En entrevista para El Machete, Pedro Camilo Alcántara Concepción, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y coordinador de “La marcha por la ciencia” en México, explicó que la reforma a Ley de Ciencia y Tecnología.

• Establece el marco jurídico que respalda y da cabida a la inversión privada
• Realiza modificaciones laborales y administrativas

A pocos meses de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentó ante el Senado de la República una iniciativa de decreto con el que se pretende modificar la Ley de Ciencia y Tecnología de este país, sus promotores han prometido que con esta reforma se establecerá una política de largo plazo que traerá beneficios. Sin embargo, investigadores han denunciado que el verdadero trasfondo y carácter de esta reforma es la privatización de la ciencia y la apertura, respaldada por un marco jurídico, de la inversión privada.

En entrevista para El Machete, Pedro Camilo Alcántara Concepción, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, explicó que la reforma a Ley de Ciencia y Tecnología sigue una lógica que fue puesta en marcha desde  hace unos quince años, pero “el trasfondo de ésta es la privatización de la ciencia en México”, aseguró.

Detalló que uno de los cambios que promueve esta reforma es la modificación de los Centros de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los cuales se buscan reorganizar en un sistema que le llaman: sistema de Centros Públicos de Investigación (CTI), lo que abrirá la opción para que cualquier entidad o persona pueda hacer contrataciones para la realización de proyectos, lo cual significa que van a permitir que cualquier empresa privada, incluso trasnacionales, lleguen y paguen su investigación a estos centros utilizando los recursos del gobierno mexicano.

Modificaciones administrativas y laborales

También destacó que la Academia Mexicana de Ingeniería son los únicos que están señalando que como parte de la privatización esta reforma implica una reforma laboral para los investigadores, ya que implica un cambio de régimen laboral, a través del cual los investigadores serán considerados servidores públicos, además de que implica una reorganización administrativa.

El pasado 17 de abril el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, no obstante, la comunidad se enteró con posteridad que existía una iniciativa en discusión, por lo que no ha habido manera directa de acceder a ella ni de involucrarse en la discusión, mucho menos de ser tomados en cuenta.

Quien también fue vocero de la segunda Marcha por la Ciencia México 2018, realizada el 14 de abril, advirtió que cualquier individuo o empresa podrá hacer uso de estos centros, “lo que hacen es vender la investigación al mejor postor. El paradigma de la maximización de la ganancia hace más difícil que las comunidades que no tienen recursos o que las desigualdades que existen en México se superen, porque lo que hacen es poner atención a los lugares en donde pueden obtener recursos y cualquier investigación que tenga que ver con la pobreza, esas no existen”, advirtió Camilo Alcántara.

Otro de los cambios que habrá con el esquema propuesto es que el dinero ya no la administrará el  Conacyt, sino que, ahora estará en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo que significa que los recursos serán designados a partir de lo que cada centro ‘produzca’.

Explicó que Hacienda creará Fideicomisos los cuales en un principio estarán administrados por cada centro de investigación y lo que harán es que cada centro concurse por los fondos, pero quien definirá qué fondos son los que se designan será la SHCP o una empresa privada, “están formalizando la privatización de la investigación”, aseguró.

Camilo Alcántara detalló que un grupo de investigadores, mismos que participaron en la marcha del 14 de abril, se están organizando y buscan incidir para echar atrás esta iniciativa.

Alertó que toda la investigación básica, social y humana no tiene cabida en un esquema de esa naturaleza, porque lo que no genere recursos será rezagado y relegado, “ni siquiera están considerando la parte de la investigación social”.