José Luis Pando Montelongo

El pasado 14 de diciembre los estudiantes del Valle de Juárez obtuvieron resultados tras una lucha para mantener una beca por convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Pero esto no solo se trata de un triunfo local, sino una señal de alerta ante las políticas que ponen en riesgo el acceso a la educación pública, como la pelea perdida por el derecho al transporte gratuito —Los alumnos de la UACJ ya no cuentan con transporte— y hace falta tener presente que estas medidas tan solo aumentaran y hay que estar alerta. La movilización logró revertir temporalmente el movimiento que ponía en riesgo la continuidad educativa de muchos jóvenes, esto también evidencia la dirección en la que se están desarrollando las universidades: la mercantilización de la educación, y su desliz sutil y progresivo hacia la privatización.

La decisión inicial de la UACJ de reducir la beca a hijos de ejidatarios —en lugar de mantenerla para hijos de campesinos como lo estipula el convenio firmado en 1987— refleja un retroceso en el compromiso de garantizar educación accesible. En lugar de ampliar oportunidades, esta medida discriminatoria responde a una lógica mercantil, donde el acceso a la educación depende de cumplir criterios cada vez más excluyentes y menos vinculados al derecho universal de aprender.

Esto no es un hecho aislado. La nueva modalidad de beca ofrecida, con porcentajes de cobertura variables (100%, 75%, 50% o negación total) y la obligación de realizar horas extra de servicio social, pone una carga injusta sobre el estudiantado. Este modelo no solo ignora las condiciones precarias del Valle —donde el transporte y la infraestructura educativa son limitados—, sino que también refleja una tendencia hacia la “responsabilización” individual de los jóvenes, eximiendo al Estado y a las instituciones de su deber de garantizar una educación gratuita y de calidad.

Este tipo de políticas por parte de las universidades e instituciones educativas de todos los niveles son pasos hacia la privatización de la educación pública, un proceso que, bajo la lógica capitalista, despoja a las comunidades vulnerables de sus derechos sociales. Al condicionar el acceso a la educación superior a criterios económicos o administrativos, se sientan las bases para un sistema educativo desigual, donde solo quienes puedan pagar o cumplir con exigencias desmedidas tengan la posibilidad de continuar estudiando.

Gracias a la organización estudiantil, el respaldo de colectivos sociales, profesores y autoridades locales, se logró revertir esta decisión. La UACJ aceptó otorgar, por esta ocasión, una beca especial del 100% para los estudiantes afectados y se comprometió a restablecer la beca por convenio en los próximos ciclos. Sin embargo, esta victoria no debe interpretarse como un punto final, sino como un llamado a redoblar esfuerzos para exigir que la educación pública sea defendida y fortalecida, no doblegarse ante las decisiones de las universidades.

El caso del Valle de Juárez deja una lección clara: la mercantilización de la educación debe ser denunciada y combatida. La lucha estudiantil es una muestra de que es posible resistir a las políticas que buscan transformar un derecho humano en un privilegio, una mercancía. Ahora, más que nunca, es fundamental organizarse en los centros de trabajo y en los centros de estudio para garantizar que la educación pública, gratuita y de calidad sea una realidad para todos.