Cuando se discute la situación laboral de los profesores de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la atención suele concentrarse en los salarios. Las preguntas habituales son conocidas: ¿cuánto gana un profesor?, ¿es suficiente para vivir?, ¿cómo se compara con otros sistemas universitarios? Aunque estas interrogantes son importantes, existe un problema más profundo que suele permanecer oculto. La precariedad docente no deriva exclusivamente de un bajo nivel salarial. Su origen se encuentra en una determinada concepción del trabajo académico, una concepción que se expresa en la categoría administrativa mediante la cual la universidad remunera a miles de profesores: la hora/semana/mes.

La crítica que propongo no se limita a denunciar la insuficiencia de los ingresos docentes. Pretende interrogar la lógica que hace posible esa forma de remuneración. En otras palabras, busca responder una pregunta más fundamental: ¿qué entiende la universidad por trabajo académico?

Desde esta perspectiva, la cuestión central no consiste únicamente en cuánto recibe un profesor por su trabajo. La pregunta decisiva es si la forma institucional mediante la cual dicho trabajo es organizado y remunerado contribuye efectivamente a la reproducción de la vida académica que hace posible la existencia misma de la universidad.

El tabulador vigente de la UNAM establece que los profesores de asignatura reciben un pago calculado en función de las horas impartidas frente a grupo. Una materia de cuatro horas semanales equivale a cuatro unidades de hora/semana/mes. La lógica parece sencilla: a mayor número de horas impartidas, mayor remuneración. Sin embargo, esta aparente neutralidad administrativa encierra una definición muy particular de lo que la universidad considera trabajo docente.

La pregunta fundamental es la siguiente: ¿qué está comprando realmente la universidad cuando contrata a un profesor? La respuesta implícita del modelo actual es clara. La institución remunera la presencia física del docente dentro del aula. El salario aparece vinculado al tiempo visible de enseñanza. Sin embargo, la actividad universitaria excede ampliamente ese momento.

Una clase no comienza cuando el profesor entra al salón ni concluye cuando abandona el aula. Detrás de cada sesión existe una compleja serie de actividades que hacen posible la enseñanza: lectura de bibliografía especializada, actualización disciplinaria, preparación de materiales, diseño de estrategias didácticas, evaluación de estudiantes, asesorías, tutorías y atención académica permanente. Ninguna de estas tareas aparece plenamente reconocida en la categoría hora/semana/mes. Sin embargo, sin ellas la docencia universitaria simplemente no podría existir.

Aquí emerge el núcleo del problema. El modelo administrativo vigente reconoce solamente una parte del trabajo académico y vuelve invisibles muchas de las actividades que le dan sustento. Lo que la universidad remunera no coincide plenamente con aquello que realmente necesita para cumplir sus funciones educativas. Existe una diferencia entre el trabajo efectivamente realizado y el trabajo institucionalmente reconocido.

La noción de fetichización resulta particularmente útil para comprender el funcionamiento del modelo hora/semana/mes. La universidad existe para producir y transmitir conocimiento, formar profesionales, desarrollar investigación y contribuir a la vida cultural de la sociedad. Para cumplir estas tareas necesita profesores. Sin profesores no hay enseñanza. Sin enseñanza no hay estudiantes. Sin estudiantes no hay universidad. Sin embargo, la lógica administrativa termina operando como si la variable decisiva fuera la contabilización de horas y no las condiciones materiales que permiten la existencia de la comunidad académica.

La administración presupuestal aparece entonces como un fin en sí mismo. Lo que originalmente era una herramienta destinada a organizar el trabajo académico termina imponiendo sus propias reglas sobre la realidad que debía administrar. La hora/semana/mes deja de ser una simple categoría contable y se convierte en una definición práctica de lo que la universidad considera valioso. Lo que puede contabilizarse adquiere reconocimiento institucional; aquello que escapa a la medición inmediata queda relegado a una existencia secundaria.

Esta situación expresa una contradicción más profunda. La universidad espera de sus docentes actividades que exceden ampliamente aquello que remunera. Aspira legítimamente a mantener altos estándares académicos. Espera que sus profesores lean, investiguen, se mantengan actualizados, participen en debates disciplinarios y contribuyan a la formación rigurosa de los estudiantes. Sin embargo, el sistema de remuneración continúa operando como si la docencia pudiera reducirse a una suma de horas impartidas frente a grupo.

