Comisión por la Emancipación de la Mujer del PCM

A pesar de que en próximos días se anunciarán en México toda clase de campañas y conmemoraciones en torno al 25 de Noviembre, en este país el panorama de la violencia contra niñas y mujeres es cada vez más indignante y aterrador: La estadística de violencia sexual, feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres, que sólo incluyen los delitos denunciados o reportados ante dependencias judiciales, reportan que el 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México: inicialmente se reportaron 1,006 casos, y posteriormente sólo se tipificaron 978 bajo este tipo penal, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, se registraron como “homicidios dolosos” 2,745 asesinatos de mujeres, puesto que un reducido número de muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio, para un total de 3,723 en 2021; es decir más de 10 mujeres asesinadas al día. De enero a julio de 2022 ya se reportan 545 feminicidios, y 1,639 homicidios dolosos de mujeres, lo cual representaría, en promedio, un incremento de 0.2% respecto al año pasado. Esta brutal realidad contradice la propaganda gubernamental de que se ha reducido la violencia: solamente entre enero y julio de 2022 ya se abrieron 13,861 carpetas de investigación por el delito de violación –un aumento del 13.1% con respecto al mismo período del 2021-, pero la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que más de 194,334 mujeres fueron víctimas de este delito porque la mayoría de casos no se denuncian o no se tipifican.

Los casos de trata con fines de explotación sexual aumentan en forma imparable, y sin ninguna duda están vinculados al constante aumento en desapariciones de mujeres: hay 21,840 mujeres reportadas como desaparecidas en México de 2006 a 2021, de las cuales el 26% son niñas y adolescentes menores de 19 años, y el 23% jóvenes menores a 29 años. De las personas desaparecidas, más del 25% continúa sin ser localizado cinco años después. En el caso de las niñas y jóvenes, a partir de 2019 se registró un aumento pronunciado de la explotación sexual, prostitución y pornografía infantil -que se tipifican como “corrupción de menores”-, con un acumulado de 5,631 denuncias de estos delitos a julio de 2022.

Se agudiza la problemática en grandes ciudades de ciertos estados y en municipios que se convierten en focos rojos: Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero son por ejemplo los estados donde se concentran el 56.13 % de los casos de desapariciones de mujeres de todo el país entre 2018 y 2021.  Actualmente cinco de ellos concentra el 54 % de los casos y los cinco tienen vigentes el mecanismo llamado “Alerta por Violencia de Género”. A pesar de que parecería obvia la necesidad de estudiarla, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no incluye información que permita analizar al perfil de las víctimas: grado de escolaridad, ocupación, antecedentes de violencia, lugar de nacimiento, estado civil, etc., son variables que podrían esclarecer circunstancias de la desaparición.

Sin embargo, la más leve revisión del registro hemerográfico evidencia un factor común: se trata en su mayoría de mujeres, jóvenes y niñas que viven, trabajan o estudian en la periferia de las ciudades, alrededor de las zonas industriales, en las populosas colonias o en las áreas rurales controladas por el narcotráfico; muchas de ellas, adolescentes y jóvenes engañadas en la búsqueda de trabajo precario; procedentes de entornos familiares y sociales atravesados por la precariedad; en suma, mujeres y niñas de extracción proletaria.

En un hilo doloroso, suelen hacerse notorios -aunque de manera efímera- algunos casos en los que se atribuye los feminicidios o las desapariciones a los varones cercanos a las víctimas, esposos, novios o conocidos. Sin embargo estadísticamente resalta otro común denominador: la marcada presencia de grupos delictivos que han “diversificado” sus actividades y que han extendido grandemente sus radios de acción, con una constante: la oprobiosa inacción, la indiferencia –en realidad, complicidad- de las autoridades policíacas y judiciales.

