba, estudiante de Economía Internacional en la UACh, reprimida por exigir el derecho a estudiar sin condicionamiento económico, es un síntoma claro de algo más profundo: la ofensiva contra la educación pública y gratuita en Chihuahua. No es un hecho aislado ni un error administrativo. Es la confirmación de que las universidades y escuelas de todo el país han dejado de ser espacios abiertos donde el principal propósito es el acceso a la educación y se han convertido en aparatos burocráticos con intereses propios, dispuestos a violentar derechos si con ello preservan su forma actual de operar.
Mientras tanto, el sistema educativo en México enfrenta una proceso de pauperización con recortes que le restan recursos todos los años. Con MORENA esto no se detuvo; ciudades y estados entregan la educación a las ganancias de los monopolios. La universidad pública ahora compite en el mercado en vez de servir a los hijos de los obreros y a los obreros, y eso lo sabemos.
Aquí en Chihuahua eso se refleja con claridad. La gobernadora se llena la boca con su slogan “Cuenta conmigo”, pero su gobierno aplica recortes a la educación mientras utiliza organizaciones estudiantiles —que ya de por sí son pro-sistema— para ponerse la medallita. Le intentan hacer creer a la gente que atiende demandas comunes como el transporte —a fecha de hoy no se ha resuelto el problema del transporte para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACh no cuenta con transporte y es una demanda común de muchas escuelas públicas y universidades— a la vez mantiene reducciones presupuestales, impulsa contratos privados, abandona mantenimiento y precariza instalaciones. Eso no es apoyo, es simulación y campaña.
Desde hace años, las autoridades universitarias justifican las cuotas como una necesidad económica. En realidad, estos cobros representan un porcentaje mínimo del presupuesto universitario. La mayor parte de los recursos proviene de los impuestos que pagamos todos. En otras palabras, la educación ya está financiada por el pueblo; las cuotas no sostienen a las universidades, pero sí alimentan redes internas de control y corrupción, puestos con salarios exagerados como el salario del rector, mafias en las administraciones que se resisten a perder su parte del botín.
Pero, no se trata solo de dinero: las cuotas también son un filtro social, un candado que excluye a quienes no pueden pagar, metiendo la idea de que estudiar es un privilegio y no un derecho. En Chihuahua, como en el resto del país, esta práctica avanza de la mano de otras políticas privatizadoras, reforzando un modelo donde la universidad actúa como empresa y el estudiante como cliente.
El caso de Tania muestra que la lucha por la gratuidad no será fácil. Quienes se han beneficiado de este sistema no van a soltarlo voluntariamente. Pero también la indignación que llevó al alzamiento de la voz de estudiantes y movimientos regionales demuestra que es posible, la historia del movimiento estudiantil mexicano tiene ejemplos de victorias parciales, gestiones donde se logró la gratuidad o se frenaron aumentos. No es un sueño imposible, es un horizonte alcanzable si se construye organización de base y de manera sostenida.
La respuesta no puede ser individual. La agresión contra Tania es una agresión contra todo el estudiantado. Si la UACh decidió aplicar represalias a una alumna, como ya lo ha venido haciendo con los que reclaman su derecho a la educación, debe saber que se enfrenta a un movimiento estudiantil nacional que no permitirá que se pisoteen nuestros derechos. La articulación de fuerzas como la CNED (Central Nacional de Estudiantes Democráticos), movimientos estudiantiles regionales como el MOESA, el Frente Estudiantil UACJ, el Frente Estudiantil Sinaloense, y demás organizaciones estudiantiles vinculadas, puede abrir la posibilidad de que, por primera vez en mucho tiempo, desde el norte del país se geste un poder estudiantil organizado por la gratuidad universitaria que tenga impacto a nivel nacional.