Manifiesto del PCM a la clase obrera y a los sectores populares de México. La alternativa revolucionaria frente a la crisis

Hoy, 20 de Noviembre del 2020, se cumplen 101 años del inicio de actividades del movimiento comunista en México, a partir del despliegue de actividades de la Sección Mexicana de la Internacional Comunista. También se cumplen 26 años del proceso de reorganización del Partido Comunista de México, iniciado en 1994. En este momento en nuestro país la irresponsabilidad del gobierno socialdemócrata de López Obrador, privilegiando los intereses de los monopolios, las ganancias de los capitalistas, condenó a la clase obrera y a los sectores populares a un millón de contagios por el COVID-19 y a 100,000 muertes hasta ahora. Estamos entrando a la segunda etapa de esta pandemia con militarización, política antiinmigrante, ataques a los derechos de la clase obrera y una agresiva política para la desvalorización del trabajo. Frente a la crisis capitalista en curso, frente a la crisis sanitaria, esta es la propuesta del Comité Central del Partido Comunista de México.

I. Los comunistas y la situación actual

Desde hace casi dos siglos, con la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848, se propuso un programa de transformación de la realidad basado en el análisis científico de la sociedad. Los elementos centrales de ese documento son aún vigentes, en medida que la sociedad capitalista actual continúa funcionando en esencia, de la misma forma que hace dos siglos: la gran riqueza producida por los trabajadores es acumulada por un pequeño número de propietarios, mientras la mayoría de los productores viven en situación de miseria y pobreza.

La carencia económica de los trabajadores y la descomposición social derivada de ésta, ha hecho que a nivel mundial la humanidad enfrente dos grandes crisis: la sanitaria y la económica. Se ha presentado a la segunda como consecuencia de la primera, sin embargo, esto es falso: las crisis económicas son inherentes al capitalismo, forman parte del proceso de concentración de la riqueza en manos de los monopolios y el empobrecimiento de la clase obrera. La presente crisis económica se venía gestando desde finales del 2019, no obstante, la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 la aceleró.

El surgimiento del virus y su propagación a nivel mundial, no tuvieron por artífice a grupos empresariales o potencias capitalistas, como sugieren las erróneas teorías de la conspiración. No obstante, el sistema capitalista sí es responsable de la forma en que se ha enfrentado la emergencia sanitaria y de los costos sociales y humanos que ha dejado: más pobreza, enfermedad y muerte de millones de trabajadores y sectores populares de la sociedad. En suma, el virus no fue el causante, sólo un elemento más para que los monopolios desencadenaran y profundizaran sus medidas anti-obreras y anti-populares para eludir los costos de la crisis económica de sobreproducción y sobreacumulación en curso.

En el mundo ha habido dos formas en que los Estados han enfrentado la actual emergencia sanitaria. La primera ha consistido en contener la pandemia con medidas de confinamiento riguroso, lo que implicó la suspensión de actividades productivas y por tanto una pérdida temporal de una parte de las ganancias de los grandes monopolios, la segunda implementó una gestión de la pandemia en la que el saldo de enfermos y fallecidos tuviera un límite, esto requirió pocas medidas de confinamiento para no afectar los intereses de los monopolios, así como retrasar la toma de medidas que implicaran el cese de la producción y la actividad económica.

El objetivo de ambas formas ha sido el resguardo de la riqueza y las ganancias de los monopolios, las dos implicaron sacrificar la vida de millones de trabajadores a costa de que continúe el enriquecimiento de los empresarios, el saldo de ambas ha sido más pobreza para la clase trabajadora. Con ello, la sociedad capitalista demuestra que el interés de la máxima ganancia es el único motor de las políticas que el Estado implementa cuando sirve a los monopolios, esto es, cuando su carácter de clase es burgués.

Dado que la sociedad está dividida en clases sociales, el impacto de la crisis económica y sanitaria ha tenido diferentes repercusiones. Los grandes empresarios que conforman los monopolios, la clase de los capitalistas, han experimentado el proceso natural de la concentración de capital, es decir, un mayor enriquecimiento a costa de los que se van a la quiebra, lo que de forma global supone un proceso de concentración de la riqueza, así como el traslado de capital a las ramas de la producción que más ganancias les garantizan.

