Sección Obrero Sindical del Partido Comunista de México (PCM)

¿Podemos confiar los trabajadores en que un gobierno que se ha caracterizado por ser antiobrero y profundamente demagógico, como es el de la presidenta Claudia Sheinbaum, vaya a impulsar una reforma laboral que realmente reduzca la jornada laboral y favorezca los intereses de la clase trabajadora?

¿O es posible que la clase obrera confíe en un Congreso donde todas las iniciativas de ley aprobadas por las dos cámaras, aun cuando se presentan bajo el argumento de que favorecerán a los trabajadores, en los hechos no sólo no se traducen en un beneficio concreto, sino que traen repercusiones negativas para nuestra clase?

La demanda por la reducción de la jornada laboral, para que esta sea de 40 horas a la semana en vez de las 48 horas que actualmente se laboran de manera oficial, de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, surgió en primera instancia, de manera poco masiva, entre los obreros maquiladores del norte del país, a iniciativa de Susana Prieto Terrazas, quien la propuso durante su periodo de diputada federal en la LXV Legislatura. Dicha iniciativa, que no sólo es justa sino necesaria, se fue extendiendo hasta alcanzar un carácter nacional entre el movimiento obrero y, en especial, entre jóvenes trabajadores del país. Hay que señalar que no fueron, y no son, los grandes sindicatos o las centrales obreras de mayor número las que han impulsado este derecho, mismo que desde 1935 ha constituido una demanda del proletariado internacional; motivo por el cual, como producto de la lucha combativa y con influencia del objetivo general del socialismo-comunismo, en ningún momento como graciosa o unilateral concesión desde el Poder, en México varios de los sindicatos de las industrias estratégicas han gozado de esta prestación desde hace varias décadas.

La propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas fue, por una parte, retomada por las diferentes fracciones parlamentarias en esa Legislatura y presentada con diferentes modificaciones, mientras esto ocurría en el Congreso también se fraguaba la desaparición de varios centros de investigación y otros organismos públicos descentralizados, lo que significó un atentado contra los trabajadores de estos espacios e instituciones, quienes se movilizaron en defensa de su derecho a la estabilidad laboral, entre otros movimientos obreros que protestaban para reclamar solución a su conflicto laboral, algunos tan añejos como el de los ferrocarrileros o los estibadores del puerto de Veracruz.

Es importante precisar que hay suficientes elementos para afirmar que la propuesta de reducir la jornada laboral no surge, en este periodo de gobiernos socialdemócratas, como una demanda del movimiento obrero y sindical, sino como una medida política y un ofrecimiento gubernamental del actual gobierno federal. Prueba de ello es que las palabras, las promesas, los diálogos se convirtieron en largas absolutas, en impedir a toda costa llegar a un punto de decisión favorable a la iniciativa y en múltiples ejemplos de la deformación, por parte de todas las fuerzas políticas institucionales, y en especial de MORENA, de la propuesta inicial para volverla inofensiva y útil a los grandes capitalistas.

De manera más reciente, el ofrecimiento que hizo la presidenta Sheinbaum el 1 de mayo pasado, sobre presentar una reforma para reducir la jornada laboral, transitó por la promoción y ejecución de un supuesto diálogo y consenso tripartito: Gobierno, patronal y sindicatos; donde el Estado, con aparente neutralidad, escuchó a las partes interesadas, no en cuanto a si estaban o no de acuerdo en la reducción de la jornada, sino en cómo se implementaría dicha medida. Más bien, en cómo se implementaría esa medida con el menor impacto positivo directo entre la clase trabajadora. Cabe resaltar que el llamado método tripartita solo ha sido escuchar a los grandes capitalistas a partir de tres fuentes distintas y con la variedad de matices que los caracterizan, con el consenso de sostener la explotación e intensificación por todos los medios, en medio de la mayor ausencia posible de toda voz obrera y trabajadora organizada de manera genuina, es decir, con independencia de clase.

