Lecciones del 2 de Octubre del 2026

Como cada año desde 1968, el movimiento estudiantil y obrero-popular rinden homenaje a los caídos el 2 de Octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en lo que está ya consignado como un crimen de Estado con responsabilidades de los ex presidentes Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez, así como del Ejército Mexicano y la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Esta vez, el rasgo característico fue el ejercicio de la represión por parte del Gobierno de la Ciudad de México, con responsabilidades del Gobierno Federal, ambos en manos del partido socialdemócrata MORENA.

A las 13:00 hrs, después de salir de un local partidario en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un equipo de diez camaradas del Partido y la Juventud Comunista, con las banderas, pancartas, periódicos, megáfonos y demás materiales de propaganda necesarios para nuestro contingente, que empezaría su concentración en Metro Tlatelolco, fueron interceptados y encapsulados por alrededor de 60 elementos motorizados del cuerpo policial denominado “Potros”, bajo la jefatura de R. Ramos. De inmediato los policías repartieron golpes y varillazos. Al camarada Miguel Uribe, miembro del Comité Central del PCM le aplicaron una llave de estrangulamiento y le propinaron varios golpes; el camarada Ernesto Santrich, Secretario Político del Frente de la Juventud Comunista, recibió tres puñetazos en el oído mientras lo empujaban contra la pared, así como en el estómago; la camarada Ágata recibió patadas en la espalda y en el estómago, así como improperios machistas, y los camaradas Raymundo, Salvador y Alexander por igual recibieron una andanada de golpes.

El cuerpo represivo aisló al camarada Miguel Uribe y amenazó con detención a los demás camaradas, si no dejaban de gritar consignas y se retiraban. Encapsulado el camarada Uribe, fue interrogado por el jefe del destacamento “Potros”, quien al revisar sus documentos de identidad le amenazó con que ante cualquier queja o denuncia acudirían al domicilio de su hogar a detenerlo, y empezó la grabación de un vídeo haciendo la pregunta de ¿para qué se usarían las botellas?, a lo que el camarada respondió que no llevábamos ninguna botella. Molesto, el esbirro expresó: “me echaste a perder el video”, desplegó un tolete extensible y golpeó con saña al camarada en las rodillas. Volvió a grabar haciendo la misma pregunta, recibió la misma respuesta y procedió a seguir golpeando la rodilla. Ante la negativa, empezó a exigir la contraseña del teléfono del camarada, a lo cual también obtuvo negativa, y repitió el procedimiento de seguir golpeando con el tolete la rodilla del camarada, expresando “no vas a volver a marchar”. Otros elementos represivos le decían al camarada, que le respondiera ya al “niño del mero mero” (en alusión a que es jefe represor directamente conectado a César Cravioto Romero, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México). Al no obtener la respuesta que buscaban, canalizaron al camarada al Juzgado para ser procesado. Mientras se encontró detenido, ocurrieron hechos que llaman la atención. El primero es que se le hizo la propuesta de ser liberado a cambio de que admitiera la falta administrativa de estar orinando en la calle y pagara una multa de 3000 pesos, lo que fue rechazado por el camarada, lo siguiente es que se intentó que firmara que su falta era administrativa y de ninguna manera política. Al final, sin poder imputarle cargo alguno, el camarada Miguel Uribe fue liberado, pero 100 banderas del PCM y la juventud comunista, tres megáfonos y otros materiales fueron requisados injustificadamente por el Gobierno de la Ciudad de México. Tras acudir a una revisión médica por sus propios medios, al camarada le fue diagnosticada Bursitis en la rodilla, resultando también en una incapacidad laboral por un periodo de dos semanas, sin descartar otras posibles complicaciones.

Esta jornada represiva, iniciada tempranamente contra el Partido Comunista, prosiguió contra el conjunto del movimiento estudiantil y popular, con un despliegue de más de 4,400 granaderos, hoy llamados policías antimotines. Amplia evidencia ha circulado en medios de comunicación y redes sociales mostrando el patrón con el que procedían, de inhibir y reprimir la movilización antes de que empezara: los contingentes estudiantiles que salían de la UNAM fueron hostigados y golpeados; al llegar al Metro Tlateloco e inmediaciones, contingentes estudiantiles y populares sufrieron golpes, incautaciones, robo de celulares, e incluso fueron gaseados con extintores, por un centenar de policías motorizados que invadieron la explanada peatonal del Metro Tlateloco. Varios periodistas de distintos medios de comunicación por igual fueron golpeados y robados sus cámaras, ordenadores, teléfonos, por ejemplo Iván Ortíz de El Sol de México y Mario Marlo de Somos el Medio; cabe notar que a pesar de ello, los medios masivos de comunicación no hicieron mayor referencia a estas acciones abiertamente represivas, más allá del usual calificativo de “enfrentamientos entre manifestantes y policías”. Después de varios días, no ha habido deslinde oficial ni mucho menos investigación o sanción alguna a la comisión de estos delitos, ampliamente documentados. Todo esto en agudo contraste con el discurso oficial, que asegura sin empacho alguno que este gobierno ha dejado atrás la represión vivida hace 58 años, lo que a la luz de los acontecimientos es total demagogia.

