Por: Luna Grajales

La crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Campeche no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple conflicto jurídico-administrativo. Es, en esencia, la expresión concreta de un sistema político podrido, donde el Estado burgués y las falsas autonomías universitarias funcionan como engranajes de una misma maquinaria de dominación. En este escenario, el rector José Abud Flores, detenido el pasado 12 de enero por posesión de drogas, no es una víctima inocente del autoritarismo estatal, sino un actor político que durante años se benefició de las mismas lógicas de poder que hoy dice combatir.

La universidad no es un espacio neutral, es un aparato ideológico del Estado que reproduce las relaciones de clase y sirve, en gran medida, a los intereses de la burguesía local y nacional. Bajo esta lógica, la rectoría de la UAC se convirtió en un botín político. Las denuncias difundidas durante el proceso electoral de 2024 (en las que se exhibe a Abud Flores utilizando su posición para chantajear a jóvenes aspirantes, negociando lugares de ingreso a cambio de favores políticos) muestran con claridad cómo la educación pública fue instrumentalizada para beneficiar a un grupo político específico, vinculado abiertamente a la derecha.

No es menor que el partido al que favorecieron estas prácticas haya sido el mismo al que sí se le permitió entrar a la universidad a “hablar de ideologías” con el estudiantado, mientras se negaba ese espacio a otras corrientes. La supuesta autonomía universitaria se revela así como una ficción: no autonomía frente al capital y al poder político, sino autonomía selectiva, funcional a los intereses de una élite universitaria aliada con sectores reaccionarios.

A esto se suman los señalamientos sobre el presunto desvío de recursos públicos. Fondos destinados a mejorar la calidad educativa y a impulsar la investigación habrían sido utilizados (según conversaciones oficiales filtradas) para operar campañas electorales. De confirmarse, no solo estaríamos frente a un acto de corrupción, sino ante la utilización directa del trabajo colectivo y del presupuesto público para sostener un proyecto político ajeno a los intereses de la comunidad universitaria. Abud Flores no sería entonces un rector perseguido, sino un administrador universitario que convirtió la institución en una plataforma personal y de grupo.

Sin embargo, el Estado campechano tampoco puede presentarse como el paladín de la justicia. La detención del rector, realizada mediante un operativo claramente preparado, con armas largas y sin una revisión visible del vehículo, abre serias dudas sobre el respeto al debido proceso. La versión oficial, que habla de una “revisión de rutina” derivada de una denuncia anónima por armas, no resiste un análisis mínimo: si la denuncia era por armamento, ¿cómo se explica el hallazgo de estupefacientes?, ¿por qué no se observa ningún procedimiento estándar?, ¿por qué no se reconoció de inmediato que se trataba de un vehículo oficial de la UAC?

Aquí se revela la otra cara del problema: el uso político de las instituciones del Estado. Cuando fallan los mecanismos administrativos para destituir, aparece la fuerza, la criminalización y la espectacularización de la justicia. No para combatir la corrupción de fondo, sino para reacomodar el control político de la universidad. El Estado no actúa en nombre del pueblo, sino en función de sus propias disputas internas.

En medio de este enfrentamiento entre élites (el gobierno estatal y la cúpula universitaria), el estudiantado queda completamente solo. Reprimido por el Estado cuando se organiza, utilizado por el rector cuando conviene, y abandonado cuando ya no es funcional. No existe democracia real ni libertad efectiva. El rector reprime y luego se martiriza; el Estado reprime, controla, amenaza y amedrenta. Ambos se disputan el control, no la transformación.

El nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Campeche no puede analizarse únicamente desde su trayectoria individual, sino desde el momento político en el que ocurre. Su perfil académico es sólido e incluso incuestionable: formación profesional amplia, vínculo histórico con la UAC y reconocimiento dentro de la comunidad universitaria. En condiciones normales, su designación podría leerse como un relevo institucional legítimo. Sin embargo, las condiciones actuales distan mucho de la normalidad.

La rapidez con la que se concretó su nombramiento, inmediatamente después de la detención del rector José Abud Flores, coloca el proceso bajo sospecha. No por la figura de la nueva rectora en sí, sino por la forma en que el relevo se inserta en una crisis política más amplia. Desde una lectura crítica, la autonomía universitaria aparece nuevamente subordinada a disputas de poder externas, donde la rectoría funciona como pieza estratégica y no como expresión de la voluntad colectiva de la comunidad universitaria. Al mismo tiempo, es evidente que el nuevo nombramiento representa una oportunidad política para Morena. La llegada de una rectora con prestigio académico, imagen institucional y capacidad de interlocución con sectores juveniles permite al partido recomponer legitimidad, especialmente entre estudiantes que han sido históricamente críticos del poder. En ese sentido, más que una ruptura con las prácticas del pasado, el relevo puede entenderse como una maniobra de contención: cambiar el rostro para estabilizar el control.

Así, el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado se mueve en una contradicción clara. Por un lado, encarna un perfil que podría fortalecer la vida académica de la UAC; por otro, su designación ocurre en un contexto que debilita la credibilidad de la autonomía universitaria y refuerza la percepción de que las decisiones clave se toman bajo presión política. La pregunta no es si la nueva rectora es capaz, sino si tendrá el margen real para gobernar una universidad que sigue atrapada entre el Estado, los partidos y sus propias élites internas.

La solidaridad no puede dirigirse ni al rector caído en desgracia ni a un Estado que simula combatir la corrupción mientras reproduce prácticas autoritarias. La única posición coherente es con los estudiantes, trabajadores y comunidades universitarias que no comen de la mano de ningún poder. La autonomía real no vendrá de decretos ni de nombramientos, sino de la organización consciente, colectiva y crítica.

Porque mientras la universidad siga siendo un espacio secuestrado por intereses de clase, no habrá libertad, no habrá democracia y no habrá justicia. Solo la lucha organizada puede romper este círculo de podredumbre institucional que hoy se disfraza de legalidad y mañana de victimización.