Por: Nina Velarde

En los seis años de existencia de la Guardia Nacional, sistemáticamente se le ha otorgado a este aparato de represión de las fuerzas populares, un enorme poder para supervisar la vida civil en el país. Sus tareas oscilan desde la inversión pública, la vigilancia de aeropuertos, zonas fronterizas, aduanas, parques nacionales, espacios urbanos federales, y todo aquel espacio del territorio nacional sujeto a la jurisdicción federal, pero además se le han agregado tareas de investigación e inteligencia para la supuesta seguridad.

Recientemente la cámara de diputados aprobó un paquete de reformas a la Guardia Nacional en donde se contempla que los militares activos con solo pedir licencia puedan contender a cargos de elección popular.

Esto sucede en un contexto donde el país se enfrenta a grandes movilizaciones, protestas por parte del magisterio, manifestaciones estudiantiles, del sector salud, crisis de desapariciones, exigencias internacionales y más elementos que efervescen el ánimo combativo de la clase trabajadora en México.
La abrogación de esta ley era cuestión de tiempo, puesto que, desde la existencia de la Guardia Nacional, a pesar de haber sido adscrita como un organismo civil, en los hechos operaba como mando militar, hoy con la reforma la militarización procede hasta la legalidad, equiparando a su conveniencia los conceptos de seguridad nacional con el de seguridad pública. Todo esto bajo el cobijo autoritario de un gobierno que no permitirá ningún obstáculo al fortalecimiento de este aparato de represión, y que encima, en todo momento ha negado la militarización del país.

Año con año, el gobierno ha ignorado los comentarios de organismos nacionales e internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos que la militarización ha conducido. Esta reforma no solo permite al partido en el gobierno afianzar su poder con el respaldo armado, sino que también abre la puerta a todo tipo de abusos con la legitimación de un marco jurídico autoritario, dado que, los militares al no estar sujetos al mismo régimen de fiscalización y transparencia que las autoridades civiles, consolida un poder opaco, sin contrapesos.

Contrario a lo que se vende en el discurso, la Guardia Nacional no ha centrado su actuar en el desmantelamiento del narcotráfico, el crimen organizado, ni los grupos delincuenciales, sino por el contrario, se ha expandido en aras de brindar cobijo a los grandes capitales en el país.

Claudia Sheinbaum ha salido a legitimar esta abrogación de ley, con el supuesto histórico de la Constitución de 1917, que ya contemplaba la participación de miembros del ejército en cargos de elección popular.
No obstante, lo que la presidenta pretende desviar de la discusión política no es el acceso democrático, sino los verdaderos intereses a los que responde el mando militar y sus consecuencias. Las fuerzas armadas no son civiles en lo abstracto, sino que están diseñadas para ejercer el uso legítimo de la fuerza del Estado, por tanto, permitir que miembros activos de la Guardia Nacional contiendan por puestos de elección popular vulnera la separación entre lo militar y lo civil, e incluso debilita los principios fundamentales de una democracia burguesa, puesto que elimina todo contrapeso político con el respaldo armado.

Al régimen pesudo democrático de la cuarta transformación no le interesa la seguridad pública, sino la conservación del sistema que oprime y sangra a nuestra clase. La aprobación de esta reforma no deja más que la evidencia de los verdaderos intereses burgueses de MORENA, que no dudará en el uso de las fuerzas armadas y su institucionalización para reprimir la protesta popular, la insumisión de las masas y los intentos de organización independiente de nuestra clase.