Comité Regional del PCM en la Península de Yucatán

La historia, cuando se la despoja de los velos morales y de las celebraciones póstumas que buscan neutralizar su contenido ideológico, se revela como el escenario en el que las clases sociales ensayan una y otra vez su emancipación, no bajo condiciones elegidas libremente, sino bajo aquellas que les son legadas por el desarrollo histórico. El gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán fue una de esas tentativas en las que la clase trabajadora, sometida durante siglos, logró por un breve instante erguirse, no como un accidente ni como una anomalía regional, sino como fuerza histórica consciente, resultado necesario de la lucha de clases que había madurado en silencio bajo el peso del henequén, la deuda y el látigo.

Es preciso señalar que las condiciones de explotación y miseria que caracterizaban los primeros años del siglo XX no eran exclusivas del actual estado de Yucatán, sino que se extendían a toda la Península. Dichas condiciones fueron el resultado del recrudecimiento de la opresión de clase, posterior a más de cincuenta años de la históricamente llamada “Guerra de Castas”, que en esencia no fue otra cosa que una prolongada rebelión indígena contra el despojo, la servidumbre y la dominación.

En este contexto, en 1921, durante el Segundo Congreso Obrero de Izamal, el Partido Socialista del Sureste, el Partido Agrario del Sureste y las Ligas de Resistencia Socialista de Campeche, Yucatán y el entonces territorio de Quintana Roo se unificaron para constituir la Federación de Ligas de Resistencia Socialista. Bajo la guía política del Partido Socialista del Sureste, esta articulación se propuso conquistar fines abiertamente comunistas, entre ellos la expropiación de la industria y de las tierras en manos de los hacendados, sin indemnización de ningún tipo.

Estas medidas, que en la práctica iban encaminadas a la socialización de los medios de producción, encontraba su símil en la labor que, 4 años antes, los bolcheviques rusos habían impulsado en el programa de su Partido, lo cual echa por la borda la interpretación del oportunismo contemporáneo sobre que lo ocurrido en Rusia no fue producto más que de la casualidad o de un fenómeno que no se repetiría jamás fuera de Europa. El programa adoptado en el Segundo Congreso Obrero de Izamal fue una demostración de que la Revolución Socialista, a pesar de poder ajustarse a particularidades locales o nacionales, se guía por una serie de leyes de aplicación universal y de que los socialistas yucatecos lo comprendían bien, al menos en lo tocante a la socialización de los medios de producción y el choque frontal y sin concesiones contra la burguesía que desesperadamente intentará recuperar su Poder.

En ese sentido, la base material del Poder socialista en Yucatán no se encontraba en una comunidad campesina idílica ni en formas precapitalistas supervivientes, sino en la posición concreta de los trabajadores dentro de relaciones capitalistas de explotación. Estos trabajadores no eran campesinos libres en sentido estricto, sino obreros agrícolas insertos en una industria agroexportadora de enclave, organizada en torno al henequén, la caña y otras actividades orientadas al mercado mundial.

Producían valor bajo relaciones capitalistas, aunque dichas relaciones estuvieran recubiertas por formas extremas de coerción extraeconómica que combinaban explotación de clase y servidumbre. La separación forzada de los productores respecto de la tierra y su conversión en fuerza de trabajo cautiva constituyó el fundamento real del dominio de un sector específico de la burguesía, la llamada Casta Divina, que concentraba la tierra, los medios de producción y el Poder político.

La restitución de la tierra comunal, la recuperación de la milpa y la autosuficiencia alimentaria no representaron un retorno romántico al pasado como algunos teóricos posmodernos insisten hoy en día. En Yucatán, la liberación del trabajo no podía darse por la vía de un mercado laboral libre, inexistente en la práctica, sino mediante la destrucción material de la relación que hacía del trabajador una mercancía atada a la hacienda. La base del Poder socialista fue, por tanto, la desarticulación del régimen de explotación agrario industrial. El proceso revolucionario transformó al obrero cautivo de la hacienda en trabajador libre organizado colectivamente.

El Poder no se concentró inicialmente en el gobierno ni en el aparato estatal. Sus órganos primarios fueron las Ligas de Resistencia Socialista. En ellas se decidía, se organizaba, se educaba y se ejercía control social. Su capilaridad permitió que el Poder se desplegara en pueblos, haciendas, caseríos y ciudades, penetrando allí donde el Estado liberal burgués no había sido más que una sombra lejana o una fuerza represiva.

El ejercicio del Poder fue directo y permanente. La democracia dejó de ser un ritual electoral episódico para convertirse en una práctica cotidiana. Las decisiones fundamentales se tomaban colectivamente y el Poder se ejercía en la vida diaria, en la organización del trabajo, en la distribución de la tierra, en la educación y en la cultura. No existía una separación tajante entre lo político y lo social, porque ambos se fundían en la práctica concreta de la organización popular.

