Por: Iván Carreño Martínez

Pensar que la corrupción es el principal problema que alimente al narcotráfico es ingenuo y confunde lo aparente con lo esencial, el crimen organizado desde la percepción de clase se debe ver como una empresa más, aunque de índole ilegal no puede pasarse por alto los repetidos casos y señalamientos de corrupción entre los dirigentes de X o Y cartel o agrupación delictuosa con cualquiera de los partidos políticos burgueses, ya sea el PAN,PRD,MC y el mismo MORENA a cualquier nivel o prácticamente en todos los periodos de gobierno de dichos partidos, como también se vinculan empresas y grupos de poder a dichos partidos.

Luis Carlos Ugalde ex titular del INE señalo en su momento que en México por cada peso que los partidos políticos reportan como gasto de campaña, existen 15 que no son declarados, siendo aportaciones de la iniciativa privada, del desvió de recursos y tal vez del crimen organizado.

La tolerancia de los aparatos de seguridad pública y en algunos casos su colaboración con las organizaciones delictivas y el reacomodo territorial de estas causan un espiral de violencia atroz en la sociedad mexicana, ya conocida por las personas de a pie, igualmente conocidos los casos de corrupción de los aparatos policiacos y militares, siendo testigos los tribunales de Estados Unidos, ya sea contra el máximo dirigente de la policía Federal calderonista o el secretario de las fuerzas armadas del peñismo y lo que falte por descubrir en otras administraciones estatales o federales, incluida la de la llamada “4T”. La cual no a optado por mejores estrategias que sus antecesores y que repite con demagogia que los grandes proyectos de su gobierno y la Guardia Nacional (GN) son la clave para resolver los problemas, sin embargo, a más de la mitad de su gobierno parece no haber mejores resultado, ya que desde el inicio del sexenio de López Obrador en diciembre de 2018 hasta mayo pasado, se contabilizan 121 mil 655 asesinatos, con un promedio de 2 mil 896 personas asesinadas cada mes, y la noticia reciente que la GN pasa a manos de la SEDENA no hace más que confirmar que el problema no esta cerca de terminar y que se mantiene la militarización de la seguridad del país que lo único que a mantenido con vida es la industria de la “guerra contra el narco”.

Las estructuras criminales se sostiene no solo por la cantidad de dinero que fluye entre ellos de este lado de la frontera, también es sostenida a base de las armas, que se traduce en una ganancia anual aproximada de $20 millones de dólares al año del lado de los Estados Unidos, tema que ha causado fricciones entre los respectivos representantes de la burguesía nacional México-estadounidense, sin contar que las pérdidas humanas siempre terminan del lado mexicano, contando miles de muertos, desaparecidos, huérfanos y desplazados, estos últimos siendo más de 350 mil desde la mal llamada lucha contra el narco a pesar de las múltiples estrategias fallidas de parte de los gobiernos en turno y del deslinde de los derechos más básicos como el derecho a la vida que como podemos deducir dentro del marco del capital y la ganancia, es solo un discurso.

Cabe señalar que estos territorios y movilizados son objeto en diversas ocasiones de empresas transnacionales que usan estos campos de batalla para acaparar y arrebatar los territorios a los habitantes originarios de algunas entidades, siendo la función principal del narcotráfico no solo el flujo de capitales sino la actividad paramilitar y desorganizar a las comunidades rurales o urbanas, en la algunos llaman guerra de baja intensidad.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa revela que la vinculación entre todas las instituciones de gobierno y los grupos criminales se hacen presentes, por lo que en consecuencia política e ideológica no interesa señalar a una u otra organización, personajes o partido político para cambiar esto, hace falta cambiar a toda la sociedad y toda la estructura política donde los ciudadanos se liberen no solo de la explotación económica sino de la violencia colectiva de la que es víctima.