Marco Vinicio Dávila Juárez,
miembro del CC del PCM

 

Sobre la reforma judicial que propuso el presidente López Obrador y que pretende crear un poder judicial “independiente” de las cúpulas políticas, que no económicas, a través de procesos electorales, donde “el pueblo” elija libremente a los candidatos propuestos por los tres poderes. Con el fin de garantizar que en el Poder Judicial estén representadas las diferentes visiones de la sociedad.

La propuesta es en sí misma una contradicción, o sea más demagogia.

Se pretende sustituir por órganos investidos de legitimidad democrática al Consejo de la Judicatura Federal, porque éste no ha sido capaz de acabar con la corrupción y la impunidad que ocurren al interior del Poder Judicial.

Se propone prohibir el financiamiento público o privado para impedir el dinero ilegal en las campañas, así como la participación de los partidos políticos.  Pero lo primero que se observa en la propuesta de reforma es que cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial proponga las candidaturas, diez por cada poder. O sea, que los funcionarios públicos electos a través de partidos políticos propongan al margen de sus partidos, a sus candidatos a ocupar los cargos en el Poder Judicial.

La propuesta de reforma judicial pasa por alto el hecho de que en el capitalismo la sociedad se encuentra dividida en clases sociales, y que en México, como en el resto de casi todo el mundo, la justicia no es ciega, sino que es pronta y expedita para quien puede comprarla. De manera que, las diferentes visiones de la sociedad que se expresan los las de la clase dominante, que siempre protegen sus intereses económicos.

Por otra parte, como lo hemos afirmado desde los tiempos de la reforma electoral de Carlos Salinas de Gortari, la clase trabajadora está excluida de la participación democrática, ya que aunque vota, no elige. Es decir, De la misma manera que en la elección de los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo no puede participar la clase obrera ni los sectores populares porque las instituciones que defienden la legalidad burguesa, el INE en este caso, impiden el registro de partidos de clase, obreros, revolucionarios y desde luego al partido comunista, que representan los intereses del proletariado y los expresan en un programa de gobierno, así les niegan como clase sus derechos democráticos de participar electoralmente; de esta manera también ocurrirá con la elección de los encargados de estar al frente del poder judicial. Puesto que el poder de los monopolios somete económicamente al pueblo trabajador, en tales condiciones éste sólo seguirá eligiendo a sus verdugos.*

En realidad se trata de reforzar el aparato estatal con la legitimación de un respaldo popular, pero de ninguna manera significa que los ministros(as), magistrados(as), jueces(zas) sean responsables de sus decisiones frente a la sociedad que los eligió.

Pero al igual que con los “representantes populares” del poder legislativo, éstos seguirán representando los intereses de quienes los financiaron para ocupar dichos cargos.

Suponemos que López Obrador pretende acabar con la corrupción en el Poder Judicial con su propuesta de reforma constitucional, así como acabó con esas lacras en el ámbito del gobierno federal ¡negándolas!

Y es que, en los hechos, el Poder Judicial seguirá actuando bajo el mismo criterio constitucional que preserva y regula la propiedad privada, sobre todo de los grandes monopolios, que son los verdaderos electores. Por lo tanto, los criminales seguirán siendo los trabajadores y el pueblo que lucha contra el despojo de derechos laborales y sociales, por la recuperación de la tierra y el territorio.

No es una reforma al Poder Judicial lo que necesitamos, es una nueva constitución política, donde **“el núcleo del Nuevo Derecho debe ser la salvaguarda, como voluntad cristalizada de la clase obrera, de la propiedad social de los medios de producción socializados, de su carácter inviolable, así como de la eliminación de la base económica de todo poder político de las clases explotadoras.” Tal y como lo propone el programa de lucha del Partido Comunista de México. Y para ello es necesario que los trabajadores de este país tengamos el poder en nuestras manos.

**“Para que la ley y los tribunales estén al servicio del pueblo, y gocen de su confianza, se requiere que dimanen de un Nuevo Poder”. El poder de la clase trabajadora, no puede ser de otra manera.

 

 

 

 

* https://elcomunista.nuevaradio.org/el-conflicto-entre-los-poderes-de/

**https://www.comunistas-mexicanos.org/index.php/pcm/plataforma-electoral-comunista-eligeluchar