Por: Héctor Ramirez Cuellar

 

A partir del 6 de febrero pasado en que se realizó la ceremonia de conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 se ha hecho más notorio el odio y el rencor que existe entre los titulares de los titulares de los poderes de la Unión, en una abierta contravención a lo que señala la teoría clásica de Montesquieu que plantea como condición indispensable para el funcionamiento del estado capitalista que la armonía y el equilibrio deben imperar entre ellos. En la reunión de Querétaro, el personal que está al servicio del Presidente de la República, violó claramente las reglas del protocolo oficial y cambió la ubicación de los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, desplazándolos hacia dos lugares alejados del titular del ejecutivo y en su lugar colocó a las secretarios de las fuerzas armadas y de la marina.

No se trató de una simple vulneración reglamentaria, que durante mucho tiempo, se acató, ya que se trata de ceremonias de estado en las que los requisitos formales son muy importantes en las cuales se pretende demostrar que México es una nación democrática y republicana en la cual rige, como un componente básico, la existencia de los tres poderes. Al efectuar esta maniobra, el titular del Poder Ejecutivo estaba reafirmando la enorme fuerza económica, social y política que tienen los titulares del ejército y de las fuerzas armadas en general, política que se demuestra o ratifica casi todos los días al asignarles tareas y funciones que no les corresponden.

La respuesta de los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña y del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, ante este desprecio que mostraba ante ellos el Presidente de la República, fue clara y enérgica, no así la del senador Alejandro Armenta que por ser miembro de Morena, elaboró una alución ridícula y patética, que confirma que ese partido es en realidad un instrumento dócil de Andrés Manuel López Obrador y que desconoce su papel y su representación en el sistema político de nuestro país.

El Presidente mantuvo una excelente relación política con el anterior titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar y deseó continuarla con la ministra Jazmín Esquivel Mossa, pero el escándalo producido por el plagio de su tesis le impidió nombrarla en el cargo más elevado y al presentarse la candidatura de Norma Piña estalló en el enojo y y en la ira, tratando de impedirlo, pero no lo logró. La licenciada Piña se había distinguido por tener una larga y brillante carrera en el sistema judicial y por defender con firmeza la independencia de la Corte y de los ministros o jueces y esto le disgustó profundamente al titular del Ejecutivo que siempre quiere tener funcionarios a modo, es decir, débiles, que se sometan fácilmente a sus instrucciones.

Durante el mandato del licenciado Zaldívar , la Corte congeló más de 60 solicitudes de acciones anticonstitucionales y amparos que presentaron sobre todo los partidos de oposición , organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanos, lo que le otorgó al gobierno un manto de impunidad, ya que estas reformas a pesar de estar impugnadas, se han seguido aplicando, no obstante que de una manera clara y evidente transgreden las normas de la Ley Fundamental y esta actitud abstencionista deliberada desea el gobierno que continúe durante la gestión de la ministra Piña, pero esta no asegura que así se hará, ya que muchos jueces y magistrados no desean emitir resoluciones al respecto pues de inmediato se enfrentan a los ataques del Presidente de la república que los ha acusado, en términos generales, de corruptos, pero no ha presentado ninguna prueba concreta que fundamente su aseveración globalizada.

EL Presidente ha declarado en reiteradas ocasiones que desprecia tanto a la ministra Piña, como al diputado del PAN, Santiago Creel, con quienes no desea sostener ningún tipo de diálogo, ninguna interlocución institucional y por lo tanto no existe ninguna colaboración política entre los representantes los Poderes de la Unión sino un intenso y permanente antagonismo entre ellos. Esto ha producido, entre otros efectos, una paralización de las funciones legislativas las Cámaras de Diputados y de Senadores cuyos grupos están realizando una serie de maniobras parlamentarias de carácter dilatorio, pretextos fútiles para no citar a las comisiones dictaminadoras, entre otros subterfugios legaloides.

EL Poder judicial, en sus diferentes niveles e instancias, desde la fase de prevención de los delitos, hasta el funcionamiento de las cárceles y reclusorios enfrenta desde hace tiempo, muchos retos y deficiencias, situación verdaderamente catastrófica, que requiere una serie de modificaciones de fondo y de forma, que jamás podrán llevarse a cabo si persiste esta lucha enconada y ridícula en la cual los titulares del poder, legislativo y del judicial ni siquiera se saludan, se ponen trampas unos a otros, en una total desconfianza y no existen objetivos comunes