Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La consulta que habrá de realizarse en el mes de marzo próximo, relativa a la permanencia o no del Presidente de la República en su cargo, no es una tarea sencilla, sino entraña múltiples retos, entre ellas el de la posibilidad de que ya se pueda plantear sin ninguna limitación política, la posible reelección del titular del poder Ejecutivo. Ello explica la razón por la cual es Morena la principal y acaso única fuerza política interesada en llevar a cabo este ejercicio, que además contiene otras interpretaciones o salidas, válidas para el futuro político del país, algunas de carácter positivo, pero otras de naturaleza regresiva. Veamos.

Las distintas manifestaciones concretas de la denominada democracia participativa, como la consulta, el refrendo, el plebiscito, representan un avance en el campo de la democracia burguesa clásica, ya que solo se limita ésta a la realización de los procesos electorales que señalan las leyes. Sin embargo, se ignora siempre, o se trata de las masas populares lo ignoren, que los factores reales de poder que condicionan los resultados de esas acciones son los intereses y las posiciones que ocupan en el seno del aparato político, las distintas fuerzas o componente de la burguesía nacional, ya que estas tienen mayor acceso a los medios de comunicación de masas, siendo esta participación la que determina la posibilidad de influir en la voluntad política de los miembros de la sociedad, en la mayor parte de los casos, excepto cuando la oposición de derecha o de izquierda acumula un gran poder y se erige en una alternativa real frente al partido gobernante.

Los resultados finales de los procesos de la democracia participativa en muchos casos son engañosos y estériles pues no modifican en forma sustancial los mecanismos de explotación económica y social y de dominación política que existen en el seno de la sociedad, al producirse cambios epidérmicos, meros recambios de posiciones de grupos o personas o simples reformas superficiales del reparto del poder. Por ejemplo, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador perdiera la consulta que lo obligaría a retirarse del cargo, la decisión de nombrar al sustituto estaría en manos de la mayoría de la Cámara de Diputados y ésta está concentrada por Morena y sus aliados y por lo tanto este bloque designaría a un nuevo Presidente que surgiría, desde luego, de esa fuerza política. Se iría a su casa un morenista, pero llegaría otro morenista y por lo tanto no habría una modificación política importante en la estructura de gobierno en México.

Al referirse a la consulta que habría de efectuarse en el mes de marzo del año próximo, se puede observar que solo interesa realizarla al gobierno federal y a Morena y no a los partidos de oposición por estos han llegado a la conclusión de que en realidad solo se pretende reforzar o fortalecer la autoridad política del Presidente de la República, lo que permitiría, además, un triunfo de Morena en las siguientes elecciones presidenciales, ya sea mediante la reelección de López Obrador o por medio de la postulación de otro candidato presidencial nombrado y adicto a él.

Existe una verdadera trampa jurídica y política en la pregunta que se desea realizar en marzo al confundirse o mezclarse el refrendo con la revocación, porque se incluye la alternativa de que se puede ratificar la permanencia del actual Presidente mientras que la revocación se refiere única y exclusivamente a contestar si se debería retirar o no de su cargo así, de una manera simple y llana. La pregunta que debe hacer es por consecuencia, la siguiente; debe renunciar a la titularidad del Poder Ejecutivo, sí o no.

Es evidente que al responderse esta pregunta en la revocación del mandato, los ciudadanos, al participar en la consulta, en forma implícita, deberían haber realizado un ejercicio de evaluación del ejercicio del poder de López Obrador, registrado en estos tres años, pero esta posibilidad no es una demanda explicita, es decir, no se trata de refrendar o ratificar la gestión del político tabasqueño sino de contestar en forma conclusiva por la afirmativa o por la negativa, esto es, se queda o se va a su casa y punto.

En la forma cómo está redactada esta interrogante y con base en las normas legales vigentes, se presenta dos alternativas: una, que no participe el 40 % de los miembros del padrón electoral nacional, en cuyo caso si López Obrador perdiera la revocación, no se pueda cumplimentar esta decisión de los ciudadanos porque no sería vinculante, pero también existe la factibilidad de que si triunfara el Presidente se pueda argumentar que tiene todo el apoyo político del pueblo, que el pueblo le tiene plena confianza y que le está entregando la posibilidad de extender su mandato, incluso más allá del periodo para el que fue electo porque así lo han decidido muchos millones de mexicanos. O como se decía, en la época de Miguel Alemán, que tuviera el tiempo necesario para llevar a cabo su acción reformadora.

No obstante que la Constitución prohíbe de una manera expresa la reelección del titular del poder Ejecutivo, para un segundo periodo, la victoria de López Obrador tendría la virtud de una auténtica ratificación o de un respaldo sobrado y apoteósico del pueblo a la gestión de su gobierno que de esta manera estaría exigiendo su permanencia en el poder y no habría ninguna fuerza política opositora que fuera capaz de oponerse a estos resultados, ya que serían arrolladores y por lo tanto la modificación de la Carta Magna sería muy sencilla, un mero trámite, porque el pueblo así lo ha exigido, como seguramente lo diría Mario Delgado. Morena lo podría hacer en forma expedita, como lo hizo al aprobar la extensión del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las modalidades que todos recordamos.