Queremos extraer lecciones que pueden ser de utilidad para el conjunto del movimiento obrero, popular y estudiantil.

Desde su arribo a Palacio Nacional en 2018, la socialdemocracia afirma que el país cambió, pero la realidad es que se han reforzado los mecanismos de dominación del Estado, con la militarización, la creación de nuevos cuerpos represivos, nuevos y ocultos convenios de cooperación con los organismos policiales y represivos de EEUU, así como la descalificación y criminalización de toda lucha obrero/popular que tenga una perspectiva clasista y anticapitalista, y que sea independiente de MORENA. Esta continuidad se ha traducido en los asesinatos de 199 activistas sociales y defensores de los derechos ambientales en los últimos 12 años, entre 2015 y 2025, durante los gobiernos de Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum Pardo[1], ello sin contar las desapariciones. El avance de los monopolios le ha dictado una silenciosa sentencia de muerte a la defensa del territorio, la lucha por el agua, la defensa del medio ambiente y la resistencia popular contra los megaproyectos y el extractivismo energético, y en general a la lucha social.

Pero es a partir de la huelga magisterial de la CNTE en junio pasado, que se muestra un nuevo modus operandi, del que los operativos del 2 de Octubre son una prístina continuidad. Es en ese momento que aparece ya como fuerza operativa el grupo policial “Potros”, un grupo motorizado que va atacando a quienes se movilizan asistido por el C-5, y bajo la decisión del secretario de gobierno de la Ciudad de México. Vimos en junio su actuar contra la secretaria general de la CETEG, en las inmediaciones del Estadio Azteca, y contra la normal de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan. Determinadas normativas relacionadas con los derechos humanos, que la movilización social había logrado imponer al actuar policial, dejan de tener validez a partir de ese momento, y regresamos a una fase de impunidad, abuso, violencia policial, ataques criminales, siembra de “evidencias”, detenciones ilegales, restricción de las ideas, requisa de material político, vigilancia política, etc. … y de ahí a la prohibición de movilizaciones, presos políticos, asesinatos políticos, no hay mucha distancia.

Un elemento que subyace en este escenario es la aprobación de la clase dominante a la gestión socialdemócrata, en su rol de desmovilización social y de guardián de la “paz social”, de estabilizador, pues en 8 años posibilitó superganancias a los monopolios y mejoró la posición del capitalismo mexicano dentro del sistema imperialista. Y a ese rol no renunciará la socialdemocracia, a pesar de que tenga que despojarse de esa vestidura de defensores de la democracia y de los derechos políticos del pueblo, porque es su garantía para continuar al frente del gobierno.

Similares escenarios vemos desenvolverse en otros países, en donde las gestiones socialdemócratas que llegaron al poder con el discurso del progresismo, vienen aplicando cada vez más políticas de mano dura a la movilización y la protesta social, que surgen naturalmente ante las necesidades irresueltas de las masas trabajadoras, en este período de agudización de la crisis imperialista.

La estrategia revolucionaria del Partido Comunista y del frente anticapitalista y antimonopolista involucra necesariamente la confrontación con el Estado burgués, al que la socialdemocracia es accesorio; tenemos claro que se trata de una maquinaria de dominación, que se ha dotado de toda clase de métodos y herramientas represivas para preservarla, ante lo cual debemos estar preparados. Ello no obsta para evidenciar la hipocresía, la estafa y los crímenes contra la clase trabajadora de estos gobiernos, que enarbolan la democracia, las libertades y el bienestar del pueblo sólo en el discurso, mientras le imponen más explotación, miseria y represión.

Los comunistas tenemos claro que la intimidación puede imponerse solamente si no encuentra firmes líneas de resistencia, y que puede ser derrotada o controlada con la decidida movilización obrero popular. Parte de una primera respuesta es la exigencia para la disolución de estos cuerpos de “Potros” y “Granaderos” (anunciado como disuelto pero existente), y la destitución de César Cravioto Romero, secretario de gobierno, y de Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y lo más importante, el reforzamiento del Partido Comunista, único antagónico a la tendencia a la reacción de la burguesía.

[1] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)