Con la gran riqueza que acumulan los empresarios, ellos y sus familias tienen la posibilidad de guardar el “distanciamiento social” sin asistir a lugares de contagio, sin padecer la carestía y falta de ingresos. Vivir de la riqueza generada por los trabajadores les garantizó mantener sus fortunas, su salud y su vida, pues cuentan con los medios para acceder a servicios de salud de alto nivel que están impedidos para los trabajadores.

Mientras tanto, para la clase obrera y todos aquellos que subsisten de vender su fuerza de trabajo, la crisis sanitaria y económica, ha significado una profundización de los niveles de pobreza, como resultado del aumento en el desempleo, los despidos injustificados, la disminución de salarios, la perdida de “trabajos formales” y la quiebra de los pequeños trabajadores autónomos, artesanos, cuentapropistas y campesinos. Es decir, la crisis aceleró la tendencia a la proletarización y a la pauperización, lo que implica el incremento del número de trabajadores que han perdido todo medio de producción (la tierra, locales y herramientas para la pequeña producción). Además de que va en aumento el número de proletarios, también viven en condiciones cada vez más precarias, de privaciones de salud, educación y ahora con la crisis sanitaria: de la vida.

Los comunistas consideramos que en la actual situación se hace más evidente lo irracional del sistema capitalista, pues pese a existir la producción y riqueza suficientes para asegurar que los trabajadores puedan resguardarse y cumplir las medidas de “distancia social”, con el cese de labores no esenciales y la garantía de recibir manutención, derecho a la vivienda y adecuados servicios de salud, esto no ocurre. El motivo es que la economía en el capitalismo se funda en la apropiación privada de la riqueza, y ésta se concentra en los monopolios, mientras que a los trabajadores se les otorga apenas lo indispensable para vivir, cuando no son arrojados al desempleo. Esta es la razón de que la emergencia sanitaria esté costando millones de contagios y fallecimientos, cuando puede ser frenada por la riqueza socialmente producida y el desarrollo material y tecnológico de la humanidad.

También se ha evidenciado el carácter asesino del capitalismo, pues su funcionamiento se traduce en el masivo costo de la salud y vida de los trabajadores de una forma que hace décadas no experimentaba la humanidad. Antes de la pandemia el asesino era el capitalismo y lo seguirá siendo después, pues es responsable de los muertos por inanición, por la violencia a la que se arroja a millones que viven en el desempleo, los que mueren de enfermedades curables por falta de acceso a servicios de salud, la juventud encadenada por las drogas buscando evadir la realidad de miseria.

Mientras la sociedad continúe divida en propietarios de los medios de producción, ahora constituidos en monopolios, y la población de trabajadores, que pese a generar la riqueza no gozan de ella, se seguirá arrojando a millones de humanos al hambre, a la enfermedad, la drogadicción y a la muerte.

La salida a esta situación puede plantearse de un modo sencillo; la riqueza continúa en las manos de los monopolios o los trabajadores la arrebatan: “son ellos o nosotros”.

II. La crisis en México y la respuesta del actual gobierno

Como en los demás países, en México la sociedad se encuentra dividida en clases sociales, y éstas han padecido de forma distinta la crisis sanitaria y económica. En nuestro país se decidió administrar la pandemia, pues pese al creciente número de enfermos y fallecidos, las cifras no han sido la base de las medidas sanitarias, sino la capacidad hospitalaria, es decir, no importa el número de enfermos y fallecidos mientras no se desborde la capacidad del sistema de salud.

La política ejecutada por el Estado ha implicado el incremento del número de fallecidos que no reciben  atención hospitalaria y también de los que  fallecen poco después de la hospitalización. El saldo de enfermos y fallecidos, sin contar los casos sospechosos y los no registrados, es ya estrepitoso.

