Por: Corresponsal de El Machete

En agosto de 2025 se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán contra el expresidente y dueño de la Universidad Mesoamericana de San Agustín, ubicada en el centro de Mérida. La acusación señala al ahora expresidente de la institución Jorge Sauma Zapata por presunto hostigamiento y abuso sexual en contra de una trabajadora del centro educativo. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando el acusado solicitó a la víctima sus servicios de rehabilitación a domicilio y, durante la visita, cometió el delito.

Durante el tiempo previo a la denuncia, esta persona continuó laborando en el plantel educativo, pues como a todas las trabajadoras, la necesidad de supervivencia la hace trabajar aunque su agresor se encuentre en el mismo centro de trabajo, posteriormente fue despedida de manera injustificada. Ante esta situación, la trabajadora tomó la valentía de presentar su denuncia, pues el despido representó un punto de quiebre al perder su principal fuente de ingresos.

Después del suceso, la denunciante comenzó a recibir mensajes intimidatorios en los que se le acusaba de buscar dinero o de querer llamar la atención. Además, la rectora María Eugenia Sansores Ruz acudió al domicilio de la denunciante pocos días después de interpuesta la denuncia; al percatarse de su presencia, la víctima cruzó la calle, y la rectora huyó en su vehículo hacia el Periférico. En agosto de este año, la trabajadora presentó también una demanda ante la CECOLEY por despido injustificado y acoso laboral.

La investigación avanza con lentitud, aunque ya existe una notificación por parte de la Fiscalía y una representación legal del acusado. También se han reportado actos de intimidación, pues trabajadores de la UMSA obtuvieron el número de la víctima y le enviaron mensajes con fotografías de su vehículo, acompañadas de frases como “sabemos que aquí está tu vehículo”. Ante esto, la denunciante ha alzado la voz para exigir que la Fiscalía investigue a fondo. Todo lo anterior evidencia el ambiente insano que prevalece en esta universidad, donde los cargos de poder se utilizan para el abuso y la impunidad.

Algunas personas han cuestionado por qué la denuncia no se hizo antes, sin considerar lo difícil que resulta para una víctima reunir el valor necesario para denunciar, especialmente cuando enfrenta la pérdida del empleo y la vulnerabilidad económica; y cuando el agresor tiene todos los medios económicos para comprar al sistema de justicia.

Las y los rehabilitadores, en particular las mujeres que ofrecen servicios a domicilio se exponen constantemente a situaciones de riesgo. Aunque el trabajo a domicilio puede ser redituable, muchas prefieren atender únicamente a personas conocidas para reducir el peligro.

Hacemos un llamado, no solo a la solidaridad con la denunciante, exigiendo justicia para su caso y difundiendo la noticia, pues los medios burgueses han establecido un cerco mediático alrededor de él, sino también para la organización de las y los trabajadores rehabilitadores, pues conocemos la precariedad de su trabajo, así como que no cuentan con una organización sindical que vele por sus derechos y salga en su defensa cuando éstos se ven violentados, especialmente las mujeres trabajadoras de esta profesión.