Por: Erandi Garduño

 

Dentro del sistema económico en el que vivimos, esta etapa histórica llamada capitalismo, la finalidad última es el lucro, la ganancia. En él toda actividad, todo ser, todo espacio, incluso los sentimientos y las relaciones interpersonales, son susceptibles de convertirse en mercancía. Como aquella canción que el grupo punk Kaos recitaba por allá en los años 90: “Yo no sé qué es un delfín, yo no sé, ¿quién lo sabrá? Yo no sé qué es un delfín, ¡Yo solo sé su precio!”.

Tráfico de órganos para su venta al mejor postor en el Primer Mundo; drogas para mantener las mentes obnubiladas de los chicos en los barrios pobres de cualquier ciudad; venta de armas para perpetuar conflictos interestatales; vientres de alquiler para satisfacer la demanda de hijos en los países ricos; destrucción de los glaciares para la producción de agua embotellada; etc. Nada escapa a esa lógica tenebrosa.

Siguiendo este hilo destructor, el Estado actual, producto irreconciliable de las contradicciones de clase, bajo el argumento de terminar con la ineficacia y altos costos del estado benefactor obeso, fue buscando deshacerse de sus funciones más elementales para así entregarlas a los intereses de compañías privadas, quienes gustosas las recibieron como parte de un botín de guerra.

Como consecuencia de la reestructuración del capitalismo a nivel internacional, a finales de los años ochenta se instalan en nuestro país los llamados gobiernos “neoliberales”, verdaderos administradores de los intereses de la burguesía, quienes serán responsables del desmantelamiento del Estado social mexicano, mediante políticas agresivamente privatizadoras, impulsadas por los organismos financieros internacionales y el Consenso de Washington. Sin embargo, no fue hasta la mal llamada guerra contra el narco que la administración del asesino de Felipe Calderón avizoró un nicho de oportunidad de negocios donde, bajo un aparente estado de guerra permanente, las prisiones se convertirían en un frente más de esa guerra por lo que sería necesaria su modernización y por ende, su privatización. Es durante este periodo que, mediante la asignación directa de contratos y la creación de Asociaciones Públicas-Privadas (APPs), se configura un nuevo modelo penitenciario dirigido a satisfacer la tendencia en auge de la encarcelación masiva.

Bajo este nuevo modelo se hizo necesario poblar las cárceles independientemente de las acciones que emprendiera el estado para combatir al crimen, pues la propia naturaleza de los contratos demandaba que el gobierno pagara por el uso, mantenimiento y construcción de las instalaciones, independientemente de la cantidad de personas recluidas. Para cumplir con ese objetivo, el estado burgués se dotó de la cobertura legal necesaria para esos fines: la prisión preventiva oficiosa.

Resultado de la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia penal, la prisión preventiva ha sido utilizada arbitrariamente desde entonces por el sistema penal y sus juzgadores para ofrecer una falsa sensación de seguridad a la población, al mismo tiempo que se encargaban de brindar la materia prima a los nuevos centros penitenciarios privados del país.

A pesar del rechazo unánime de organismos internacionales en materia de derechos humanos por considerarla contraria a los principios de excepcionalidad y presunción de inocencia, actualmente se encuentran bajo prisión preventiva el 40.9% de la población carcelaria de nuestro país, lo que significa que cerca de 90 mil personas, la gran mayoría de ellas jóvenes, pobres y con escasa educación, se encuentran privadas de su libertad sin sentencia.

Este populismo punitivo, producto de la falsa moralidad burguesa, tiene su base en la creencia ciega e infundada de que a mayor encarcelamiento menor impunidad, menor reincidencia y un aparato de justicia más sólido. Lamentablemente ninguno de los tres objetivos se ha visto cumplido y las prisiones en nuestro país sólo han servido para mantener a raya y castigar a los más pobres. Y obvio, generar ganancia a las empresas privadas que lucran con el sufrimiento humano.

