Por: Célula Jesús Santrich

Hablar de desaparición forzada en México y el mundo es hablar de la ejecución de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el estado para mantener el terror y zozobra en la población.
En nuestro país este ha sido un crimen que se sigue cometiendo desde la década de 1960, cuando diversas organizaciones y colectivos denunciaban la desaparición forzada con motivos políticos en contra de revolucionarios y personajes políticos adversarios al régimen.

Conceptualmente la desaparición forzada de personas se define por la Convención interamericana sobre Desapariciones de Personas, como: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

De esta manera entendemos que la responsabilidad de este crimen recae sobre el estado al ser un órgano de dominación que intenta mantener su posición por medio de la violencia generalizada, usando a sus propias fuerzas represivas o a grupos paramilitares quienes se encargan de ejecutarlo, y se mantienen en la impunidad con la garantía legal del estado.
Conceptualizar esto es necesario en tanto que hablar simplemente de levantones o desapariciones, no denota la responsabilidad que el estado tiene como ejecutor de crímenes de lesa humanidad.

Históricamente el crimen de desaparición forzada se remontan a la Alemania nazi con el decreto de noche y niebla, donde militantes comunistas y opositores al desarrollo de las ideas fascistas eran desaparecidos, puesto que suponían una amenaza para la perpetuación del régimen económico y político y su dominio de clase; este mismo accionar fue el que gobiernos
dictatoriales en Latinoamérica desarrollaron para acallar y someter la organización popular que se mantenía en resistencia frente al imperialismo y las dictaduras militares. Como ejemplo de esto existen más de 20 mil detenidos desaparecidos en Guatemala durante la guerra civil, 60 mil detenidos desaparecidos en Colombia y 30 mil detenidos desaparecidos en el Salvador.

El gobierno actual autodenominado el segundo piso de la cuarta transformación afirma que estos crímenes son cosa de gobiernos anteriores y que en este gobierno no se cometen más.
Sin embargo, las estadísticas de personas desaparecidas van en constante aumento, además de que según la propia definición de la ONU, la desaparición forzada posee un carácter continuo o permanente, y que mientras no se de a conocer el paradero de las víctimas la desaparición forzada se mantiene, se sigue cometiendo y el delito es imprescriptible.

Demasiados ejemplos actuales podríamos citar de desaparición forzada por motivos políticos
en nuestro país, uno de ellos fue ejecutado contra nuestro propio partido, siendo que el 18 de
julio de 2015 en el estado de Tamaulipas fue detenido y desaparecido en su domicilio por
elementos de las fuerzas armadas el camarada Enrique López, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de México y dirigente de masas.