Esto, también es producto de que el Estado no implementó las medidas adecuadas desde el inicio de la pandemia, a pesar de que en febrero ya se tenía casos de coronavirus registrados no hubo cierre de fronteras, ni se redujo el comercio, ni el turismo internacional. La cuarentena se estableció tardíamente y se desestimó la grave amenaza de la pandemia.

Fue tal la negligencia, que los funcionarios del gobierno afirmaron que la pandemia venía como “anillo al dedo”, se pedía continuar “dando abrazos” y saliendo a la calle. Se mantuvieron los eventos masivos y las giras presidenciales, desde el Gobierno Federal hubo un desdén por promover de manera clara y temprana la importancia de las medidas básicas, como el uso del cubrebocas, la suspensión de las clases presenciales en escuelas y universidades se realizó hasta el 21 de marzo, casi un mes después de que se registró el primer caso de coronavirus.

El Estado mexicano y su gobierno en turno no han garantizado la salud y la vida de la clase obrera, el interés que han defendido es el de las empresas, muestra de esto es que fueron muchas las que nunca pararon labores, o lo hicieron sólo a medias. Mientras los monopolios se continuaban enriqueciendo, los trabajadores arriesgaban su salud y vida, además, las empresas ejecutaron despidos, recortes salariales, vacaciones no pagadas y adelantadas, cambios en la contratación, descansos obligatorios sin sueldo, forzaron el adelanto de vacaciones, entre otras medidas, con tal de mantener sus ganancias.

Ante esta situación, y buscando resguardar la salud y vida de la clase obrera, el Partido Comunista de México fue de las primeras organizaciones que elevó la consigna: “A casa con salario completo”, no fue una iniciativa del Estado aún y cuando la legislación laboral actual contempla una medida similar con duración de un mes a partir del Decreto de Emergencia Sanitaria (no dudemos que próximamente esta legislación sea revertida). El Estado fue negligente en la aplicación de sus propias leyes con tal de no afectar a los empresarios, y no fue sino hasta que emergieron múltiples movilizaciones y paros de trabajadores que el gobierno se pronunció tibiamente sobre la implementación de tal medida, apelando a la buena voluntad de los patrones.

Sin embargo, las dependencias del Estado, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no aseguraron el cumplimiento de la medida, sólo actuaron donde los trabajadores enfrentados con la patronal pasaban también a la confrontación abierta con las fuerzas del Estado y esto amenazaba con demostrar el carácter propatronal del actual gobierno. Las medidas no se cumplieron, a pesar de haber sino anunciadas por el Estado, sino que algunos corredores industriales y oficinas se convirtieron en un campo de batalla de los intereses de la clase obrera y los monopolios, los centros de trabajo que pararon sus actividades rara vez lo hicieron por iniciativa de la patronal, la mayoría fue resultado de la movilización de los trabajadores, y pese a ello, hubo empresas que optaron por despedir y aplastar los retoños de lucha. Por tanto, el resguardo de la salud y vida de la clase obrera no fue por las políticas del gobierno, sino por la movilización de la clase obrera misma.

Otro de los aspectos de la deficiente gestión de la pandemia se muestra en el sistema de salud pública. Las carencias e insuficiencia de personal médico, de insumos, de instalaciones y aparatos para tratamientos propiciaron que una elevada cantidad de personal médico haya fallecido y que sólo una parte muy pequeña de los hospitalizados graves sobreviva. El actuar del gobierno ante esta situación no se centró en solucionar la problemática, sino únicamente en hacer frente a la emergencia sanitaria.  Muestra de esto es que las concesiones de servicios de salud al capital privado, así como la desaparición de categorías de personal médico no han sido revertidas, y el presupuesto sigue siendo insuficiente, además la creación del INSABI no ha solucionado las carencias, pero ha dado paso a la desaparición de otros servicios de salud como el Seguro Popular, dejando a cientos de miles de derechohabientes sin acceso a medicamentos, consultas y cirugías.

