Política exterior feminista: opresión al servicio del capital 

Lorena Vargas

Como parte de la política burguesa feminista del Gobierno de Claudia Sheinbaum, el 24 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con los “principios rectores para la implementación de la Política Exterior Feminista”, una serie de medidas orientadas a fomentar lo que llaman la “igualdad sustantiva”, la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres. Según el acuerdo, dichos principios se sujetan al proyecto de nación de Sheinbaum que pone al centro los derechos de las mujeres en México.

Estos criterios son sugeridos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un órgano adoptado por dicha institución en 1979 que busca “ayudar a las mujeres de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana”. La forma de trabajo es sencilla: se ordenan una serie de propuestas a través de la discusión de los 23 expertos de todo el mundo que forman el Comité, que son enviadas a las diferentes instancias gubernamentales de los países de todo el mundo, en rigor con las necesidades que observen en materia de la eliminación de la discriminación contra la mujer. Para el caso de México, se las medidas se insertan en el impulso de la participación de las mujeres y atención de problemáticas relacionadas a la cuestión de género en el campo de las relaciones exteriores.

Más allá de preguntar si estas medidas funcionarán para el siguiente periodo, hay que aterrizar el carácter que imponen las mismas. Aunque parecen rebatir las trabas internas de los organismos de Estado, de fondo se trata de la asimilación de una política que profundiza concepciones burguesas como “igualdad sustantiva” y “empoderamiento”, además de poner en práctica iniciativas que no cuestionan la raíz que provoca la desigualdad entre hombres y mujeres, sino a resistir los choques del sistema capitalista que ya la fomenta. Para el caso internacional esta intención tiene matices importantes, pero evidentes: por un lado, el posicionamiento acorde al discurso de la agenda feminista internacional, y, por otro lado, sus limitaciones reales para las mujeres trabajadoras.

Lo primero que hay que comprender es que la política exterior no es neutral, ni tampoco lo son los organismos internacionales que realizan estas recomendaciones; son los intereses de clase los que dirigen estas iniciativas, en vista de favorecer alianzas cruciales y generar condiciones adecuadas de control social y económico a nivel global, sobre todo en el contexto actual de la antesala de la guerra imperialista y la reconfiguración de los bloques imperialistas. La posición de México, en ese sentido, tampoco es neutral, pues funciona como instrumento discursivo para justificar estas alianzas.

Así, la llamada “igualdad sustantiva”, “el empoderamiento femenino” y el enfoque de género juegan un papel crucial como herramientas ideológicas del feminismo, pues atraviesan las dinámicas sociales con paliativos que no resuelven la desigualdad de fondo ni cuestiona su origen; al contrario, diluyen la consciencia de clase al dejar de señalar las relaciones de producción bajo el capitalismo como un factor clave para comprender la situación de opresión de las mujeres trabajadoras. La igualdad sustantiva como política pública, en teoría, permitiría generar oportunidades para las mujeres en iguales condiciones que los hombres; en los hechos, inserta a más mujeres como fuerza de trabajo precarizada, siendo totalmente funcional con el capital, al que se encubre como promotor de las condiciones de desigualdad a través del discurso feminista.

No es fortuito, en ese sentido, que desde la ONU se promueva la “igualdad sustantiva” en favor de un supuesto avance de la defensa de los derechos de las mujeres: funciona como parte de la estandarización de la política internacional en interés de los capitalistas, es decir, la agenda feminista internacional consolida la promoción y aplicación de políticas antiobreras dirigidas a las mujeres trabajadoras en todo el mundo. Como política exterior representa una afrenta contra la clase trabajadora internacional, pues además de tener efectos directos entre las mujeres, también fragmenta la unidad de clase entre hombres y mujeres proletarias.

Para el caso de México, no solo es absurdo el impulso de una política exterior “feminista”, “interseccional” y “comprometida” con la defensa de los derechos de las mujeres, además es contradictorio con la realidad que viven las mujeres en este país: 9 feminicidios al día siguen siendo registrados en las ciudades más importantes de México; el año pasado poco menos de la mitad de las mujeres trabajadoras percibieron un salario mínimo o menos que eso, siendo la mayoría de ellas relegadas al trabajo informal, el cual ha crecido exponencialmente en los últimos años. Además, la carga de las labores de cuidados sigue siendo un problema enquistado en la sociedad mexicana, obligando a las mujeres a pausar sus carreras universitarias o dejando sus empleos para dedicarse al hogar.

De este modo, la política exterior feminista promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte fundamental del plan de nación de Sheinbaum es en realidad una extensión de las condiciones de explotación para las mujeres trabajadoras; no busca erradicar las bases de la opresión femenina, sino de administrarlas atendiendo los intereses del capitalismo en México y sus relaciones de interdependencia. En el actual desarrollo de los conflictos interimperialistas, la participación de las mujeres trabajadoras en las cadenas de producción es fundamental para los objetivos tácticos de los países capitalistas implicados.

Esto no quiere decir que no sea necesario fomentar la lucha de las mujeres trabajadoras por sus derechos económicos y políticos: se subrayan conflictos reales como la brecha salarial y acceso limitado de las mujeres a la participación en instancias diplomáticas; sin embargo, pretender que estos problemas se resuelvan de forma institucional desde el Estado burgués es negar que éste, de hecho, sea de los principales obstáculos en la ejecución efectiva de políticas que sí defienden a las mujeres trabajadoras.

Desde una perspectiva de clase, el internacionalismo proletario plantea una orientación radicalmente distinta a la política exterior feminista: la unidad de las mujeres y los hombres de la clase trabajadora del mundo contra el imperialismo, la explotación y la barbarie capitalista. A diferencia de organismos burgueses como la ONU, que apenas sugieren medidas preventivas de equidad de género, inclusión o paridad en los marcos del capitalismo, el internacionalismo proletario rompe con esta lógica e impulsa la organización consciente de las mujeres trabajadoras en cada rincón del mundo contra las formas de opresión que genera el capital, y también contra el capital mismo.

En última instancia, la llamada política exterior feminista no representa un avance en la emancipación de las mujeres trabajadoras, sino apenas un retoque a su papel en las relaciones capitalistas actuales. Al integrar las demandas de igualdad en estos marcos, el Estado mexicano burgués no elimina la opresión, sino que la reestructura de forma consecuente con sus intereses económicos y políticos. Frente a ello, la lucha de las mujeres trabajadoras no puede subordinarse a políticas emanadas de organismos internacionales burgueses, sino que debe orientarse necesariamente en los marcos del internacionalismo proletario. La emancipación de las mujeres no será resultado de políticas públicas “con perspectiva de género”, sino de la transformación radical de las condiciones materiales que hacen posible su explotación.