Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La visita que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, efectuara al penal de Santa Martha Acatitla, puso de manifiesto, una vez más, la profunda crisis en la que se debate el sistema judicial, en todas las instancias y niveles, desde los tribunales administrativos hasta el centros de reclusión, en los cuales solo una breve minoría “alcanza la justicia” ya que, puede contratar los servicios de abogados excelentes y por, lo tanto, mantener o recuperar su libertad, no importando la gravedad de los delitos que se le imputen.

La realidad, patética y dramática, que encontró ese alto funcionario no implica ninguna novedad, ya que, lo que pasa en esa prisión, como lo que ocurre en las demás, ubicadas no solo en la ciudad de México sino, también en el resto de las entidades federativas, confirma que se ha abusado de la figura de la prisión preventiva, ante la incapacidad que tienen las autoridades para investigar los delitos y que, por lo tanto, se castiga a priori y de antemano a los individuos, hombre y mujeres, incluso sin aplicarles sanción alguna, ya que, por lo menos el 62 % de las detenidas no estén cumpliendo sentencia, de conformidad con las leyes de la materia.

En la capital de la República, la izquierda, concebida así en forma genérica, tiene más de treinta años en el poder y en este periodo ha gobernado sin oposición, sin contrapeso alguno, por lo que no se justifica, de ninguna manera, que estos fenómenos jurídicos e institucionales no se hayan enfrentado y resuelto a favor de la población en general y de que sigan prevaleciendo los viejos vicios, los anacronismos, los abusos, los atentados a la libertad de las personas, que continúe la saturación en los reclusorios y que la administración y procuración de justicia sea lenta y corrupta, demasiado lenta y corrupta, tan solo para favorecer a un grupo de funcionarios judiciales que han acaparado por décadas los puestos en los tribunales y en los centros penitenciarios.

Primero fueron los políticos del PRD, ahora los de Morena, que representan una continuación de los anteriores, los que han permitido y tolerado que sigan funcionando el penal de Santa Martha Acatitla y el resto de los reclusorios con la misma obsolescencia del pasado, ya que las denuncias que recibiera el ministro Zaldívar fueran esencialmente las mismas de hace treinta o cuarenta años y que persista el mismo comportamiento general, el sensible atraso de los métodos, los procedimientos, que se observan desde los cuerpos de defensoría jurídica hasta los jueces que aplican las leyes, actuando con una total irresponsabilidad e impunidad. El gobierno de López Obrador, que conoce desde luego esta grave situación, tampoco ha operado para cambiar radicalmente el sistema oprobioso, lo que demuestra que es un asunto que políticamente no le interesa en forma alguna, porque no es redituable desde el punto de vista electoral.

A pesar de que se ha demostrado que la aplicación casi generalizada de la prisión preventiva fue una cobertura para ocultar las profundas deficiencias y limitaciones que tienen la procuración de justicia, ésta que se sigue imponiendo, sin ir al fondo de los problemas que les son inherentes, es decir, no existe personal capacitado técnicamente para atender estos asuntos, no hay recursos presupuestales para satisfacer estos gastos, pero lo más importante, es que los funcionarios no se separan de las características inherentes al sistema capitalista, al tratarse de estos aspectos en los cuales está de por medio la libertad humana. Si en el trascurso de los meses y de los años, un detenido no ha sido sentenciado, debería ser dejado en libertad, ya que, de no hacerlo se está cometiendo una grave injusticia, que tiene el carácter de irreparable.

Aunque como resultado de la intervención del ministro Zaldívar fueran puestas en libertad inmediata muchas de las encarceladas, de todas formas, mientras subsista la prisión preventiva, en los términos actuales, otras mujeres ingresarían a la prisión en las mismas circunstancias que lo hicieron las anteriores, manteniéndose el circulo vicioso en el que nos encontramos desde hace varias décadas: en México no se castigan a los delincuentes mientras dispongan de recursos pecuniarios para pagar a sus defensores sino a los pobres, a los trabajadores, a los desempleados, a los que tienen un bajo nivel de escolaridad, es decir, a aquellos que el sistema capitalista ha colocado en los niveles bajos en la estructura social.