Todo esto no lo puede solucionar el actual gobierno, porque el sistema de salud pública, conquistado por organización y lucha de los trabajadores en la primera mitad del siglo XX, se ha venido desmantelando en beneficio de los monopolios, y Morena junto con López Obrador son representantes de los intereses de la burguesía. Además, es imposible que dentro de los marcos del capitalismo convivan armónicamente la salud pública y la privada, en el capitalismo la salud no puede ser un derecho al que todos acceden, pues es una mercancía y esto imposibilita que se garantice el acceso a la salud a todos los trabajadores, sólo podrá haber salud gratuita, de calidad y para todos en una sociedad radicalmente distinta, es decir, en el socialismo-comunismo.

El tardío decreto de la emergencia sanitaria en marzo, no impidió que desde abril y hasta hoy, contingentes de trabajadores marcharan frente a Palacio Nacional. Miles de trabajadores de diversas ramas han exigido que se les garantice un ingreso para subsistir ante el desempleo, despidos, el cierre de pequeños comercios, la quiebra de empresas, etcétera. Trabajadores de empresas privadas y públicas, trabajadores precarizados, informales y autoempleados han exigido que se les otorguen los medios para subsistir. Esto demuestra que los programas implementados por el gobierno no resuelven los problemas de la clase trabajadora y sólo son paliativos que ni siquiera alcanzan para el gran número de trabajadores empobrecidos.

No conforme con no garantizar la salud y el ingreso de los trabajadores, durante los meses de confinamiento el actual gobierno profundizó su agresión contra la clase obrera y los sectores populares al concretar dos medidas impulsadas por los anteriores gobiernos, de los que Morena y López obrador son continuadores. La primera es la militarización del país y la segunda, la firma del nuevo tratado de libre comercio, el T-MEC.

La militarización se consumó mediante un decreto que establecía al Ejército y la Marina como cuerpos armados que pueden cumplir tareas de seguridad, junto con el nuevo brazo represor: la Guardia Nacional.  Esto significa permitir la actuación y operación de militares en las calles, es ingenuo pensar que esta medida no busca reprimir, pues ya hemos constatado el uso de la Guardia Nacional en contra de los migrantes centroamericanos y en contra de pequeños campesinos y ejidatarios que protestan en el norte del país. Además, su puesta en marcha no ha significado la disminución de los asesinatos y violencia derivada del narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta política busca dar mayor participación pública y social a las Fuerzas Armadas y fortalecer la militarización de puertos, aeropuertos y aduanas, en defensa del capital.

La otra medida antiobrera y antipopular que concretó el gobierno durante los meses de confinamiento fue el acuerdo para la entrada en vigor del tratado de libre comercio, TMEC. La firma y negociación de dicho tratado fue impulsada por los anteriores gobiernos del PRI y PAN, pero el actual se muestra fiel continuador de aquellos en lo esencial: garantizar el dominio de los empresarios, perpetuar la dictadura de la clase burguesa, pues el T-MEC tiene un carácter burgués, ya que beneficia a los monopolios dominantes de cada uno de los tres países firmantes, en detrimento de los trabajadores de dichas naciones.

Con la firma de este tratado se hace más evidente que es errónea la idea de que el actual gobierno es un baluarte de la soberanía nacional. ¿Puede haber soberanía nacional cuando se firma un tratado que, como continuación del TLCAN, supedita a los trabajadores mexicanos a los intereses y designios de los monopolios y sus intereses trasnacionales? La reunión de López Obrador y una delegación de empresarios mexicanos con sus homólogos estadounidenses, es muestra palpable de la clase social cuyos intereses gestiona y defiende López Obrador: la burguesía y sus monopolios. No hubo reunión con los trabajadores inmigrantes que siguen siendo acosados, deportados y maltratados por el gobierno norteamericano para reafirmar su ilegalidad y mantener desvalorizada su fuerza de trabajo.

