Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Según los registros oficiales del Tribunal Federal Electoral, los candidatos presidenciales de Morena han recibido 18 apercibimientos por realizar acciones políticas ilegales, pero ninguno ha sido sancionado. La conducta delincuencial más reciente se registró la demanda pasada, cuando el Secretario de Gobernación, por instrucciones del Presidente de la República, se encontró con los 17 gobernadores que pertenecen a ese partido y les pidió que otorgaran un tratamiento igualitario a los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial y que ha dicha reunión, efectuada, en las oficinas de esa dependencia, también asistió el Presidente del partido en el poder, Mario Delgado, para hacerles la misma solicitud, todo lo cual demuestra que al gobierno y su partido no le preocupa violar las normas legales, consciente, como está, de que no sufrirá ninguna castigo, de conformidad con la legislación vigente. Se trata de una posición retadora y altanera que confirma con el único propósito es mantenerse en el poder, y que por ello están vulnerando sistemáticamente las normas legales que, en materia electoral hasta hoy, son letra muerta.

En varios artículos publicados en El Machete, hemos denunciado en forma detallada las reiteradas violaciones que a experimentado la normatividad electoral, que todavía está curso y que comprueba que se trata de una tendencia general que consiste en mantenerse en el poder apoyándose en los recursos materiales y humanos de que dispone el estado, en todos los niveles y que lo que realmente se pretende es, primero, desprestigiar o debilitar tanto al INE como al Tribual y segundo, eliminarlos o esterilizarlos en las funciones que tienen encomendadas.

Los funcionarios del Tribunal, no obstante que ya identificaron las violaciones en que han incurrido tanto los funcionarios públicos, como los dirigentes y candidatos de Morena, están luchando por su sobrevivencia política, ya que tienen el temor de que si aplican las sanciones correspondientes serían exterminados por parte del Presidente y del Congreso de la Unión y, por lo tanto, no está cumpliendo con sus funciones y por ello, están permitiendo que impere la más completa impunidad en los procesos electorales que están en marcha.

Estamos inmersos en la prepotencia, la arrogancia y la arbitrariedad, que expresan del gobierno y de su instrumento electoral y esta postura debería preocupar a los representantes de todas las fuerzas políticas, ya que se pone de manifiesto que el grupo burgués y pro capitalista que está en el poder trata de sostenerse en el mismo a como dé lugar, es decir, vulnerar de una manera sistemática las leyes de la materia, leyes que sus integrantes demandaron en el pasado inmediato, cuando estaban en las filas de la oposición, y que ahora rechazan de una manera categórica porque les impide cumplir con este objetivo.

En el pasado inmediato, cuando el PRI era el partido hegemónico, sus personeros y operadores trataban de cuidar por lo menos la formalidad de las normas y de las instituciones de la democracia capitalista, pero en la actualidad se incurre en una negación completa, un desconocimiento total, de las mismas, pero de una manera consciente y deliberada, lo que permite concluir que las elecciones del presente año y más aún las del año próximo serán profundamente inequitativas a favor de Morena y del gobierno que encabeza López Obrador, ya que la legislación de la materia o lo que quede de ella después de las reformas que apruebe la Cámara de Diputados en el mes de febrero, no será ningún obstáculo para perpetuarse en los cargos públicos.

La finalidad esencial de estas modificaciones consiste en otorgar al gobierno federal, en diferentes niveles e instancias, una serie de potestades y atribuciones, que les permitan asegurar el control total de los procesos electorales, lo que implicaría, de suceder así, un grave retroceso político de carácter histórico.

El Tribunal Federal Electoral ha informado que los candidatos y los dirigentes de Morena están actuando en contubernio con los funcionarios públicos, sobre todo con los gobernadores de los estados y que han realizado en forma recurrente, acciones totalmente indebidas como los actos anticipados de campaña, el uso de recursos fiscales, la realización de propaganda oficial que les beneficia y otras acciones que están a la vista de todos, que de una manera conjunta han significado la erogación de cientos de millones de pesos, siendo la jefa de gobierno de la ciudad de México la que más se ha caracterizado por esta actitud contumaz, quizá porque está consciente de que tiene todo el apoyo del Presidente de la República y que, por lo tanto, las sanciones de los órganos electorales son despreciables y hasta ridículas.

Una de las normas de la democracia burguesa en la que vivimos señala que los funcionarios públicos, en ese caso los gobernadores, son representantes de todo el pueblo y que, por lo tanto, no deben defender los intereses de ningún partido, ni siquiera de aquellos que los llevaron al poder. Por lo que dice ese precepto, las elecciones internas de los partidos son o deben ser una responsabilidad exclusiva de las organizaciones que las realizan y que, por lo tanto, los funcionarios públicos deben observar una posición neutral frente a ellos ya que en términos generales, cuando participan indebidamente en estos procesos, utilizan recursos del erario.

Ello significa que las elecciones que efectúen los partidos políticos, incluso los de oposición, deben efectuarse al margen de las dependencias y de los organismos gubernamentales y en este contexto, la Secretaria de Gobernación no está facultada para transmitir instrucciones a esos funcionarios, menos aún en los recintos oficiales, ya que con ese tratamiento infamante se les considera como empleados y subordinados, que carecen de autonomía, violando el carácter federal de la República.

Es evidente que tanto el Presidente de la República, como la mayoría de los gobernadores, apoyan políticamente a la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, la cual utiliza por lo menos dos días a la semana para realizar actividades claramente proselitistas y de que no hay ningún tratamiento igualitario para el resto de los aspirantes, siendo por completo ignorado el senador Ricardo Monreal. No hay lo que se llama en la jerga popular, piso parejo en la contienda en el interior de Morena, sino una notoria correlación de fuerzas, inducida desde el poder, a favor de esta funcionaria, que ha diseñado todas sus acciones administrativas y políticas con una determinada finalidad electoral.