Por: Célula Jesús Santrich

Hablar de desaparición forzada en México y el mundo es hablar de la ejecución de crímenes de
lesa humanidad perpetrados por el estado para mantener el terror y zozobra en la población.
En nuestro país este ha sido un crimen que se sigue cometiendo desde la década de 1960,
cuando diversas organizaciones y colectivos denunciaban la desaparición forzada con motivos
políticos en contra de revolucionarios y personajes políticos adversarios al régimen.

Conceptualmente la desaparición forzada de personas se define por la Convención
interamericana sobre Desapariciones de Personas, como: “la privación de la libertad a una o
más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas
o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado,
seguida de la falta de información o de la negativa reconocer dicha privación de la libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos
legales y de las garantías procesales pertinentes”.

De esta manera entendemos que la responsabilidad de este crimen recae sobre el estado al ser
un órgano de dominación que intenta mantener su posición por medio de la violencia
generalizada, usando a sus propias fuerzas represivas o a grupos paramilitares quienes se
encargan de ejecutarlo, y se mantienen en la impunidad con la garantía legal del estado.
Conceptualizar esto es necesario en tanto que hablar simplemente de levantones o
desapariciones, no denota la responsabilidad que el estado tiene como ejecutor de crímenes de
lesa humanidad

Históricamente el crimen de desaparición forzada se remontan a la Alemania nazi con el
decreto de noche y nieble, donde militantes comunistas y opositores al desarrollo de las ideas
fascistas eran desaparecidos, puesto que suponían una amenaza para la perpetuación del
régimen económico y político y su dominio de clase; este mismo accionar fue el que gobiernos
dictatoriales en Latinoamérica desarrollaron para acallar y someter la organización popular que
se mantenía en resistencia frente al imperialismo y las dictaduras militares. Como ejemplo de
esto existen más de 20 mil detenidos desaparecidos en Guatemala durante la guerra civil, 60
mil detenidos desaparecidos en Colombia y 30 mil detenidos desaparecidos en el Salvador.

El gobierno actual autodenominado el segundo piso de la cuarta transformación afirma que
estos crímenes son cosa de gobiernos anteriores y que en este gobierno no se cometen más.
Sin embargo, las estadísticas de personas desaparecidas van en constante aumento, además de
que según la propia definición de la ONU, la desaparición forzada posee un carácter continuo o
permanente, y que mientras no se de a conocer el paradero de las víctimas la desaparición
forzada se mantiene, se sigue cometiendo y el delito es imprescriptible.

Demasiados ejemplos actuales podríamos citar de desaparición forzada por motivos políticos
en nuestro país, uno de ellos fue ejecutado contra nuestro propio partido, siendo que el 18 de
julio de 2015 en el estado de Tamaulipas fue detenido y desaparecido en su domicilio por
elementos de las fuerzas armadas el camarada Enrique López, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de Mexico y dirigente de masas. Otro ejemplo paradigmático de nuestro
siglo en la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos son Gabriel
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de desaparición forzada desde 2007
por su condición de revolucionarios y militantes de un movimiento armado con amplia
trayectoria en nuestro país; este caso expresó jurídicamente y con nitidez la esencia de la
política estatal en el cometido de crímenes de lesa humanidad con motivación política en
México.