Por: Celula Jesús Santrich

Las fuerzas represivas “FRIP Pakales” del gobierno morenista de Eduardo Ramírez Aguilar orquestaron el 20 de febrero una criminal represión contra la comunidad organizada de Río Florido, ubicada en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Según cifras oficiales, el saldo fue de 10 campesinos detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Estatal, siendo imputados por delitos como atentados contra la paz, pandillerismo, intento de homicidio, daños a las vías de comunicación y extorsión.

Los integrantes de la comunidad Río Florido se encontraban realizando una actividad política, ejerciendo plenamente el derecho a la protesta al cumplirse 5 años de la ejecución de uno de sus miembros a manos del grupo paramilitar “Los Petules”, mismos que responden a intereses gubernamentales en la región, siendo financiados por la policía estatal y el Ejército Mexicano. Los cuerpos policiales arribaron al lugar con armas de grueso calibre, gas lacrimógeno, tanquetas y un helicóptero equipado con artillería militar, con el firme propósito de reprimir a los manifestantes con el uso excesivo de la fuerza y crear un clima que justificara una incursión en la comunidad, siguiendo el modelo represivo que gobiernos anteriores han usado para reprimir la organización popular y los esfuerzos por elevar las demandas sociales y buscar solución. La incursión policiaca provocó el desplazamiento forzado de mujeres, hombres y niños, quienes escaparon en condiciones inhumanas hacia las montañas, huyendo de las balas criminales del Estado burgués, dirigidas por tierra y aire.

Usando un discurso criminalizador, el gobernador justificó la incursión y represión policiaca con el motivo de pacificar e implementar el orden en la región, sin importarle que los derechos de familias campesinas sean vulnerados. El gobierno de Chiapas, autodenominado humanista, ha demostrado una y otra vez no estar del lado del pueblo al que dice representar, sino únicamente ser protector y administrador de los intereses de la burguesía nacional y estatal, así como reafirmar sus claros vínculos con grupos del narcotráfico, que desde el inicio de su campaña demostraron estar en plena colusión. El hecho de reprimir la protesta popular realizada en carreteras, en las que se da a conocer la lucha del pueblo campesino y trabajador, sucede con la finalidad de no entorpecer el transporte de mercancías y asegurar las ganancias tanto de grupos empresariales como de grupos del narcotráfico.

La represión contra organizaciones campesinas, magisteriales y estudiantiles y el financiamiento constante a grupos paramilitares que actúan contra el pueblo son crímenes que en Chiapas se han perpetrado pese a los distintos cambios de gobierno, lo que demuestra que las diferentes administraciones no responden al interés popular por mejorar las condiciones de vida y que la salida objetiva a los males del capitalismo, entre ellos la represión, es organizarse por un nuevo sistema económico, el del socialismo-comunismo. Los pueblos del mundo se organizan contra la injusticia y el despojo, por lo que denunciar los crímenes del capitalismo es una tarea urgente en cualquier parte del mundo. Eduardo Ramírez se mancha las manos con sangre inocente y recluye en prisión a campesinos honestos, demostrando no ser más que un verdadero enemigo del pueblo que actúa como fiel representante del capitalismo, arrastrando al género humano hacia la muerte y la barbarie.