Por: Luna Grajales

La crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Campeche ha dejado al descubierto una verdad incómoda pero constante: cuando el poder entra en disputa, la comunidad estudiantil es la primera en ser utilizada y la última en ser escuchada. Entre detenciones polémicas, narrativas de victimización y nombramientos apresurados, los estudiantes aparecen solo como telón de fondo, como cifra, como discurso conveniente. Nunca como sujetos políticos con voz propia. Esta exclusión no es casual ni circunstancial; es el resultado directo de una estructura universitaria que reproduce las lógicas del Estado burgués.

La universidad no es un espacio aislado de la lucha de clases. Es un aparato ideológico donde se forman conciencias, se normalizan jerarquías y se disciplina la crítica. Por eso, cuando estalla una crisis institucional, lo que está en juego no es únicamente la legalidad de un procedimiento o la legitimidad de un nombramiento, sino el control político e ideológico de la educación pública. En ese juego de poder, los estudiantes son vistos como recursos: se les convoca cuando conviene, se les silencia cuando incomodan y se les reprime cuando se organizan.

La dignidad estudiantil ha sido sistemáticamente vulnerada. Se ha negociado el acceso a la educación, se ha utilizado al alumnado con fines políticos y se ha administrado la universidad como si fuera propiedad privada de grupos y facciones. Frente a esto, se pretende imponer una falsa dicotomía: elegir entre el Estado que reprime o la autoridad universitaria que se victimiza. Pero esa elección es una trampa. Ninguno de los dos bandos representa auténticamente los intereses del estudiantado.

El estudiante queda solo, enfrentado a instituciones que hablan en su nombre pero deciden sin él. Se le exige disciplina, silencio y “madurez política”, mientras se le niega participación real en los procesos que definen el rumbo de su universidad. Se le pide confianza en estructuras que han demostrado operar con opacidad, corrupción y desprecio por la comunidad universitaria. En este contexto, la neutralidad no es una postura responsable: es una forma de complicidad.

Levantarse como comunidad estudiantil no significa defender personas, cargos o siglas. Significa defender derechos históricos: el derecho a una educación pública digna, a una autonomía real, a la libertad de organización y a la participación efectiva en la vida universitaria. Significa rechazar el papel de espectador y asumirse como sujeto político colectivo. La historia de las universidades públicas en México y en América Latina demuestra que cada avance significativo ha sido producto de la movilización estudiantil, no de concesiones desde arriba.

La organización estudiantil es, en este sentido, una necesidad histórica. No una organización subordinada a partidos burgueses, gobiernos o rectorías, sino una organización autónoma, crítica y solidaria. Una organización que no se preste a disputas ajenas, pero que tampoco permanezca inmóvil frente a la injusticia. La dignidad no se negocia y los derechos no se mendigan: se defienden colectivamente.

Hoy, más que nunca, la comunidad estudiantil de la UAC debe levantar la voz no para legitimar un nuevo orden impuesto, sino para cuestionar de raíz el modelo universitario que permite estos abusos. La lucha no es por un nombre en la rectoría, sino por una universidad que deje de ser un instrumento del poder político y se convierta en un espacio verdaderamente al servicio del pueblo.

Porque cuando el Estado reprime y la autoridad universitaria traiciona, la única salida digna es la organización consciente desde abajo. Levantarse como estudiantes es un acto de resistencia, pero también de construcción: de una universidad distinta, donde la autonomía no sea un discurso vacío y donde la dignidad estudiantil sea el punto de partida, no la última preocupación.