Destacando aquí, por parte de la patronal, a la COPARMEX, intransigente con su negativa a reducir la jornada laboral. Mientras que por parte de los sindicatos, y decimos de los sindicatos que no de los trabajadores, la expresión ha sido limitada y adocenada. Ello por dos razones: en primer lugar, la gran mayoría de los trabajadores de este país no están sindicalizados, por lo que no se encuentran representados; por otra parte, para sobrevivir a los tiempos de cambio, el sindicalismo en México se ha adaptado a las transformaciones que ocurren en la gestión del poder de los monopolios, y así, en la primer mesa de diálogo estuvieron presentes: el diputado federal (por MORENA) con licencia, Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y Presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y el ex senador y ex diputado federal (por el PRI) Tereso Medina, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Pero lo que más llama la atención es la posición del líder de la CATEM, ex senador de la República y hoy diputado federal (por MORENA) Pedro Haces Barba, quien fue hasta octubre pasado uno de los líderes sindicales que más ferozmente se opuso a la reducción de la jornada laboral, mismo que en el último mes se ha convertido en un manso impulsor de la iniciativa que va a proponer la presidenta. ¿Qué significa esto? Seguramente nada favorable para la clase obrera.

Otros líderes sindicales como Mario Madrigal Magaña, del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes, Comunicaciones, y Servicios en Entidades Locales y Federales., SINTOLED; Iván Navarro Morales, secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana e incluso el líder del SME, Martín Esparza, han expresado de una u otra manera una posición timorata en este tema, ya que están más preocupados por garantizar la seguridad de las empresas que los beneficios de los trabajadores.

Al fin y al cabo que en realidad las negociaciones se han realizado desde hace cerca de dos años entre las cámaras empresariales, los líderes sindicales, consultores y especialistas, entiéndase iniciativa privada. Por lo tanto, creemos que la iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral, que va a proponerse en la segunda parte del mes de noviembre, está contundentemente inclinada a favorecer a la patronal y en grado mínimo a los trabajadores.

Es altamente probable que la propuesta gubernamental sea una modificación a la LFT y no una reforma constitucional, lo que permitiría una mayor flexibilidad en la aplicación de la propia ley y, por lo tanto, administrar y diferir el derecho laboral a través de distribuir la base de 40 horas por jornada semanal en los seis o siete días laborables.

La reducción gradual de la jornada ha sido una de las primeras propuestas defendidas por la patronal en los diálogos para reducir la jornada laboral; aceptando esta premisa proponen que sea en un plazo de cinco años que se pueda efectuar dicha reducción de manera cabal y completa, lo cual no representa ningún progreso en las condiciones de vida de la clase trabajadora. La propuesta de “los trabajadores”, a través de los líderes sindicales que han participado en los diálogos, ha coincidido con la de las cámaras empresariales: aunque proponen un periodo de dos años y no de cinco como tramo paulatino y que cada sindicato o grupo de trabajadores negocie por separado la implementación de la reducción, lo cual no solo vuelve inofensiva la nueva medida, apela al visto bueno de los sectores de la clase obrera menos conscientes o más confiados en el Poder de los Monopolios y, finalmente, atomiza y divide a las y los trabajadores para evitar su lucha unitaria, indignada, resuelta, combativa y organizada.

Todo parece indicar que la iniciativa que presentará el gobierno será la de una prórroga o aplicación paulatina hasta por cinco años, pues incluso los líderes sindicales han expresado también que “deben” ser responsables para no meter presión a los patrones, por lo que se “deben” dar facilidades e incentivos fiscales a las empresas al tratarse de una situación “delicada” para el sector productivo.

