Corresponsal de El Machete en Baja California

El pasado jueves 24 de octubre las y los trabajadores fundadores de la Coalición DIF realizaron una jornada de brazos caídos, o un paro laboral parcial, en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI-DIF), en Tijuana. El motivo, el gobierno del estado está vulnerando aún más sus derechos al realizarles descuentos en sus nóminas catorcenales tras decidir de manera unilateral que les concedería el “derecho a una pensión”.

Este supuesto derecho, que supuestamente se les reconocerá, a decir de las mismas autoridades gubernamentales –la patronal– no les afectaría pues habría un incremento salarial compensatorio. No sólo no hubo tal medida, sino que además, también por decisión unilateral de la patronal, centenas de trabajadores de contrato fueron convertidos en trabajadores de confianza, lo cual conserva viejos agravios en su contra mientras agrega nuevos agravios.

La Coalición DIF surgió en el segundo semestre de 2024 en exigencia de un salario digno, pues ahora la mayor parte del personal de esta dependencia estatal labora por un ingreso inferior al mínimo. A las y los trabajadores del DIF se les impone condiciones de excepcionalidad laboral, propias de una precarización que les ofende y perjudica mientras beneficia a su empleador; mismas circunstancias que niegan su derecho a la basificación.

En todo el país, pero en particular en Baja California, se preparan nuevos ataques a los trabajadores. En especial contra los trabajadores del Estado. Ello implica la realización de contrarreformas desde el poder frente a sus actuales sistemas de seguridad social, en general, y a sus derechos de atención médica, jubilación y pensión, entre otros, en particular. Estas contrarreformas son y serán disfrazadas con el manto del “bienestar” y la “justicia”.

El ataque contra los trabajadores del Estado que laboran en el DIF es parte de ese ataque, siendo uno de sus objetivos principales una mayor recaudación fiscal. ¿En interés de quiénes, en lo fundamental? Del Estado y, sobre todo, de la clase social de los capitalistas modernos. Con nuevos niveles de recaudación, a costa de las y los trabajadores, planean financiar mega obras y mega proyectos diseñados y a realizar en su exclusivo interés.

A diferencia de protestas previas, esta última tuvo un carácter y repercusión estatal. A las acciones de brazos caídos se sumaron trabajadores de diversas dependencias del DIF. Entre ellos, por ejemplo, los empleados de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia. Ellos también exigen mejores salarios y condiciones laborales. Y denuncian: la austeridad republicana es la inexistencia de condiciones mínimo indispensables y favorables para los trabajadores o usuarios de ésta u otras dependencias.

La Coalición DIF, con sus integrantes y sus aliados, enfrentan a un poder que en realidad es su enemigo. La solución a sus demandas no han llegado ni llegarán por medio de sus decisiones, o bien por voluntad individual de la gobernadora del estado. La unidad, organización y lucha común entre todas y todos los trabajadores dignos del DIF, así como las relaciones con otros trabajadores organizados, es un paso necesario para su actual lucha.