De los 17 Centros Federales de Readaptación Social en funcionamiento, 8 son operados por empresas privadas. De acuerdo con el INEGI, en 2018 el presupuesto destinado a la operación de las prisiones privadas, llamados Centros de Prestación de Servicios (CPS), aumentó de 14 mil 154 millones a 17 mil 558 en un año. En 2019, según la misma fuente, aumentó a 18 mil 95 millones. Esto quiere decir que de los 21 mil 470 millones destinados en 2019 a funciones de Seguridad Pública de Prevención y Readaptación Social, el 84% quedo en manos de empresas privadas. A pesar de la retórica del gobierno socialdemócrata de AMLO en cuanto a revisar los contratos corruptos y abusivos firmados durante las administraciones anteriores, el flujo de recursos no ha dejado de llegar a las empresas privadas que operan los CPS. Ejemplo de esto es que únicamente el CPS 17 Michoacán, con 2 mil 602 millones asignados, rebasa el promedio de los centros no privados, los cuales suman 788 millones.

Por otro lado, no es casualidad que la mayoría de la población que se encuentra privada de libertad en nuestro país sea por delitos en contra del “patrimonio”, de la propiedad privada. Ya Marx en sus artículos publicados en la Gaceta Renana de 1842 analizaba la imposición de lo que denomina la lógica del interés privado en desmedro de la Res pública. Dicha imposición encontró su más nítida expresión en las leyes renanas sobre la penalización del robo de leña, las cuales se encargaron de sancionar antiguas prácticas de derecho consuetudinario y consagrar los derechos de propiedad privada. Del mismo modo, las legislaturas de los estados en el país se han encargado de redactar nuevas versiones de leyes sobre el robo de leña, encaminadas a salvaguardar la propiedad privada. Solo basta con tener un poco de curiosidad para descubrir que en el actual sistema de justicia, los delitos contra el patrimonio imponen casi la misma sanción de cárcel que los delitos contra la salud. Ante esta inmoralidad no debería sorprendernos el que cada día más jóvenes, a quienes el sistema económico ha cercenado sus expectativas de futuro y de vida, se vean empujados a engrosar los ejércitos del crimen organizado, lugar donde se les ofrece prestigio, impunidad y una vía rápida para escapar de la pobreza.

La privatización de las prisiones, que continúa bajo el gobierno de López Obrador, resulta inhumana porque privilegia las ganancias sobre las mismas personas y sus derechos más elementales, como son el derecho a la reinserción, la salud, ser libres de torturas y tratos crueles. Lamentablemente los CPS son los que lideran las estadísticas por quejas de violaciones a los derechos humanos. Hacinamiento, prácticas de tortura y tratos crueles e inhumanos, extorsión, autogobierno, etc., son el pan de cada día para los reos que habitan esos centros de exterminio.

Es importante mencionar que con la privatización de las prisiones no solo se controla o se poseen sus muros, ventanas y edificios, sino también a los cuerpos que los habitan, a quienes se aplica aquello que Foucault llamó el biopoder, y su producto más refinado, la economía del castigo.

En los albores de la Guerra Civil de 1936 en España, una de las primeras acciones de los anarquistas de la CNT, una vez tomadas las ciudades, era la de abrir las celdas de las prisiones y liberar a los reos ya que consideraban que los “presos sociales” —en última instancia rehenes del Estado— eran víctimas de un sistema de explotación que los empujaba a delinquir ante el hambre y la miseria. La situación no ha cambiado casi 100 años después, por lo que es nuestro deber como militantes comunistas luchar en contra del capitalismo como sistema que justifica y lucra con el sufrimiento humano.

 

 

 

 

Guillén, R. (2016). La prisión preventiva oficiosa (consideraciones sobre su evolución y regulación normativa). Temas del derecho. El derecho en la globalización (219-239). https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/18.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del censo nacional del sistema penitenciario federal 2018 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2018/doc/cnspef2018_resultados.pdf

Reuters. (13 de enero de 2021). AMLO busca cancelar contratos con cárceles privadas. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx

CASEDE, Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016, (2016) (Véase: http://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/Presupuestos.pdf )

Pérez, S. (enero 29, 2021). El sistema penitenciario federal nunca debió de privatizarse. Asílegal. https://asilegal.org.mx/articulos/el-sistema-penitenciario-federal-nunca-debio-privatizarse/

Rovelli, J. Marx y el robo de leña: acumulación por desposesión y bienes comunes en los textos de 1842. Ponencia institucional. CIFFyH, FFyH, UNC – CONICET. https://proletarios.org/books/Rovelli-Marx_y_el_robo.pdf