En resumen, el gobierno no ha sido capaz de implementar medidas adecuadas para hacer frente a la emergencia sanitaria. Pero tal crítica no debe empantanarnos en un debate superfluo sobre personajes específicos, como López Obrador o el subsecretario de salud, Hugo López Gatell (aunque no por esto se exime su responsabilidad en la muerte, enfermedad y la pauperización que ha padecido nuestra clase), la cuestión de fondo es que el capitalismo por su dinámica de anarquía de producción y búsqueda de la máxima ganancia, se ve impedido para hacer frente a la emergencia como no sea a costa sacrificar a los trabajadores, y por tanto, cualquier gobierno (socialdemócrata, neoliberal, progresista u otro) al ser el administrador de los intereses de los monopolios, no puede resolver los grandes problemas que aquejan a la clase obrera, pues la solución implica afectar los intereses de los empresarios.

La “nueva normalidad”

La cuarentena terminó una vez que se agotó la paciencia de los monopolios para reducir sus actividades y sus ganancias, en consonancia con los intereses económicos y tiempos políticos de los monopolios en Estados Unidos. Entonces, el gobierno convirtió la responsabilidad de los contagios y las muertes en un asunto individual, evadiendo toda responsabilidad.

Lo anterior implicó el decreto de la “nueva normalidad” para reactivar la economía,  eximiendo a los empresarios de la responsabilidad de que sus trabajadores enfermen y mueran; se arrojó a los trabajadores a arriesgar su vida por enfermedad o muerte. Tan terrible es la situación de miseria, que los trabajadores han llegado a considerar que contagiarse de COVID-19, es un riesgo más, entre tantos, que tienen que enfrentar para no verse sometidos al hambre y la miseria.

III. Posibilidad y necesidad de una alternativa revolucionaria

Los males que sufre la clase obrera en México, incluidas la crisis económica y sanitaria, no pueden ser solucionados por el actual gobierno, pues dentro de los marcos del capitalismo es imposible solucionar las profundas problemáticas sociales, ni en poco ni en mucho tiempo. No se trata de los muchos años de “mal gobierno” o del “neoliberalismo” los que impiden la solución, sino la sociedad capitalista, de la cual Morena y López Obrador son hoy los representantes.

Ante la imposibilidad de que el actual gobierno, que es continuación de los anteriores, resuelva los problemas de la clase obrera, el riesgo de la salud y la vida, el asesinato de luchadores sociales y ambientales, el feminicidio, las muertes y desapariciones derivadas de la violencia y el narcotráfico, se debe elevar una nueva alternativa real y radical que rompa con la base del funcionamiento en que se cimienta la actual sociedad capitalista: la explotación de los trabajadores por parte de los monopolios.

Para abrir la senda a la alternativa revolucionaria es necesario aclarar una serie de argumentos erróneos que anclan a los trabajadores a una falsa esperanza en el actual gobierno.

Algunas personas piensan que se debe dar tiempo a la actual administración para que logre cambios, sin embargo, en los dos años que lleva ya ha demostrado su carácter anti-obrero y anti-popular. Conceder tiempo ante la expectativa de que cambie es colaborar con los monopolios y por tanto con los enemigos de los trabajadores. Sin importar cuanto tiempo esté en el poder, la gestión socialdemócrata no resolverá los problemas inherentes al capitalismo, tal como pasó con los gobiernos derivados de la Revolución Mexicana.

Ante la idea de que el actual gobierno no puede hacer transformaciones porque “no lo dejan gobernar”, hay que aclarar que Morena cuenta con mayoría en Cámara de Diputados y Senadores, las iniciativas de Ley que se impulsan y las que no, se deben al carácter de clase de ese partido. Muestra de que Morena, al igual que los demás partidos políticos burgueses, defiende los intereses de los monopolios es la aprobación del T-MEC y la reforma laboral que tienen un carácter anti-obrero.

Frente a la idea de que “las posiciones radicales de la izquierda contribuyen a que la derecha gane terreno y ponen en peligro lo ganado por el actual gobierno”, debemos decir que la clase obrera no ha ganado nada, a excepción de la demostración de que la resolución de sus problemas sólo puede hacerse con un cambio radical. Dicha opinión busca inhibir las propuestas de una verdadera transformación, encerrar a la clase obrera en el callejón sin salida del reformismo y evitar que se afecten los intereses de los explotadores.

