El gobierno de Morena en Baja California está empeñado en lograr un viejo anhelo de anteriores administraciones, emanadas del PRI, PAN y PRD: una primera etapa de la monopolización del transporte público en la ciudad de Tijuana, la segunda más poblada en el país y una de las más importantes en términos industriales. Para dar paso a un transporte masivo y rutas alimentarias se mandará al desempleo, a una mayor precarización e incertidumbre económica, a centenas de trabajadores del volante y familias.

Detrás de la decisión se encuentran, como antes, grupos empresariales con alta concentración de capital de dentro y fuera del estado. La medida, anunciada oficialmente desde 2022, es coronada con una ley, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, que estipula la prohibición de renovar, crear o modificar permisos de transporte en una zona de más 33 mil kilómetros de extensión y que es el núcleo del futuro Corredor Agua Caliente. El capital fluye, rompe limites gracias al Estado y destruye al capital rival.

Por un lado, en la coalición gubernamental Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), la cabeza del gobierno y del partido Morena reivindica la explotación asalariada bajo una “modernización” del transporte público, propiciando con su iniciativa que los pequeños capitalistas, hasta hoy dominantes en dicho sector, se vuelvan accionistas del nuevo pulpo del transporte; lo cual, en distintos momentos, ha significado la ruina de los pequeños capitalistas y su completo desalojo para el más amplio beneficio de los capitales más fuertes. Por otro lado, la “izquierda” de la Coalición, subordinada al grupo de Jaime Bonilla, propugna por la misma “modernización”, pero una en la que tengan mayor protagonismo; mientras tanto abogan por conservar las actuales condiciones de explotación, y los grandes márgenes de ganancia para los concesionarios de permisos y placas, a costa de trabajadores con más de 15 horas de jornada diaria, sin derechos laborales y sin dignidad.

Tanto Morena y aliados, como su oposición burguesa (PRI, PAN, PRD, MC, etc.), representan arbitrariedad, mandato de élites y explotación de los trabajadores. La monopolización del transporte público no resolverá el gran pesar de las filas interminables, los largos y cansados trayectos o las altas tarifas; al contrario, seguramente aquella se inaugurara con una tarifa superior a la actual, con horarios y rutas que ignoran la dinámica nocturna de miles de trabajadores, dando pie a un mayor uso, y por ende a un mayor costo, del transporte por aplicación. La monopolización del transporte público ahondará el despotismo contra los usuarios y trabajadores, vulnerados y desvalijados de manera más vigorosa por la disciplina, la anarquía, la corrupción y el lucro del capitalista colectivo.

Los trabajadores del volante necesitan liberarse de organizaciones que en realidad son puramente patronales y en las cuales mandan sus explotadores. En vez de tomar partido por uno de los bandos capitalistas en confrontación, es imprescindible que vean por sí mismos, unidos, organizados y en lucha contra la pobreza, el desempleo, la precariedad y toda explotación por parte de todo tipo de capitalistas.

Es imposible solucionar el problema del transporte público en la actual sociedad capitalista. Se interpone la propiedad privada en todas sus formas o tamaños. La solución no es la que propugna actualmente la socialdemocracia: la expropiación de los pequeños capitalistas, y la expulsión de los trabajadores del volante de sus fuentes de empleo, para satisfacción de rufianes capitalistas de mayor fortuna. La solución es la expropiación de los grandes medios de producción y circulación concentrados. La solución no es poner a tono la infraestructura y el flujo de la fuerza de trabajo con la irracionalidad del capital, sino poner a la sociedad de acuerdo a la satisfacción de las necesidades contemporáneas de los trabajadores y la clase obrera. Luchar contra la explotación y el despotismo de la burguesía, y por un verdadero bienestar, es luchar por el socialismo-comunismo.

Comité Regional del Partido Comunista de México en Baja California