Por P.S.S.C.D

El costo humano de sostener el sistema de salud.

El 29 de diciembre del 2025, fallecieron dos médicos pasantes y una pasante enfermera. Murieron transitando una carretera que, si eres de Namiquipa o conoces esta región, seguramente has recorrido y sabes las condiciones de riesgo del tramo conocido como La cuesta del toro. Hablar de la muerte de un pasante nos obliga a reconocer algo incómodo: pudo haber sido cualquiera. Cualquiera de nuestros amigos del sector salud, cualquiera de los jóvenes que vimos graduarse este año con promesas de futuro.

Esto no es simplemente un accidente de tránsito. Hace voltear la mirada hacia una realidad estructural. Es la consecuencia de un sistema que exige sacrificio absoluto a quienes menos poder tienen, mientras ofrece protección mínima —o nula— a cambio.

En México, al concluir la licenciatura en salud, se establece un año de servicio social como requisito para la titulación. Después del baile, de la ceremonia y de los discursos sobre vocación y las maravillas que te depara el futuro, llega la toma de plazas. Y aunque muchos desean permanecer cerca de casa, la realidad es que la mayoría es enviada a comunidades rurales, frecuentemente aisladas y precarizadas.

Es importante decirlo con claridad: el servicio social en comunidades rurales no es el problema. Por el contrario, puede ser una de las experiencias humanas y profesionales más valiosas. Ahí se aprende a trabajar con lo que hay —porque casi nunca hay más—, se crean vínculos profundos con la comunidad y con otros pasantes que comparten el mismo cansancio, la misma vocación y sobre todo, la misma vulnerabilidad. Se ejerce la medicina desde la necesidad real, no desde la comodidad.

El problema real son las condiciones bajo las cuales el estado decide sostener este modelo.

Los pasantes son enviados solos, lejos de su red de apoyo, sin garantías reales de seguridad, sin vivienda digna, sin transporte, sin viáticos y, muchas veces, viviendo dentro del propio centro de salud. Se les paga poco, tarde y mal: un salario que no llega durante los primeros meses y que obliga a “resolver como se pueda”. Se exponen a caminos de alta peligrosidad agraviado por la falta de inversión. Todo esto mientras se les exige disponibilidad casi total, jornadas extensas, atención a decenas de pacientes y responsabilidad plena ante emergencias.

Estos riesgos son invisibilizados hasta que se materializan. Hasta que un centro de salud es baleado. Hasta que un pasante desaparece. Hasta que tres jóvenes —Miguel Ángel, Ariel Arturo y Claudia— mueren camino a cumplir con un requisito académico.

Tras la tragedia, las instituciones hacen lo que saben hacer mejor: emitir comunicados de duelo. La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y las universidades ya expresaron su “acompañamiento”, pero ese acompañamiento no se traduce en cambios estructurales ni en apoyo real. No hay revisión profunda del modelo impuesto, no hay asunción de responsabilidades, no hay garantías nuevas. Solo lamentos. No hablemos sobre apoyar realmente a las familias con gastos funerarios, su apoyo se queda enteramente en una publicación en redes sociales uniéndose a la pena que invade a los allegados de estos maravillosos médicos e increíbles personas.

Aquí es donde el problema deja de ser accidental y se vuelve político.

Todos hemos sido testigos de que son jóvenes los que conforman casi en su totalidad la atención en centros de salud. Jóvenes trabajadores que no tienen acceso a una remuneración justa —y no hablo sobre lo monetario— Porque ¿qué tipo de sociedad necesita del trabajo de jóvenes profesionistas para sostener la atención médica en zonas rurales, pero no es capaz de garantizarles condiciones mínimas de dignidad y seguridad? ¿Cómo una sociedad que se presume productiva y rica normaliza que quienes se están formando —y ya sostienen el sistema— vivan en riesgo constante? ¿Por qué el deber es obligatorio, pero los derechos son opcionales?

Como señaló Engels, esto se parece peligrosamente a un asesinato social: cuando las condiciones impuestas por la organización de la sociedad hacen que la muerte no sea un error, sino una consecuencia previsible. Aquí se exalta el sacrificio, pero los costos generales recaen siempre sobre los mismos: la clase obrera y, particularmente, su juventud; personas sin poder, recursos ni alternativas reales. Mientras tanto, quienes nunca pisarán una carretera como la cuesta del toro reciben atención médica de primer nivel y viajan en condiciones óptimas.

No se trata de eliminar el servicio social ni de abandonar a las comunidades rurales. Se trata de preguntarnos bajo qué condiciones se sostiene este sacrificio y quién asume sus costos. Si el Estado necesita a estos pasantes, entonces debe hacerse cargo de ellos de verdad: con infraestructura, seguridad, apoyo material y garantías reales.

Hoy, Miguel Ángel, Ariel Arturo y Claudia Lizeth ya no están. Para sus familias son una ausencia irreparable. Para un sistema que prioriza la ganancia sobre el bienestar social, estas víctimas son una estadística incómoda: una plaza más que simplemente hay que llenar. Mientras no se cuestione este orden social que exige deberes sin otorgar derechos, seguirán siendo solo eso: vidas sacrificadas en nombre de una normalidad inaceptable, donde unos padecen carencias y otros no.