Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La detención de Luis Cárdenas Palomino, alto jefe policíaco en el sexenio de Peña Nieto, forma parte de la pugna política que se ha producido entre el actual gobierno y  el anterior y tiene el propósito de desmantelar a un grupo de  funcionarios que se caracterizaron por haber incurrido en graves actos de corrupción, para que sean sustituidos  por otros que estén  en la línea de la obediencia con el actual Presidente de la república pues el funcionamiento general de esas instancia de poder, en realidad no ha cambiado ya que apenas se aprobó la ley de la materia que contiene una serie de reformas que están sancionadas por el Congreso de la Unión, pero que para llevarse a la  práctica  dependen de la extensión de mandato del actual Presidente de la  Suprema  Corte, que está oscilando entre la sumisión ciega y mecánica al jefe del Ejecutivo o bien,  mantener un cierto grado de autonomía e   independencia.

También, en este contexto de reestructuración de las nuevas relaciones políticas que se producen en el seno del nuevo grupo dominante, están estrechamente vinculado  las sensacionales revelaciones que  hiciera Emilio Lozoya, hace más de un año,  de las cuales no ha sido posible  incoar ningún proceso legal destacado, así como la detención en los Estados Unidos, de Genaro García Luna, que era el principal jefe de Cárdenas Palomino y de otros funcionarios de elevado rango, que ahora enfrentan serios problemas legales.

La aprehensión de Lozoya y sus denuncias, hasta hoy, ha servido al grupo político que está en el poder para ejercer mayor presión contra Peña Nieto, han sido expresiones  de la  pugna interburguesa existente,  entre el grupo que se fue y el que llegó al gobierno, como resultado de las elecciones presidenciales pasadas,  pero que ya que han pasado muchos meses y la nueva Fiscalía no ha integrado ningún expediente judicial importante que involucre a  altos funcionarios de la  administración anterior y también  ha sido de utilidad política, como recurso propagandístico, para hacer pensar a la población que en esta etapa de está  combatiendo  la corrupción que se dio y se sigue dando en los elevados niveles del gobierno, pero no ha habido, hasta este momento, ningún resultado concreto y sobresaliente al respecto.

La Fiscalía ha reconocido de una manera pública que no tiene los elementos jurídicos y de prueba  necesarios para fundamentar las acusaciones que hiciera Lozoya pues la mayoría de los imputados en ellas, se han desdicho de las mismas y por lo tanto no hay materia suficientemente sólida para integrar las carpetas de investigación que se requieren en todos los casos  por lo que este alto funcionario peñista puede quedar en libertad  pronto, demostrando así que en realidad solo se trató de un montaje político que benefició a López Obrador y de que en realidad no se pretendía hacer justicia.

Las denuncias que se han hecho en la prensa acerca de las acciones delictuosas de Cárdenas Palomino revelan, entre otras conclusiones, que estos funcionarios nunca  actuaron solos sino que siempre lo hicieron  en combinación con otros, que sus  superiores jerárquicos,  administrativos y políticos, solaparon y encubrieron sus operaciones y que  estas áreas del estado son demasiado herméticas y oscuras y así han  sido desde hace muchos años y que por lo tanto es muy difícil realizar una auténtica depuración pues se afectan intereses muy poderosos, que en la mayor parte de los casos están vinculados con grupos delincuenciales y autoridades de los Estados Unidos.

Los posibles actos punibles en que incurrieron García Luna y  Cárdenas Palomino, debieron  ser conocidos, como es obvio,  en virtud de los grandes avances tecnológicos que existen en esta materia, tanto por los Departamento de Estado, de Justica, de la CIA, de la DEA y de otros órganos de inteligencia del vecino país y se guardó  en ellos un  silencio cómplice, porque así convenía  a los intereses de los gobiernos de ambos países, demostrando  que se trata de delitos de carácter internacional,  que de verdad solo se pueden combatir, eficazmente,  en forma binacional, pero esto no ha sido así.

Al leer las imputaciones que se formulan a Cárdenas Palomino se comprueba, también, que la corrupción, sobre todo en estos niveles del aparato de estado tiene profundas raíces, causas y motivaciones, de carácter estructural, pues  la mayor parte de las cuales están íntimamente relacionadas con la existencia de las relaciones capitalistas de producción imperantes en  nuestro país y de que no se trata de comportamientos de carácter moralista o subjetivo, o religioso, como lo pretenden las explicaciones que al respecto formula el Presidente de la República y que por lo tanto si está fallando el diagnóstico de este problema fundamental de la vida de México, no podemos esperar resultados  concretos y  específicos importantes al respecto sin tan solo maniobras publicitarias.