¿Por qué se incrementa de esta manera monstruosa la depredación de los cuerpos y las vidas de niñas y mujeres sin que el Estado mueva un dedo y haga mucho más que propaganda demagógica? En la etapa del capitalismo imperialista se agudizan las contradicciones de la crisis capitalista al igual que la feroz competencia por mercados detonando el despojo, el desplazamiento, el genocidio y la guerra. En estas circunstancias, las llamadas economías ilegales o del crimen organizado son complementarias de la economía legal del expolio capitalista, sólo la diferencian las formas o su catalogación legalista. La trata de personas, el secuestro, el reclutamiento y utilización de niñas y mujeres para la explotación sexual y el trabajo forzado que afecta casi exclusivamente a mujeres y niñas proletarias, no son más que formas modernas de acumulación originaria que en la siguiente generación los narcotraficantes y tratantes transformarán en inversiones, en capitales, de la misma manera que antes lo hicieron los tratantes de esclavos y los hacendados. Porque en las condiciones actuales de desarrollo tecnológico y perfeccionamiento del aparato represivo estatal, estos grupos delictivos no podrían actuar y sobrevivir sin la protección y apoyo explícito de las fuerzas armadas, de los cuerpos policiales y del aparato de justicia. Confluyen los intereses del capital y el así llamado crimen organizado, en un engranaje intrincado que abarca todo el Estado, en tanto que le son útiles para reprimir la protesta social y para habilitar en lo general la maquinaria de explotación y despojo capitalista.

Porque hay otras formas de violencia que sufren las mujeres y no son contabilizadas en esta terrible estadística: explotación laboral que asemeja esclavitud y trabajos forzados para las recogedoras y jornaleras agrícolas, secuestro y desapariciones de defensoras de DDHH y del territorio, asesinatos de mujeres periodistas que investigan la connivencia del gobierno y el narco. Incontables formas de violencia cuyo denominador común es la violencia de clase, aquélla que sufrimos por ser mujeres de la clase explotada: que nos despidan por estar embarazadas es violencia, que cierren estancias infantiles y no tengamos cómo cuidar adecuadamente a nuestros hijos e hijas mientras trabajamos es violencia, que no se respete nuestro derecho a la incapacidad por maternidad y al permiso de lactancia es violencia, que la Guardia Nacional persiga y agreda a mujeres migrantes y a sus hijos a lo largo de todo el país es violencia, que no tengamos acceso a la salud pública o que muramos de Covid por no tener acceso a un respirador es violencia, que percibamos salarios de hambre tras jornadas de 10 a 12 horas diarias es violencia, que no tengamos perspectiva de jubilarnos dignamente es violencia, que nos expulsen de nuestras comunidades para que los monopolios depreden la tierra, los bosques y los ríos es violencia. Violencia, es enfrentar sola al crimen organizado buscando a una hija desaparecida para ser prostituida en complicidad con las estructuras policíacas, o tener que escarbar el monte con tus propias manos, buscando a un hijo o esposo desaparecido, como hoy hacen con riesgo de sus propias vidas decenas de miles de mujeres mexicanas: mientras 3 personas buscadoras fueron asesinadas en el sexenio de Felipe Calderón, y cinco más durante el de Peña Nieto, ya se documentan 9 casos en lo que va del gobierno de Obrador.

Así pues, la violencia que viven cada día las mujeres en México es gravísima e inocultable, y ninguna campaña o estrategia gubernamental la resolverá porque sus causas son estructurales, están imbricadas en la raíz de la sociedad capitalista en que vivimos. Para nosotras es vital analizar y entender a fondo las raíces históricas de la violencia contra las mujeres, es decir, el análisis científico sobre las causas, el cómo y el porqué del surgimiento de la desigualdad y la opresión que sufren característicamente las mujeres a partir de cierto momento de la historia, y desembocan hoy en la desigualdad de las mujeres proletarias, la mitad de la clase explotada en el capitalismo. Hemos solamente esbozado algunos elementos por los que se evidencia que la situación de violencia extrema que hoy vivimos la gran mayoría de las mujeres mexicanas, no se deriva de un conflicto inexorable o inmutable entre los géneros, surgido de alguna manera por una lucha de poder y dominio del hombre sobre la mujer.

Estamos convencidas de que no es suficiente reformar las leyes o modificar la educación de los hombres para erradicar nuestra situación de desigualdad y opresión; tampoco la incorporación de más mujeres a las cúpulas estatales o empresariales ha hecho más que otorgarle una careta de igualdad al Estado capitalista. Pues la abolición completa de todo tipo de desigualdades, económicas, políticas, jurídicas, culturales, etc., incluyendo las desigualdades en las relaciones entre ambos sexos -y con ella la ideología de la clase dominante que habilita la violencia contra las mujeres-, requiere la abolición de la explotación del hombre por el hombre y de la división de la sociedad en clases, basada en la propiedad capitalista de los medios de producción, y el surgimiento de una sociedad nueva.