El Partido Socialista del Sureste actuó como instancia de articulación política de este poder. Fue su guía y su vanguardia organizada. Fiel a sus definiciones programáticas, depuró sus filas expulsando a quienes concebían al partido como un instrumento para fines personales, así como a aquellos que, bajo un discurso revolucionario, subordinaban a la clase trabajadora del campo y la ciudad a proyectos de conciliación con la burguesía, tal como había ocurrido en la etapa reformista encabezada por Salvador Alvarado, quien fue expulsado con otros traidores en el Segundo Congreso Obrero de Izamal.

La relación con el Estado burgués fue necesariamente contradictoria. Uno de los límites estratégicos del Partido Socialista del Sureste fue mantener, de una u otra forma, su vínculo con el Estado burgués mexicano, el cual no fue destruido. Aunque en la Península dicho Estado fue desplazado como centro exclusivo del Poder y desbordado por la organización popular, continuó ejerciendo directrices fundamentales, especialmente en el terreno militar. Se configuró así una situación de doble poder de hecho, en la que el gobierno socialista funcionó como expresión institucional de un poder construido desde la clase trabajadora, sin haber resuelto definitivamente la contradicción con el aparato estatal burgués a escala nacional.

Y como nos demuestra la historia, todo poder conquistado engendra inevitablemente su propia reacción. La clase dominante yucateca respondió no con debate político ni con el pacifismo que la burguesía suele exigirnos, sino con violencia abierta, sabotaje económico y conspiración armada, articulándose con sectores de la burguesía nacional y con intereses imperialistas afectados por la política del gobierno socialista.

Ante esta ofensiva, el carrillismo impulsó intentos de organización de una defensa armada popular mediante los llamados Batallones Rojos, concebidos como fuerza de resguardo del Poder conquistado por las Ligas de Resistencia Socialista. No obstante, estas iniciativas carecieron de control efectivo sobre los medios militares estratégicos, del armamento suficiente y de una dirección unificada capaz de enfrentar a un aparato castrense profesional.

La debilidad no fue exclusivamente local. El movimiento dependía, en última instancia, de un Estado central burgués que nunca dejó de ser tal y que, llegado el momento decisivo, optó por abandonar al gobierno socialista de Yucatán. El golpe de Estado delahuertista de 1923 funcionó como catalizador de esta contradicción no resuelta, dejando al movimiento aislado frente a fuerzas superiores.

En este punto se manifestó con crudeza el límite histórico del proceso. El Poder popular no logró resolver plenamente su contradicción con el Estado burgués nacional ni construir una fuerza armada propia capaz de sostener la revolución frente a la violencia organizada de clase. Tras el golpe de Estado delahuertista, ni las Ligas de Resistencia Socialista ni el Partido Socialista del Sureste estuvieron en condiciones materiales de defender el Poder de la clase trabajadora.

Aunque ambas organizaciones continuaron existiendo, e incluso ejerciendo el gobierno en años posteriores, los fines comunistas planteados en el Segundo Congreso Obrero de Izamal fueron progresivamente abandonados. Cuando, en la década de los treinta, se intentó recuperarlos, el Estado burgués mexicano respondió con el asesinato político de Rogelio Chalé, presidente del PSS, confirmando que la violencia es el último argumento del Poder de clase.

La experiencia del gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán demuestra, con una claridad que sólo otorgan los procesos históricos vividos hasta sus últimas consecuencias, que el Poder de la clase trabajadora no surge de la legalidad estatal ni se agota en la ocupación de cargos de gobierno. Su fuerza reside en la transformación material de las relaciones sociales, en la organización colectiva de la producción. En Yucatán, este poder tomó forma concreta en las Ligas de Resistencia Socialista, órganos vivos de gobierno proletario que, por un breve periodo, desplazaron al Estado burgués como centro efectivo del Poder en amplias zonas de la Península.

Sin embargo, la misma experiencia confirma otra tesis fundamental del materialismo histórico: ningún poder autónomo puede sostenerse indefinidamente si no resuelve la contradicción con el Estado burgués en su conjunto. El gobierno socialista yucateco avanzó en la construcción del socialismo, pero quedó atrapado en una relación ambigua con el Estado nacional, del cual dependía en última instancia para la coerción armada. Cuando la lucha de clases alcanzó su punto crítico, la traición política y la violencia abierta sellaron el destino del proceso.

La derrota del carrillismo no fue resultado solamente de una asimetría militar. El titubeo político también influyó de forma directa, pues, aunque se encaminaba hacia una madurez política, el PSS mantuvo cuadros oportunistas, quienes desde el Segundo Congreso Obrero de Izamal ya se habían manifestado en contra de la participación directa del Partido en la Internacional Comunista.

Hoy, cuando nuevas luchas vuelven a plantear la relación entre el Estado, el pueblo y su emancipación, la experiencia del bienio socialista en Yucatán no debe ser leída como una curiosidad regional ni como un ensayo fallido, sino como una lección histórica de primer orden. Enseña que el Poder popular puede construirse, que puede gobernar y transformar la realidad, pero también que la revolución no admite zonas grises en su relación con el Estado burgués, y que la llamada autonomía por sí misma no conduce a la emancipación de la clase trabajadora, sino que para esto es necesario derrotar por completo y en todos los frentes a la burguesía. Allí donde esa contradicción no se resuelve, la historia, implacable, vuelve a pasar factura.