Respecto a que “la corrupción es el principal mal de la sociedad mexicana”, hay que dilucidar que pese a ser una problemática importante, de ninguna forma es la base de las problemáticas de la sociedad, pues es inmensamente mayor la riqueza que roban los empresarios a los trabajadores por medio de la plusvalía, es decir, la cantidad de riqueza que se apropian los monopolios del trabajo de la clase obrera. Aproximadamente en 15 minutos un trabajador genera su salario, por lo que la parte de riqueza que queda en manos de los capitalistas es mucho mayor que cualquier suma de corrupción. Por lo tanto, la base de los males de la sociedad actual se base en la explotación asalariada, esto sin dejar de lado que, no se puede terminar con la corrupción en esta sociedad donde la máxima ganancia está por encima del bienestar colectivo.

Sobre el llamado a sumarse a la “unidad nacional convocada por el actual gobierno”, es necesario aclarar que mientras la sociedad mexicana esté dividida en clases sociales con intereses antagónicos e irreconciliables, no es posible la unidad nacional sino a costa de que los trabajadores supediten sus intereses a los de la burguesía, con lo que se perpetua la explotación y la miseria de la mayoría de la población. De igual forma, es un engaño el llamado a la reconciliación de la sociedad bajo la idea de que, “no todo el que tiene mucha riqueza es malo”, pues en la actual sociedad las grandes riquezas se han amasado con base en la explotación de los trabajadores que es el robo de su tiempo y su vida, pero un robo legalizado por las leyes del sistema político actual, que permite el despojo a los pueblos originarios y a los campesinos pobres, la sobreexplotación de los recursos naturales y que golpea severamente al medio ambiente.

“La soberanía nacional implica no tener posiciones izquierdistas porque podría venir una intervención”, dicen algunos que intentan justificar su apoyo a este gobierno que ni siquiera ha defendido la soberanía. Además del T-MEC, las concesiones a monopolios extranjeros como mineras, petroleras, del agua y demás recursos no se han revertido. Romper con esa lógica sólo se puede hacer con medidas radicales, pero teniendo en cuenta que el monopolio sea nacional o extranjero, se enriquece a costa del obrero. Si los monopolios están en manos del Estado y el Estado sirve a la clase burguesa, es falso que la clase obrera se beneficie de las nacionalizaciones y expropiaciones mientras siga gobernando la burguesía.

Otro falso argumento: “el gobierno de Morena es mejor que los anteriores pues no reprime, y permite la acción de las organizaciones de izquierda”. Esto es falso, en el tiempo que lleva el gobierno encabezado por López Obrador ha continuado con los asesinatos de luchadores sociales y ambientales. La política de que el Estado entregue los paliativos de la miseria o apoyos a distintos sectores sociales (campesinos, jóvenes desempleados, tercera edad) de manera directa, fortalece la corporativización ejercida por el Estado y busca desconocer a las organizaciones sociales y sindicatos como interlocutores del clamor colectivo de grupos de trabajadores y sectores populares.

De igual forma, la idea de que “se han solucionado los problemas sociales con la inversión en programas”, es rebatible. Los programas como “Sembrando vida”, “Jóvenes construyendo futuro” o las “Tandas para el Bienestar”,  no resuelven el problema del desempleo y la precariedad. Por una parte, existe un gran número de desempleados que no puede ser absorbido por el mercado laboral porque el capitalismo necesita de desempleados para abaratar salarios, además, estos programas fomentan la precarización laboral, no son la salida y solución a los males, sino paliativos iguales a los que entregaron gobiernos anteriores, que con el disfraz de “beneficiar” a los trabajadores, en realidad favorecen a grandes monopolios destinando recursos públicos y fuerza de trabajo gratis.

La riqueza generada por los trabajadores en México permite elevar el nivel de vida de la clase obrera y los sectores populares; garantizarles salud, vivienda, educación, servicios, entre otros. Pero es necesario que desaparezca la apropiación privada de la riqueza que hoy se acumula en unos cuantos monopolios, mientras mantienen en la miseria a la clase obrera.