Lo avanzado de la propuesta original por parte de Prieto Terrazas, y no obstante que ella como promotora principal evadió concitar mayor congregación y convicción de la clase obrera en torno a ésta, era que además de que planteaba una reforma constitucional, era una jornada laboral con dos días de descanso. En cambio, en los actuales “diálogos” se ha consensuado la aplicación de la flexibilidad laboral, es decir, la legalización de los esquemas flexibles de horarios laborales o flexibilización de los esquemas de trabajo, que profundizan los paros técnicos en interés de los empresarios. La flexibilización de los esquemas laborales puede significar que las empresas administren la mano de obra según los vaivenes de la crisis económica, mandando a “descansar” a grandes masas de trabajadores, tal como se hizo durante la pandemia, donde más del 60% de las empresas recurrió a esta medida ajustando las jornadas y salarios de los trabajadores, o desde la crisis del 2008, donde los paros técnicos han sido una medida recurrente para evitar pérdidas a las empresas, lo que provocaría el aumento de formas de contratación temporal, o subcontratación, que aunque legalmente están prohibidas en el mundo real persisten y precarizan las condiciones de trabajo. Otra propuesta de la patronal son los nuevos modelos de trabajo, que ya no serían por jornada de ocho horas, sino por objetivos, lo cual ya ocurre y esta nueva decisión legislativa consumaría su legalización, mismo caso para el pago por hora y la flexibilidad de las contrataciones. Como podemos suponer o comprender, detrás del slogan por las 40 horas, las y los diputados o senadores, de los grandes propietarios en el país llevarían a cabo una gran contrarreforma, una decisión legislativa lesiva para el presente y el futuro de la clase obrera, de las y los trabajadores.

Otro tema a tomar en cuenta son los tiempos extraordinarios u horas extras. En estos rubros la pretensión de la patronal va desde modificar la regulación del tiempo extra hasta eliminar la regulación del mismo, que sería en los hechos otra manera de formalizar la sobre explotación y el abaratamiento de la fuerza de trabajo, con lo que ello implica en detrimento en las condiciones de vida para millones de familias obreras.

Y, finalmente, la patronal pide facilidades y exenciones de impuestos para las empresas que acepten y se adapten a la reducción de la jornada laboral.

Una iniciativa de ley que no sea una reforma constitucional, que alargue su aplicación cabal y completa a un periodo de varios años, que legalice usos y costumbres capitalistas en los distintos centros de trabajo, que no “nuevas” formas de explotación, y que, en suma, favorezcan a la patronal y no a la clase trabajadora, no constituye una iniciativa que debamos aceptar, consentir y agradecer los trabajadores.

La clase obrera, ante este escenario preocupante, necesita considerar la mejor y más completa manera de retomar el cause de la lucha de clases, con el objetivo de satisfacer sus necesidades contemporáneas en el centro de la misma.

En el Partido Comunista de México proponemos que la jornada laboral debe y puede reducirse hasta las 35 horas semanales, y trabajamos en la organización de nuestra clase para ese fin; mientras tanto, estamos convencidos de que una verdadera reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas debe hacerse sin trastocar ningún otro derecho ni modificar lo ya establecido en la ley en cuanto a la jornada laboral, ya que de lo contrario: en lugar de aliviar la explotación de los trabajadores y generar empleo, los trabajadores cargarán sobre si una mayor explotación, estando obligados a encontrarse a disposición del patrón cuando a éste le plazca, con la flexibilización de los horarios. El PCM está a favor de la reducción de la jornada laboral, pero no a costa de la modificación de otras conquistas para favorecer a los patrones, también nos oponemos a los estímulos fiscales para las empresas pues a nuestra clase no se le condona medio centavo por cada golpe contra nuestra economía popular o nuestros derechos de clase; eso se traduce, y traducirá, en que nuevamente nosotros los trabajadores cargaríamos con el costo de dichos estímulos fiscales a favor de la patronal, en forma de recortes al presupuesto en materia social y para cubrir ese déficit en la recaudación de impuestos.

Toda reforma favorable a la clase obrera, a las y los trabajadores, requiere y debe  estar sustentada en la fuerza numérica de la clase obrera, haciéndose sentir en las calles con movilizaciones; organizándose en sindicatos clasistas; empujando a sus sindicatos a movilizarse, oponerse y exigir; a luchar, rebasando incluso a sus direcciones colaboracionistas o francamente pro patronales, para hacer una reforma que verdaderamente sea en favor de los intereses de la clase obrera y haga valer todos los derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en la actual Constitución.