Por Roberto Grajales

Desde el sexenio pasado se repite que el sureste mexicano dejará atrás el atraso histórico y entrará por fin en una nueva etapa de desarrollo. Y es cierto que hoy se levantan más obras, más centros fabriles, más parques industriales y más corredores logísticos. Se mueve maquinaria, se anuncian inversiones y se presume modernidad. Pero detrás de
ese discurso hay una realidad que golpea todos los días a quienes viven de su trabajo.

Las condiciones de las y los trabajadores no solo no han mejorado, en muchos casos han empeorado. Lo que se ve crecer son las obras. Lo que sigue estancado, y muchas veces se deteriora, es la vida de la clase trabajadora.

En Campeche, trabajadores activos, jubilados y familiares de Pemex bloquearon instalaciones porque el servicio médico fue suspendido durante meses. Denunciaron que no había atención ni medicamentos, y que varias personas tuvieron que pagar con su propio dinero consultas, tratamientos y medicinas. Cuando una empresa deja a su personal sin atención médica, queda claro que para los de arriba la vida de quienessostuvieron ese trabajo vale menos que sus ganancias. No se trata de una falla menor ni de un problema administrativo. Se trata de una agresión directa contra la salud y la vida
de las familias trabajadoras.

Los trabajadores de Bonatti, encargados de la ampliación del gasoducto Mayakan II, también salieron a protestar en Campeche y Yucatán. Exigen homologación salarial porque en todas las áreas existen riesgos, pero las escalas de pago no corresponden al desgaste ni al peligro real del trabajo. Además, denunciaron que la comida que se les da
en ocasiones está en mal estado y provoca malestares estomacales. Y cuando los trabajadores son retirados para recuperarse, la empresa lo toma como falta y les descuenta el día. Es decir, se castiga al trabajador por enfermarse en condiciones que la propia patronal impone. A esto se suman represalias contra quienes denuncian, como si exigir un trato digno fuera una falta y no un derecho.

En José María Morelos, Quintana Roo, trabajadores del área de vectores retomaron la protesta en modalidad de brazos caídos en medio de un conflicto que está por cumplir casi un año sin solución. Han denunciado que las autoridades les han dado largas durante meses frente a sus demandas de mejores condiciones laborales. Los acuerdos previos no
se cumplieron, se les presiona para trabajar en malas condiciones y algunos compañeros han sufrido hostigamiento para obligarlos a desistir. También han señalado que les han retirado equipos, reduciendo su capacidad de trabajo. Así, mientras se les exige cumplir con sus tareas, se les niegan los medios para realizarlas y se castiga a quienes se
oponen a las imposiciones de arriba.

Estos casos son expresiones de una misma realidad. En distintos sectores y en distintos lugares, la clase trabajadora enfrenta el mismo desprecio. A las y los trabajadores se les exige producir más, rendir más, soportar más, mientras se les niega salario suficiente,atención digna, herramientas adecuadas y respeto a su integridad física.

Seguramente estos no son los únicos casos. Hay muchos más que no aparecen en las noticias, que no llegan a la denuncia pública y que se viven todos los días en silencio, dentro de fábricas, talleres, maquilas, obras, oficinas y campos. Ahí donde la jornada se alarga, el salario no alcanza, el cuerpo se desgasta y el miedo a perder el empleo obliga a aguantar. Pero que no siempre se vea no significa que no exista.

Esa es la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores en el sureste. Por eso, frente al discurso oficial
del progreso, conviene preguntar progreso para quién. Porque mientras las obras crecen y la propaganda celebra, la clase trabajadora sigue cargando el costo.