La salud reproductiva es reconocida en tratados internacionales y en la Constitución mexicana como un derecho humano fundamental. Sin embargo, entre lo que establecen las leyes y lo que viven miles de mujeres en el país existe una profunda brecha: legislaciones locales restrictivas, instituciones que niegan servicios y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad. Este análisis busca mostrar cómo, a pesar de los avances legales, en México la salud reproductiva continúa siendo un derecho vulnerado más que garantizado.