Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, desde que fue electa para ocupar ese cargo, ha manifestado una total obediencia política y sumisión mecánica al Presidente de la República y, por lo tanto, renunció en la práctica a ejercer la autonomía que las leyes de la materia le atribuyen. Debemos recordar que la elección de la señora Piedra estuvo viciada de origen, ya que, ocultó que era o había sido militante de Morena y aunque se descubrió por fortuna esa irregularidad, no obstante, la mayoría parlamentaria la designó para ocupar ese puesto. A partir de este momento, el funcionamiento de la Comisión quedó por completo reducido en el ejercicio de sus funciones, que consistían en denunciar la violación a los derechos humanos y emitir las recomendaciones que se emitían en estos casos para solventarlas por parte del estado, ya que, se afirmaba que esas intervenciones molestaban al Jefe del Ejecutivo y por ello se prefería guardar un prudente silencio.

Han trascurrido ya casi cuatro años de la administración del gobierno obradorista y la violación a los derechos humanos ha sido sistémica y general: más del 300 mil personas murieron durante la pandemia de Covid por razones atribuidos, a la lentitud y negligencia de parte de las autoridades sanitarias, se han acumulado 120 mil víctimas causadas por homicidios violentos, 30 mil niños se quedaron sin medicamentos, 3 millones quedaron en el desempleo como resultado de la política de confinamiento, 2 millones de personas perdieron el acceso a los servicios de salud, se incrementó notablemente el número de feminicidios y las bandas del narcotráfico se han erigido en el poder decisorio en por lo menos 17 estados de la República, se contabilizan miles de desaparecidos, sobre todo mujeres, se han registrado cientos de masacres en por lo menos 8 entidades federativas, han sido asesinados más de 260 periodistas, más de 3 millones de trabajadores pasaron a la pobreza alimentaria , y se ha intensificado el proceso de militarización de nuestro país.

Ante este panorama desolador, la CNDH permaneció ciega y sorda, con los brazos cruzados, sin realizar ningún esfuerzo elemental, ni tomar ninguna medida concreta que permitiera por lo menos suavizar la situación nacional existente.

En términos generales, debemos afirmar que México ha sufrido, en los últimos años, una gran tragedia sanitaria, social, económica, humanitaria, de seguridad, que no tiene precedentes en las últimas décadas, en donde se han vulnerado, de una manera masiva, los derechos individuales y colectivos de millones de compatriotas, ya sea por omisión o irresponsabilidad por parte de las autoridades del estado, en todos los niveles, así como por las acciones de los grupos del crimen organizado. Por lo tanto, la CNDH tenía ante sí un campo muy propicio y demandante para haber actuado en el cumplimiento de sus obligaciones con las limitaciones jurídicas que tenía desde su fundación, pero no lo hizo, ya que, prefirió asumir una actitud acomodaticia, abdicando, en la práctica, en el ejercicio de sus funciones esenciales y, por lo tanto, fue cómplice de la gravísima emergencia social reinante al grado de que en la práctica se extinguió como institución pública que tenía asignada una tarea de primera importancia.

Debemos recordar que la CNDH no tiene facultades jurisdiccionales para hacer obligatorias las recomendaciones que formula en torno a las denuncias presentadas por los ciudadanos, es decir, solo señala la gravedad de las faltas, puestas a su consideración y la posible sanción o solución, pero corresponde a las autoridades judiciales hacer cumplir las leyes de la materia en cada caso específico. No obstante, en los últimos años, había obtenido una gran autoridad moral y ejercían una fuerte presión contra los funcionarios públicos que violaban las leyes de la materia y en muchas ocasiones lograba que los daños que sufrían los particulares se resarcieran en su beneficio. Hoy esta autoridad está erosionada precisamente por la inactividad y la indolencia prolongadas en que incurrió ese organismo que ya había desaparecido en la vida de la nación pues ya casi no emitía recomendaciones para no “molestar al señor Presidente”.

La CNDH respaldó la continuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no obstante que esta es una de las fuentes más importantes que existen en México y en el mundo en materia de violación de los derechos humanos, a pesar de que se ha comprobado que esa intervención no ha disminuido los índices de violencia y que, por el contrario, los ha incrementado, como lo revelan los datos relativos, de carácter comparativo, de los últimos tres sexenios, resolviendo y actuando incluso en contra del Consejo Consultivo de la propia CNDH   que desautorizó ese pronunciamiento, hecho tan solo con el propósito de “quedar bien con el señor Presidente de la República”, incluso al grado de desconocer que esas medidas no han sido aceptadas por los organismos internacionales encargados de esta materia. El propio senador Ricardo Monreal pidió a la CNDH que se limitara al cumplimiento de las funciones y tareas que tiene encomendadas de una manera expresa y que desde luego ha abandonado y que no tratara temas que, como el electoral, le estaban vedados de una manera categórica.

La Comisión, en el colmo del entreguismo y de la negación de su propia personalidad y atribuciones, apoyó las propuestas del Presidente para debilitar y desvirtuar las tareas del Instituto Federal Electoral, a pesar de que el acuerdo con las normas constitucionales no lo puede hacer, esgrimiendo una serie de argumentos relativos a los años sesenta en cuyas fechas ni siquiera existía ese organismo. En este caso, también el Consejo Consultivo negó validez a esa opinión, la cual, efectivamente, no tiene ninguna sustentación jurídica o política sólida sino que, solo se trata de simples ataques en el marco de la campaña de desprestigio que el gobierno ha lanzado contra esa institución.