Es posible que desparezcan los más de 55 millones de pobres y es posible que se haga en breve tiempo. Se puede consolidar un sistema de salud suficiente para toda la población y gratuito, es posible acabar con el desempleo reduciendo las jornadas de trabajo y el aumento de los salarios, es posible erradicar la lacra del narcotráfico, la drogadicción, la delincuencia, los feminicidios y demás formas de violencia, pero todo esto requiere una salida radical a la crisis, y ésta pasa por la desaparición de la apropiación privada que los monopolios hacen de la riqueza generada socialmente por los trabajadores; se requiere que la clase obrera no pida más paliativos, sino que tome todo en sus manos, y que desaparezcan los monopolios y los grandes empresarios.

Por esto, el Partido Comunista de México sostiene que la única alternativa legitima y necesaria es la del cambio revolucionario, la cual implica que los trabajadores realicen las siguientes medidas de forma inmediata:

– Fortalecer la lucha de la clase obrera contra la patronal, oponerse por todos los medios posibles a los despidos, reducción de salarios, desempleo.

– Organizar manifestaciones y paros, ahí donde las empresas ponen en riesgo a los trabajadores obligándolos a trabajar cuando el riesgo de contagio está comprobado.

– Que los trabajadores precarios (sin contratos ni derechos laborales, lo cuentapropistas, pequeños comerciantes, campesinos pobres y trabajadores despedidos) exijan y arranquen a los monopolios y al Estado medidas necesarias para resguardar su salud y su vida, y frene  la segunda oleada de la pandemia, que implica un ingreso asegurado y el subsidio de los servicios básicos.

– Que exijan y luchen por un verdadero fortalecimiento del sistema de salud y abastecimiento de personal médico e insumos que garanticen su labor.

Estas son algunas de las medidas inmediatas, pero para terminar de raíz con los males que aquejan a los trabajadores se requiere una alternativa revolucionaria, que ponga la enorme riqueza producida por la sociedad a disposición de la clase obrera, de los millones de trabajadores, campesinos pobres e indígenas, y de todos los que conforman los sectores populares. Sólo de esta forma se podrá asegurar el bienestar de la población.

Lo anterior implica la desaparición de los monopolios; el fin de su enriquecimiento a costa del trabajo de la clase obrera. Significa poner la riqueza en manos de los trabajadores, a través de un Estado de poder obrero que concentre todos los medios para producir la riqueza y hacer funcionar la economía (puertos y aeropuertos, fábricas y tierras, minas y talleres, oficinas, agua, recursos naturales). En pocas palabras, se requiere de la socialización de los medios de producción y la planificación central de la economía.

Que la humanidad esté enfrentando niveles históricamente brutales, impone la necesidad de una alternativa radical. Por tanto, llamamos a la clase obrera a que se organice con el Partido Comunista de México para tomar la riqueza en sus manos y obtener realmente:

– La instauración del pleno empleo, desterrando el desempleo y los males que conlleva.

– Un verdadero sistema de salud pública, gratuita y universal.

– Vivienda asegurada para todos los trabajadores.

– Educación gratuita en todos los niveles.

– Alimentación saludable y tiempo libre para la recreación.

– El fin de la barbarie de violencia que existe por el crimen organizado.

– El fin de la corrupción, drogadicción y demás fenómenos de la descomposición inherente al capitalismo.

– Una economía planificada que responda a las necesidades de los trabajadores y no de los monopolios, garantizando la cobertura de todas las necesidades de la clase obrera, incluido el cuidado del ambiente.

– La autodeterminación de los pueblos indígenas y el fomento de su lengua y demás rasgos propios.

Súmate a la alternativa Revolucionaria, organízate en el Partido Comunista de México

Por un mundo para la clase obrera rumbo a la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados.

20 de Noviembre del 2020

¡Proletarios de todos los países, uníos!

El Comité Central del Partido Comunista de México