Por: José María y Alejandro

Hace algunas semanas, en México se efectuaron los exámenes de ingreso (concursos de selección) a los niveles de educación media superior y superior, que se realizan año con año. Todo aquel que haya vivido esa experiencia conoce lo tortuoso de los días previos a la publicación de los resultados. Y es que, a pesar de que el tercer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma que: “Toda persona tiene derecho a la educación… el Estado… impartirá y garantizará la educación media superior y superior…” (cursivas de los autores) y que: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.”, la realidad es que, de facto, no existe ninguna garantía de que los mexicanos podamos acceder a una educación media superior y, mucho menos, superior. La carencia de esta garantía no es exclusiva de la sociedad mexicana, sino que existe en todas las sociedades capitalistas, en las que se usan términos ostentosos que no se definen con precisión (por ejemplo, la palabra garantizar, que tiene una connotación ambigua) con dos objetivos: 1) que de manera escrita, es decir, formalmente, parezca que los ciudadanos gozamos de amplísimas garantías y 2) que el gobierno pueda excusarse de no poder asegurar realmente esos supuestos derechos.

En el caso de la educación superior, es imposible de garantizar para todos los mexicanos, ya que ni siquiera existen suficientes lugares en las instituciones públicas de educación superior para cubrir la demanda total anual de personas que solicitan ingresar a este nivel educativo, (tal como se puede constatar en los datos estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES); mucho menos se podría satisfacer una potencial demanda del total de individuos que, aunque no solicitan cursar la educación superior, están en condiciones de hacerlo.

Otra característica del injusto sistema económico (inherentemente nepotista y corrupto) en el que vivimos es que la educación pública no deja de ser deteriorada todos los años a causa de la poca prioridad que el Estado le otorga. Lo anterior se puede ejemplificar con el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de aspirantes aceptados del total que realiza concurso de selección para el nivel superior, por ciclo escolar. En dicha gráfica puede verse que, desde 1999 a la fecha, la UNAM ha aceptado, en promedio, al 10.91% de sus aspirantes. Adicionalmente, la línea roja muestra una clara tendencia decreciente, es decir, en promedio, cada año se acepta a un porcentaje menor de estudiantes que solicitan acceder a la UNAM. Anticipándonos a quien pueda argumentar que en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022 se observa un claro incremento del porcentaje (y antes de que un fanático de Morena se lo adjudique a la omnipotencia de Andrés Manuel López Obrador), es importante señalar que este aumento porcentual se debe, no a que se aceptaran más estudiantes en la universidad, sino a que la cantidad de personas que realizaron el concurso de selección fue considerablemente menor al de años anteriores, lo cual puede deberse, entre otras cosas, al gran porcentaje de deserción académica que ha habido en los últimos años como consecuencia de la pandemia. Así, el dato atípico se explica por sí mismo.

Fuente: https://www.estadistica.unam.mx/series_inst/index.php

Datos como los anteriores nos invitan a pensar cuál es la raíz de este problema. En este sentido, es tentador acudir a las respuestas típicas que la maquinaria ideológica nos impone: los rechazados no se esforzaron lo suficiente, no tienen un coeficiente intelectual elevado o son flojos; es la selección natural; si todos fueran aceptados, nadie se esforzaría; entre otros pseudoargumentos que van desde lo abiertamente ridículo hasta lo cuidadosamente disfrazado de fraseología pseudocientífica.

¿Cuál es entonces la verdadera raíz del problema? Una investigación superficial permite reconocer que existen múltiples factores económicos y sociales, como la cantidad de ingresos económicos de la familia en la que vive un estudiante, los pocos lugares ofertados para el nivel superior, el limitado presupuesto que el Estado asigna a la Educación pública, entre otros, que reducen la probabilidad de que un estudiante pueda acceder a la universidad.

¿Qué se puede hacer para combatir este problema? Luchar. A diferencia de lo que el actual gobierno federal, liderado por Morena, quiere hacer creer, es necesario que, como se realizaba cuando los otros partidos burgueses (PAN y PRI) estaban en el poder, se luche por todos los medios, por ejemplo: 1) exigiendo al gobierno un mayor presupuesto para las universidades, en lugar de que éste sea dirigido hacia otros fines como brindarle mano de obra gratuita a los empresarios (a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro) o incrementarle los recursos económicos a la policía y el ejército (para supuestamente reducir la violencia, que no ha dejado de incrementar en los últimos años); 2) marchando en las calles; 3) utilizando las redes sociales y cualquier medio para denunciar la precarización educativa; 4) creando organizaciones estudiantiles y docentes que permitan hacer frente a los embates del gobierno contra la educación; .

En síntesis: debemos luchar, luchar y no dejar de luchar.