La literatura internacional sobre educación superior ha insistido durante décadas en que el trabajo académico comprende una pluralidad de funciones. La enseñanza constituye solamente una dimensión de una actividad que también involucra investigación, tutoría, actualización profesional, gestión institucional y construcción de comunidades de conocimiento. Desde esta perspectiva, el modelo hora/semana/mes aparece como una simplificación extrema de una práctica intelectual mucho más compleja.

La comparación internacional permite dimensionar parcialmente el problema. Los ingresos promedio de los docentes en numerosos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos son considerablemente superiores a los observados en México. Sin embargo, la diferencia más importante no es únicamente cuantitativa. Lo que se encuentra en juego son distintas maneras de concebir el trabajo académico. Mientras diversos sistemas universitarios reconocen explícitamente la multiplicidad de funciones asociadas a la profesión docente, el esquema hora/semana/mes continúa privilegiando una definición restringida basada casi exclusivamente en la presencia frente al aula.

La pregunta fundamental no debería ser si este modelo resulta eficiente desde el punto de vista presupuestal. La cuestión verdaderamente importante consiste en determinar si permite reproducir adecuadamente la vida académica que sostiene a la universidad. Un profesor obligado a fragmentar su tiempo entre múltiples instituciones para garantizar su subsistencia dispone de menos tiempo para leer, investigar, preparar cursos y acompañar a sus estudiantes. La precarización no afecta únicamente al trabajador. Termina afectando la calidad de la producción y transmisión del conocimiento.

Por esta razón, una solución basada exclusivamente en aumentos salariales resultaría insuficiente. Desde luego, mejorar las remuneraciones es necesario. Sin embargo, el problema de fondo permanecería intacto si la universidad continuara definiendo el trabajo docente mediante las mismas categorías administrativas. La cuestión central no consiste únicamente en pagar más, sino en reconocer de manera distinta aquello que se está pagando.

En este sentido, podría pensarse en un modelo alternativo basado en la noción de responsabilidad académica. En lugar de remunerar exclusivamente horas frente a grupo, la universidad podría considerar la asignatura como una unidad integral de trabajo. El profesor asumiría la responsabilidad del diseño, impartición, evaluación y seguimiento de un curso completo. La remuneración reflejaría entonces la totalidad de las actividades involucradas en el proceso formativo y no solamente el tiempo de exposición oral.

Asimismo, sería necesario reconocer explícitamente actividades actualmente invisibilizadas, como las asesorías, las tutorías, la actualización disciplinaria y la participación en proyectos académicos. Finalmente, cualquier reforma debería contemplar mecanismos de estabilidad laboral progresiva que permitan a los docentes construir trayectorias académicas sostenibles dentro de la institución.

La precariedad docente en la UNAM no puede explicarse únicamente por el monto de los salarios. Su origen se encuentra en una determinada concepción del trabajo académico que identifica la docencia con una magnitud abstracta de tiempo administrable. El problema central consiste en que la mediación administrativa ha terminado por ocultar las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la vida académica.

Las condiciones del trabajador docente están marcadas por la precariedad laboral y la superexplotación de la fuerza de trabajo. El modelo opera como un mecanismo de extracción de plusvalor relativo: al mantener bajos los costos laborales mediante la fragmentación del trabajo y la negación de prestaciones, la UNAM maximiza la productividad a costa de la calidad de vida de sus trabajadores.

La precarización no es un accidente, sino una política deliberada que:

• Divide al cuerpo académico entre una minoría privilegiada (tiempo completo, investigadores) y una mayoría precarizada.
• Disciplina a los trabajadores mediante la amenaza constante de no renovación.
• Naturaliza la desigualdad, presentándola como resultado del “mérito” y no como producto de una estructura de clases al interior de la universidad.

La pregunta decisiva no es cuánto vale una hora de clase. La pregunta verdaderamente importante es qué condiciones materiales requiere un profesor para producir, transmitir y renovar el conocimiento que hace posible la existencia de la universidad. Mientras esa cuestión permanezca subordinada a criterios exclusivamente administrativos, la precarización seguirá siendo una característica estructural del trabajo docente. La defensa de la universidad pública exige, por tanto, no sólo discutir salarios, sino reflexionar críticamente sobre la manera en que la propia institución comprende y organiza el trabajo intelectual que la sostiene.