Estamos a seis meses de que se cumplan 10 años del crimen de Estado en Ayotzinapa, los mismos meses que faltan para la conclusión del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En septiembre de 2014, y por tres meses, todo México se conmocionó por una ola de protesta y movilización no conocida en los últimos cincuenta años, después de las históricas jornadas del movimiento estudiantil-popular de 1968. El mando militar admitió que si las protestas escalaban no tendría forma de contenerlas,  pues en todas las ciudades y pueblos, en todas las universidades y escuelas, de todas las entidades del país se elevaba el clamor, y en las calles las masas populares exigían la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

Con este crimen de Estado se evidenciaba el entrelazamiento del Ejército y el crimen organizado, además de bandas paramilitares. La socialdemocracia entonces en la oposición, y sobre todo su dirigente, el hoy Presidente Obrador, se montaron en el movimiento para obtener rentabilidad electoral, y ello fue determinante en la sucesión presidencial del 2018; esta misma actitud de lucro tuvo con el movimiento magisterial, campesino, popular y sindical. Desde entonces, los comunistas denunciamos esa suplantación, pues el carácter de clase de la socialdemocracia obradorista chocaba con el de todas las luchas que presentaban férrea y masiva oposición al ajuste estructural del capitalismo que llevaban adelante los gobiernos del PRI y PAN.

Obrador demostró que no sólo buscaba los votos para ganar, sino también la desmovilización, la desactivación de la protesta e insumisión. Aunque era evidente que su Gobierno daría continuidad a una economía y política estrictamente favorable al poder de los monopolios, al principio la esperanza de que se produjera un cambio paralizó a varias causas justas. La demagogia de Obrador fue una camisa de fuerza temporal para la lucha popular, pero no eterna, puesto que los problemas continúan y se agravan, y las ilusiones se desvanecen.

Aunque el gobierno de Obrador empezó con fuerza una campaña para lavar el desprestigio del Ejército criminal, al que llamó “pueblo bueno uniformado”, muchos pensaban que era simplemente una maniobra para contener ataques reaccionarios; pero pasaron los días, los años, y el Ejército fue protegido, fortalecido, y desde la propaganda presidencial relegitimado. Se legalizó la militarización del país, se le entregó el control de la Guardia Nacional, puertos y aeropuertos así como importantes proyectos económicos, sobre todo en la industria de la construcción; se protegió al capo mafioso del General Cienfuegos, y con diáfana determinación se exculpó al Ejército y los mandos responsables por los crímenes en Ayotzinapa. El propio Presidente se puso al frente de una campaña de calumnias y deslegitimación de la muy seria actividad del GIEI, al que se negaron expedientes claves. Administrando el tiempo, dando largas, pensaba en el cansancio y olvido como ingredientes para archivar esa gran herida de México. Pensando Obrador que esta táctica tendría efectividad, ni siquiera fue tema en los 100 puntos de Gobierno que en su inicio de campaña presentó Sheinbaum, a pesar de que ahí en las inmediaciones del Zócalo se encontraba un campamento de familiares de los desaparecidos y de estudiantes normalistas.

Pero se acabó la confianza. Obrador no cumplió, y ya se va, a engrosar la canalla de expresidentes antiobreros y antipopulares, en la misma calaña que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que dejan tras de sí un pueblo sumido en la miseria y ahogado por la violencia. Con gran combatividad y ejemplar dignidad, los familiares de los 43 desaparecidos, la FECSM y la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa demuestran que Obrador es un adversario del pueblo.

Hoy, cuando en su protesta han ido contra una de las puertas de Palacio Nacional, no nos parece algo fuera de lugar, sino la consecuencia lógica. Obrador, al igual que Peña Nieto, ha sido gerente de un Estado que permanece intacto, un Estado que garantiza la dominación sobre los explotados y oprimidos; un Estado que es responsable de la represión.

De inmediato una jauría variopinta, que incluye a los vetustos voceros reaccionarios, en sincronizada acción con sus aparentes adversarios que son los propagandistas obradoristas, se lanza a condenar y criminalizar esta justa lucha.

El Partido Comunista ratifica su solidaridad con la FECSM, con las Normales Rurales y con la imperecedera causa de Ayotzinapa, y se prepara para que en Septiembre se despida el mal gobierno de Obrador con un mes de lucha por justicia.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

El Buró Político del Comité Central