HECTOR RAMIREZ CUELLAR

Hace un par de semanas ocurrió en el poblado de Texcaltitlán, ubicado en el sur del estado de México, un hecho que tiene una gran importancia política, los vecinos de este municipio se enfrentaron  mediante la violencia directa con un grupo armado que estaba afiliado a la Familia Michoacana causando la muerte a 14 de sus integrantes, quienes se había  presentado para cobrar el llamado derecho de piso, es decir, las extorsiones que se aplican a los productores de flores,  y de otros productos, matando en el combate a su principal jefe.  De parte de los  vecinos, solo murieron tres personas, en esta refriega en la cual se manifestaba la comisión de uno de los delitos más comunes que se cometen en la mayoría de las entidades federativas, los cobros ilegales, que no ha sido frenados por las autoridades  federales, estatales  y  municipales.

Aunque las extorsiones se ejecutan en un gran número de actividades productivas, afectando sobre todo a los campesinos, a los obreros, a los empleados, a los pequeños comerciantes y está es una práctica delictiva que está presente en  muchas regiones del país, el gobierno federal ha fracasado ya que solo entra en acción, ordenando la movilización de los efectivos de la  Guardia Nacional, el ejército, la Marina y los cuerpos policiacos estatales cuando los hechos  se han producido,  cuando ya se han editado las notas informativas y los noticieros de la radio  y de la  televisión han dado cuenta de estos sucesos, es decir, a posteriori, ya que no existe un política general al respecto que contenga tanto la prevención, como la desarticulación de las bandas criminales, la protección de los productores de alimentos, bienes y servicios,  siendo esta una de las causas de los aumentos inflacionarios ya que los costos de la  inseguridad que prevalece en estas zonas se trasladan a  los precios finales, es decir, lesionan a los consumidores, al pueblo trabajador.

Sin embargo, solo existe un aspecto visible y verificable cuando se generan hechos sangrientos y se publican las noticias correspondientes en los medios de prensa, en virtud de que muchas de las extorsiones no se exponen abiertamente ya que los productores que sí  pagan  esas cantidades ilícitas, están amenazados, guardan silencio, de tal forma que estas funciones de los bandas criminales, son más extensas de las  que  conocemos a simple vista. Por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad de México se cobra el famosos derecho de piso a los propietarios, administradores y encargados de muchas establecimientos comerciales y estas prácticas han sido habituales en otras colonias de la  ciudad capital y lo mismo sucede en las regiones metropolitanas de  Guadalajara, Monterrey, en Morelia, Chilpancingo, en  las principales ciudades del Bajo y sobre todo en las entidades federativas que están  localizadas en el litoral de Pacifico en donde se instalaron gobiernos postulados por Morena y que fueron  respaldados abiertamente por los narcotraficantes.

En las esferas oficiales, no se ha publicado un informe amplio,  detallado,  completo de las extorsiones que  registran  en el país  porque dicen los funcionarios que ello afectaría la  imagen política del gobierno federal y por ello  prefieren ocultar la información correspondiente  y atacan a los reporteros,  a los periodistas, que se atreven a exponer los hechos ya señalados., calificándolos de sensacionalistas y amarillistas,  que están al servicio del conservadurismo. En la mayoría de los casos, los  productores y los comerciantes prefieren   no presentar las denuncias pertinentes ya que no obtienen de parte de las autoridades la protección debida, no se investigan en forma suficiente estas acciones y el gobierno no actúa en forma adecuada,  ya que solo realiza maniobras disuasivas, es decir, es decir, de impacto publicitario,  no obstante que   la Guardia  Nacional, el ejército y la Marina han gozado de  los mayores porcentajes del presupuesto de egresos de las los últimos años , pero se   han abandonado, desde el punto  de vista del respaldo financiero  y técnico, a los cuerpos policiacos estatales y municipales, sobre todo en aquellas entidades federativas en  donde existen gobiernos de oposición a  Morena.

Los acontecimientos de Texcaltitlán confirman que por lo menos en varias regiones económicas de Guerrero, Michoacán,  muchos productores están  dispuestos a hacer  justicia por su propia mano, ante la pasividad y la negligencia  de   las autoridades y por ello se están formando grupos especiales que defienden sus intereses materiales, sus recursos  naturales, las actividades a las que se dedican para subsistir,  su vida misma,  a sus familias, lo que permite concluir  también que existe en muchas regiones de nuestro país un gran descontento social  que se puede traducir en una fuerte oposición política a Morena cuyos resultados se pueden reflejar en las próximas elecciones presidenciales; realizar acciones armadas directas contra los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo contra las ramificaciones del narcotráfico, y las modalidades  imperantes que asume su funcionamiento en esta etapa, cuya respuesta, sea  proporcionalmente  violenta, por parte de  grupos sociales afectados,  se puede extender, por lo menos,  en algunos de los estados  ya   señalados.