Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La violencia, tanto la que originan los carteles organizados como la que producen los delincuentes comunes, ha superado todas las metas cuantitativas, más de 80 mil víctimas, con respecto al pasado, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta el actual. Se trata de un fenómeno imparable, que está en constante crecimiento, que afecta la vida, las posesiones, las familias, de miles de personas. Las entidades más sacrificadas son Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, pero las demás están sufriendo también los impactos de esta ola de criminalidad, aunque en proporciones menores.

El Gobierno actual está aplicando la conocida “política “de abrazos y no balazos, que consiste en tratar de incidir en las causas sociales más profundas de estos fenómenos, que se asocian con la pobreza, el desempleo y la falta de perspectivas de una vida mejor para los jóvenes y la no actuación de las fuerzas armadas, incluso ante la comisión de delitos flagrantes, permitiendo, en la práctica, que se produzcan impunemente en todo el territorio nacional.

El Presidente piensa no se debe recurrir a los métodos violentos del pasado, que desde luego fueron infructuosos, tomando en cuenta que no produjeron resultados positivos sino todo lo contrario, y por ello las fuerzas castrenses   están bajo  la orden de no intervenir, de permanecer en sus cuarteles,  de mantener paralizados a sus efectivos y equipos militares, realizando otras tareas, en espera de  que la aplicación de los programas sociales, como Sembrando Vida y las becas a los jóvenes emprendedores,  generen un efecto redistributivo y justiciero y desalienten por sí mismos,   en forma  casi automática, las conductas delictivas y criminales que existen en la sociedad.

Este diagnóstico simplista, que tiene una enorme carga religiosa, pues divide a los hombres en buenos y malos, no comprende el hecho de que el narcotráfico es un fenómeno no nacional sino internacional, que tiene un gran poder de fuego y de destrucción, que trabaja para satisfacer la demanda de un gran mercado, sobre todo el de la Unión Americana y que se manifiesta claramente no solo entre los espacios del poder político sino también en los circuitos financieros y bancarios de muchas naciones. Tal es el caso, paradigmático, del Cartel Jalisco Nueva Generación que tiene ramificaciones e intereses no solo en los Estados Unidos sino también en Europa y Asia y que controla por lo menos 12 entidades federativas de nuestro país.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, el jefe del Comando del Norte, declaró recientemente que por lo menos el 25 % del territorio nacional está en poder de los distintos grupos del narcotráfico y que por lo tanto no se aplican las leyes, ni rigen las instituciones del estado y se impone en todos los casos y de una manera sistemática la ley del más fuerte, en un abierto menosprecio por el orden jurídico y de un franco reto a las autoridades de todos los niveles.

Más recientemente, durante las pasadas elecciones federales, se denunció que por lo menos en seis entidades federativas, esos grupos impusieron a sus candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes y fueron asesinados y amenazados 124 aspirantes a cargos de elección popular. El gobierno ha declarado en reiteradas  ocasiones que ya no hay masacres en nuestro país, indicando con ello que hemos superado la etapa de los gobiernos neoliberales, pero lo cierto es que en las últimas semanas se han producido por lo menos 7 matanzas de ciudadanos indefensos pues los narcos deseaban “calentar “ las plazas que están  en disputa y se ha dado a conocer la existencia de múltiples fosas clandestinas en donde se han encontrado restos óseos de cientos de ciudadanos, haciendo notar que  el régimen actual no aporta recursos humanos ni materiales para atender el gravísimo problema de los desaparecidos que suman  por miles.

Nadie, en forma sensata y racional, está proponiendo que el gobierno de López Obrador aplique una política salvaje de violación brutal de los derechos humanos, en la que el ejército asesine a mansalva a ciudadanos y grupos, como ocurrió, por ejemplo, en el régimen de Felipe Calderón. Por lo tanto, es falso el supuesto dilema que plantea el presidente que insiste en señalar que, si se abandona la estúpida política de “abrazos y no balazos”, se establecería en su lugar un régimen de barbarie y de brutalidad contra los ciudadanos, como si la realidad solo fuera en blanco y negro.

No, este no es camino, ni tampoco la solución a la grave inseguridad y la impunidad que se padecen. De lo que se trata es de que el régimen cambie de tácticas y estrategias, aplicando las herramientas de la tecnología moderna y  los recursos informáticos y de inteligencia que se tienen disponibles, para combatir, eficazmente, a los narcotraficantes, enfatizando en un mayor control del ingreso de las armas que llegan a nuestro país, descubriendo y cancelando  las formas de inversión de fondos ilegales que existen en las instituciones financieras, bancarias y comerciales, que tienen los carteles, acabando  los vínculos que existen con los grupos económicos y políticos,   con distintos partidos  y con funcionarios de alto rango, que, de una manera conjunta y coordinada, les han dado estimulo, protección y garantías a estas  organizaciones que han ensangrentado a   nuestro país durante muchos años.

De continuar la política de “abrazos y no balazos”, se reabre la perspectiva de constituir grupos sociales de autodefensa armada, como ya está sucediendo en los estados de Guerrero y de Michoacán.