Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

En un hecho inusitado y hasta dramático, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya designó de una manera púbica a su sucesor, Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación y desde luego originario del estado de Tabasco, decisión que introduce un factor de conflicto en el marco de la lucha adelantada que se ha generado después de que fue el propio jefe del Ejecutivo, quien de forma abierta señaló a los posibles aspirantes que habrán de sucederle en el cargo.

En el campo de la izquierda hemos luchado por reducir los excesivos grados de poder que ha tenido el Presidente de la República, insistiendo en la exigencia de que existan elementos de moderación, que permitan el funcionamiento de un auténtico equilibrio de poderes y de que esa elección trascendental para la vida nacional se realice por la vía democrática, aunque sea por los parámetros de la democracia burguesa, en el empeño por construir un andamiaje jurídico y político que pueda ser congruente para alcanzar este objetivo; en los últimos treinta años, se habían obtenido muchos progresos en ese sentido, sobre todo desde que el PRI dejó de ser el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, pero este terreno favorable está a punto de perderse si el Presidente designa a su sucesor de una manera autocrática, como lo hacían los monarcas absolutos en los siglos XVIII o XIX, durante la etapa de los Borbones y de las otras casas reinantes de Europa y se toma esa decisión altanera y prepotente dándola a conocer, incluso, con dos años de anticipación, por los medios de comunicación.

Estamos conscientes de que la Constitución de 1917, contiene las formas y los mecanismos institucionales que deben observarse en los casos de una ausencia o falta del Ejecutivo en el desempeño de sus funciones por, fallecimiento o incapacidad, o renuncia, pero el anuncio del Presidente López Obrador no solo afecta al funcionamiento interno de Morena, relativo a la anticipada participación que existe entre sus precandidatos, sino también al resto del sistema político cuyas partes integrantes ya están informadas de las intenciones o de la voluntad política expresa que tiene el Presidente en funciones en esta materia.

Se comprueba, una vez más, en forma fehaciente, que Morena no es un partido político sino una constelación de grupos de muy diversa orientación política, cuya fuerza electoral descansa sobre todo en el voto que brindan los beneficiarios de los programas sociales, unos 20 millones de compatriotas pobres que reciben un estipendio de carácter económico, regular en el tiempo, diseñados solo para subsistir como pobres y la capacidad de movilización que tienen los funcionarios del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios que llegaron a sus cargos por medio esta franquicia electoral, repitiendo mecánicamente los mecanismos que tenía el PRI en el pasado.

Decíamos en el campo de la izquierda, que se hacían elecciones de estado, porque toda la estructura administrativa y política actuaba abiertamente a favor de los candidatos del PRI y ahora estamos exactamente en esa misma desventaja pues los gobiernos emanados de Morena respaldan, exactamente, de igual forma, a los candidatos que postula ese movimiento, que designa libremente Mario Delgado y que son previamente aprobados por el Presidente de la República.

Para que este mecanismo funcione en forma adecuada, se requiere la permanencia de los programas sociales y por ello es necesario el control mayoritario de la Cámara de Diputados, la participación ilegal de los funcionarios públicos en contiendas electorales que, desde luego, no son de su competencia y por ello se necesita la desaparición del INE para que la Secretaría de Gobernación vuelva a manejar y operar los procesos comiciales, exactamente como lo hacía el PRI hace más de cuarenta años en los cuales esta función estaba asignada a la Comisión Federal Electoral, que estaba dominada por completo por el gobierno, que tenía mayorías preestablecidas, produciendo resultados absolutamente predecibles, favorables siempre al grupo en el poder. Ayer fue Mario Moya Palencia y hoy podría ser Adán Augusto López, el primero soldado del PRI y el segundo, soldado de Morena, que manipulará la sucesión residencial de 2024 conforme lo ordene el Presidente de la República que desea tener un sitio en la historia al lado de los grandes hombres de México.