José María Hernández Rivera, Profesor de Asignatura “A”, interino.

El 6 de enero de 1945 se publicó la vigente Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ochenta años han cambiado las condiciones externas e internas de la universidad, no obstante, esta ley se mantiene exactamente igual. Una de sus principales características es la antidemocracia, que se puede ejemplificar con la existencia de una Junta de Gobierno omnipotente que impone sus decisiones a cientos de miles de miembros de la comunidad universitaria.
Es urgente una reforma a la Ley Orgánica que le brinde a la sociedad y, principalmente, a los trabajadores del país, una universidad que responda a las necesidades actuales. Los trabajadores universitarios y los estudiantes debemos luchar por dicha reforma y, concurrentemente, tenemos que mejorar nuestras organizaciones (sindicatos, organizaciones estudiantiles, etc.) para equilibrar la asimetría de poder existente en la universidad, que permite a las autoridades irrespetar nuestros derechos. Las normas en el papel pueden decir lo que sea, empero, si no disponemos de la fuerza suficiente, se convierten en letra muerta, como sucede actualmente.
Hay que dejar claro que las reformas necesarias no son las “reformas” institucionales impulsadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas que se refieren en la Gaceta UNAM número 5,530 (publicada hoy 6 de enero de 2025), donde se afirma que se busca construir “… una ciudadanía universitaria comprometida con el pleno ejercicio de sus derechos y consciente de sus responsabilidades.” (p. 24). Estamos conscientes de nuestras responsabilidades, las cumplimos cotidianamente; nos encontramos comprometidos con nuestros derechos, los burócratas nos impiden ejercitarlos. El problema fundamental es que estos burócratas, que son la representación patronal de la universidad, violan sistemáticamente los derechos humanos de la “ciudadanía universitaria” (lo que sea que esta expresión signifique), incluidos los derechos laborales de los trabajadores administrativos y académicos.
El rector Lomelí Vanegas, en lugar de proponer más y más normas enmarcadas por la inicua Ley Orgánica actual, debería comenzar por asegurarse de que sus funcionarios respeten el derecho positivo, particularmente, lo establecido por el artículo 13 de la Ley Orgánica, que a la letra dice: “Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y administrativo se regirán por estatutos especiales que dictará el Consejo Universitario. En ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo”, toda vez que se incumplen cotidianamente las normas fijadas por los estatutos y los contratos colectivos de trabajo.
Para ejemplificar lo anterior, recordemos el artículo 48 del Estatuto del Personal Académico que señala: “Los profesores interinos con tres años de docencia, tendrán derecho a que se abra un concurso de oposición para ingreso.” y, en el mismo sentido, la fracción I de la cláusula 13 del contrato colectivo del personal académico (cuyo titular es el sedicente sindicato AAPAUNAM) que afirma: “… Si el interino dura un periodo lectivo realizando actividades académicas, tendrá derecho a que se abra un Concurso de Oposición Abierto en su especialidad… El derecho de solicitar y participar en el concurso es correlativo de la obligación de la UNAM de abrirlo en los términos del Estatuto del Personal Académico…”.
Basta recuperar un dato para demostrar el incumplimiento de las normas referidas: De acuerdo con el documento “Estadísticas del Personal Académico 2023” publicado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, de los 52,508 nombramientos del personal académico el 71.93% (37, 771) son interinos, esto es, se trata contratos temporales que impiden a los trabajadores académicos el pleno ejercicio del derecho humano a la estabilidad laboral.
Luchemos por una mejor universidad, una en la que las funciones sustantivas de la universidad sean prioridad, no como sucede actualmente, donde la burocracia se impone a la docencia, a la investigación y a la difusión de la cultura.

6 de enero de 2025