Por Neftalí Ricardo

 

En marzo del 2020 Andrés Manuel López Obrador anunció que sería la SEDENA la que construiría del tramo 6 (Tulum-Bacalar) y el tramo 7 (Bacalar-Escárcega) del Tren Maya, argumentando que de esta forma se podía asegurar que las obras del tren pudieran estar terminadas en el 2024.

A finales del 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) emitió una convocatoria para contratar una consultoría que elabore protocolos de seguridad para el tren. Dichos protocolos tendrían que involucrar a las policías municipales, estatales y Federal, así como a la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

En marzo del 2021 el gobierno de la 4T, a través de Rogelio Jiménez Ponz, director de FONATUR anunció que la construcción y operación del tren quedará en manos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). De tal forma que las ganancias generadas por el tren, las cuales se estima serán de $352 mil 600 millones con el tren operando a toda su capacidad, serán para el Ejército y la Fuerza Aérea y no ingresarán a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, no será de beneficio para las y los mexicanos como se nos pretende hacer creer, sino para las fuerzas represoras del estado.

Jiménez Ponz mencionó que “Está perfecto premiar a las fuerzas armadas, para que la obra pueda tener una visión nacionalista” y justificó la necesidad de la intervención del ejército como un factor de seguridad nacional ya que el tren atraviesa por “zonas de conflicto”.

Hay que pensar que para el 2019, la oposición más grande se encontraba en los territorios por donde pasan el tramo 6 y el tramo 7 y no era coincidencia que se propusiera que el ejército sea quien construya dichos tramos. Tampoco es coincidencia que hayan solicitado protocolos de seguridad teniendo en cuenta que el tren pasa por territorios controlados por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Con el avance de la construcción y la falta de claridad con la que se presenta la información, la oposición al tren ha crecido y ya hay 16 amparos colectivos contra la obra, además del surgimiento del Frente Peninsular de Resistencia Popular contra los megaproyectos en la península de Yucatán, lo que explica claramente la intención de entregar la obra al ejército, para reprimir si así fuera necesario.

Andrés Manuel López Obrador dijo que las acusaciones de que la 4T está militarizando el país son falsas. Los hechos señalan lo contrario, la socialdemocracia está moviendo toda su maquinaria para asegurar que los intereses de la burguesía estén a salvo.